Los nuevos antecedentes de la investigación de la fallida compra de la casa de Allende en Guardia Vieja instalan dudas sobre el rol de asesores de Presidencia, que habrían sido alertados de las inhabilidades de la operación. Ministros, funcionarios y la titular de Cultura advirtieron al entorno del Mandatario, desde donde continuaron con las gestiones.
Por qué importa. Los nuevos testimonios del expediente de la investigación de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende muestran que, pese a las advertencias que realizaron algunos funcionarios del Gobierno en minutas y reuniones, desde Presidencia se continuó con la operación, que el Presidente Gabriel Boric visó el 28 de noviembre de 2024.
- Tanto desde el Ministerio de Bienes Nacionales como desde Cultura se levantaron alertas que habrían sido desoídas en el círculo del Mandatario.
- Hasta ahora, el caso ha conllevado la salida de las ministras Marcela Sandoval (FA) y Maya Fernández (PS), y de tres funcionarios del Segundo Piso: el jefe de asesores, Miguel Crispi (FA), el asesor Leonardo Moreno y la sectorialista Bernardita Nazar. Ninguno ha reconocido responsabilidad en los hechos.
- La indagatoria está a cargo del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, y tiene como querellantes a Raimundo Palamara y Nubia Vivanco.
El rol de Boric. El 16 de marzo, en Chilevisión, Boric sostuvo que “yo, como Presidente, le planteé a la senadora (Isabel) Allende, le planteé también a la familia Aylwin, que consideraba que las casas del Presidente que murió defendiendo la democracia en La Moneda y quien había sido el primer Presidente retomada la democracia, tenían que ser patrimonio público”.
- Con esas palabras, quiso dejar en claro que la idea de comprar ambas casas para transformarlas en museos fue suya, un argumento que ha reiterado durante el proceso. Sin embargo, en esa oportunidad, no se refirió a las posibles inhabilidades de la operación.
- En su declaración ante el Ministerio Público, la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien entregó a Boric el decreto que autorizaba la operación, afirmó que “no recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de la firma. Desconozco quién debió haber considerado las prohibiciones que establecía la Constitución”.
- Recién el 11 de junio, en su respuesta a la comisión investigadora de la Cámara, el Mandatario abordó ese asunto: “Mi rol en el proceso de adquisición de la casa del Presidente Allende fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra”.
- “No tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Posteriormente, apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso”, dijo Boric.
- El 28 de marzo, el Presidente prestó testimonio como imputado en la causa. Su declaración estuvo bajo secreto en la carpeta investigativa por 40 días.
Segundo Piso. El 14 de abril, Crispi fue citado a declarar en la Fiscalía. En su comparecencia responsabilizó del seguimiento de la operación al jefe del gabinete presidencial Carlos Durán (FA) y a otros funcionarios de La Moneda, como Leonardo Moreno, encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales de Presidencia que dejó el cargo el 19 de marzo.
- “Tenía conocimiento que la compra de las casas presidenciales era un compromiso del presidente, y que se le estaba haciendo seguimiento por parte del director de políticas públicas, sr. Leonardo Moreno”, declaró el exjefe del Segundo Piso, quien añadió: “Moreno no me reportó ningún antecedente respecto a las gestiones en razón a la iniciativa ‘casas presidenciales’, y casa del expresidente Salvador Allende”.
- También afirmó: “No sé en qué consistía el seguimiento, ya que todos los antecedentes eran canalizados a través del jefe de gabinete del Presidente, sr. Carlos Durán (…). Respecto a reuniones mantenidas con Carlos Durán posterior a que ‘estallara’ el caso, no mantuve reuniones con éste en tenor a la compraventa”.
- El 7 de marzo, Durán entregó su testimonio ante los fiscales y aseguró que la “función de seguimiento estaba a cargo de la Jefatura de Políticas Públicas y Seguimiento, a cargo desde ese tiempo, de Leonardo Moreno”.
- Pero, además, lanzó un dardo hacia Crispi: dijo que Moreno integraba “una unidad que depende del jefe de asesores”. “La jefatura de estudios; la jefatura de contenidos; y la jefatura de seguimientos y políticas públicas. Esta última está a cargo de Moreno. El jefe de estas tres jefaturas es Miguel Crispi, y de éste es el Presidente de la República”, afirmó.
