Como ya es tradición en cada ciclo electoral, quienes aspiran a ser elegidos para presidir nuestro país por los próximos cuatro años han presentado una serie de propuestas tributarias para aumentar la recaudación fiscal: desde un impuesto al patrimonio, ajustes al impuesto territorial y cambios en la carga impositiva que pagan las empresas y personas, hasta la devolución del IVA para los sectores de menores ingresos. A esto se le suma el ingreso de un nuevo paquete legislativo enfocado en las pymes y adultos mayores.
Pero nada de esto es nuevo. Desde 2010, Chile ha enfrentado cerca de diez reformas tributarias de gran envergadura. Sin embargo, ninguna ha logrado consolidarse ni dotar de estabilidad al sistema. Las sucesivas modificaciones, muchas veces contradictorias entre sí, han generado un clima de incertidumbre que se ha vuelto estructural. Este patrón se repite en otras áreas clave como pensiones, salud o educación e incluso en los dos procesos constitucionales fallidos.
No obstante, es importante destacar que en este mismo período cada gobierno ha sido elegido y sucedido por otro democráticamente. Pese al bajo crecimiento de los últimos años, la inflación se ha logrado mantener controlada y miles de micro, pequeños y medianos empresarios (as) siguen impulsado con esfuerzo sus negocios.
Pero ¿qué viene ahora? Al parecer, con lo que hemos leído en los últimos días, un poco más de lo mismo. Ya se escuchan voces reformistas y contra reformistas en pensiones, salud, educación y, desde luego, en materia de impuestos.
El gran desafío hoy es de carácter político. No existen soluciones fáciles ni técnicas milagrosas. Lo que se requiere es voluntad de acuerdos en torno a objetivos comunes, más allá de las legítimas diferencias ideológicas. Solo así será posible avanzar en temas urgentes como crecimiento, seguridad, educación, salud, protección ambiental y transparencia institucional. La política debe ser capaz de priorizar lo que une al país, sin renunciar a convicciones, pero entendiendo que las reformas impuestas duran poco y no resisten los vaivenes electorales.
En lo tributario, el debate más inmediato parece concentrarse en el perfeccionamiento del impuesto territorial, considerando su impacto en el financiamiento municipal, especialmente en comunas con menores recursos. Pero también hay tareas de gestión importantes: implementar la abundante legislación ya aprobada, facilitar el cumplimiento voluntario y fortalecer los sistemas de fiscalización.
Dicho esto, el ejercicio de la fiscalización debe regirse por los principios del Estado de Derecho. Perseguir con firmeza la evasión y la elusión es legítimo y necesario. Pero igual de grave que una factura falsa o el abuso de normas para evitar impuestos, es un cobro sin base legal, o una interpretación administrativa que crea de facto un nuevo tributo. El fin no justifica cualquier medio, ni siquiera cuando el objetivo sea recaudar más.
Aunque existen garantías para recurrir ante la justicia tributaria, el deber principal recae en la propia administración y sus funcionarios: actuar conforme a la ley, la Constitución y con respeto a los derechos de los contribuyentes. No hacerlo socava la institucionalidad y mina la confianza pública. Y sin confianza, no hay reforma -tributaria o de otro tipo- que logre sostenerse en el tiempo.
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Aterrizando las expectativas… según el FMI. Por Marcos Lima. https://t.co/lp6cnIS4JI
— Ex-Ante (@exantecl) July 1, 2025
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