- Asimismo, negó que Moreno le haya alertado de “un conflicto de intereses, ni que en alguna reunión en que haya participado él o algún otro funcionario de Presidencia se haya reportado alguna alerta de esta naturaleza”. Al mismo tiempo, descartó haber recibido alertas desde Bienes Nacionales y Cultura.
La versión de Arredondo. El 27 de marzo, la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, entregó su testimonio al fiscal Eduardo Yáñez. La actriz relató que “en mayo de 2024, me llega un correo electrónico del jefe de gabinete Gonzalo Pinto, con una minuta de Paz Carmona, jefa de gabinete del Serpat. En dicha minuta se hacían observaciones comunicacionales y jurídicas, no recordando si había un fondo o desarrollo de dichas observaciones”.
- “Le pedí a Pinto que la remitiera a Bernardita Nazar, sectorialista de nuestro ministerio en Presidencia. Las observaciones se referían a la vinculación de la ministra Maya Fernández y de la senadora Isabel Allende con el proceso de la compra de la casa”, declaró.
- La ministra, que asumió su cargo en agosto de 2023 tras la salida de Jaime de Aguirre, agregó que “no tuve mayor información del proceso, porque se llevó mayormente a través de la jefatura de gabinete del Serpat, y en junio de 2024, aproximadamente, pasó a Bienes Nacionales. Desconozco el motivo específico de aquello”.
- Dijo, a su vez, que en enero, tras unos días administrativos, “una de las cosas que me pidieron del equipo de comunicaciones, era que si salía el tema de las casas no hiciera declaraciones (…), porque no teníamos información. De Presidencia no me pidieron ningún antecedente”.
- “A su pregunta, si el Presidente de la República o alguno de sus asesores directos tuvieron vinculación directa conmigo por este proceso que he relatado, mi respuesta es no. A su pregunta, con relación a si la ministra Fernández o la senadora Allende tuvieron participación directa en el proceso de compraventa ante mi ministerio o algún otro servicio público, lo desconozco, al menos conmigo no”, sostuvo también.
“Figuración pública”. El director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), Pablo Paredes (FA), fue interrogado como testigo el 13 de marzo, y señaló que durante el segundo semestre de 2024, meses antes de que Bienes Nacionales y Cultura anunciaran la operación, en una reunión con Presidencia Carlos Durán le habría informado de la compra.
- “Alrededor de Navidad de 2024, se comunican con nosotros desde Bienes Nacionales (…), y se nos avisa que el ministerio haría una comunicación del proceso de adquisición de las casas de los expresidentes”, relató.
- Al respecto, señaló que “nosotros le planteamos al ministerio que proyectamos que había escenarios comunicacionales positivos, en el sentido de que estaban involucrados dos ex presidentes de distintos signos políticos, por otra parte también había escenario negativos, en tanto la figura del expresidente Allende genera polémica en sectores y esto iba a generar un volumen importante de vocerías de oposición y que el tema iba a tener alta mediatización (…). Ante estos dos escenarios, estuvieran preparados comunicacionalmente desde sus equipos”.
- “Uno de los factores negativos, que les planteamos, fue la conversación mediática en torno a los miembros de la familia Allende que son de figuración pública, como la exministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende”, detalló. Las advertencias se habrían realizado “principalmente” de manera telefónica entre Navidad y Año Nuevo.
- “¿Recibió o transmitió alguna advertencia sobre posibles conflictos de interés o impedimentos constitucionales antes de que la crisis se hiciera pública?”, le preguntaron los fiscales, a lo que Paredes respondió: No, ninguna autoridad o funcionario me hizo algún tipo de advertencia. En mi caso, no tenía mayores antecedentes que los ya mencionados”.
- “¿Se le informó en algún momento sobre la identidad de los propietarios de los inmuebles que se adquirirían?”, le consultaron, y el director de Secom dijo: “Sí, esto pudo haber sido inmediatamente antes del Comunicado Público o con las consultas posteriores de los medios de comunicación”.
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