¿Estamos ante el ocaso del sueño americano? Por Jorge Schaulsohn

Ex-Ante

Estados Unidos ha construido buena parte de su influencia internacional no solo sobre su poder económico o militar, sino sobre una narrativa democrática. Cuando las prácticas excepcionales se normalizan, cuando el poder sin frenos se naturaliza, lo que está riesgo es la esencia misma de una república.


Los limites del poder. En Estados Unidos, la figura presidencial concentra un poder inmenso, diseñado bajo la premisa de que quien lo ejerza respetará los límites —formales e informales— de la democracia. La Constitución, concebida en el siglo XVIII, asume una cierta ética republicana en el ejercicio del mando. Pero, en la práctica, carece de herramientas suficientemente expeditas frente a un liderazgo que decida tironear las reglas del juego institucional.

  • La Constitución, se asemeja más a una declaración de principios  cuyos alcances e interpretación cabe a los tribunales de justicia, cuyos fallos constituyen precedentes obligatorios. La cúspide de la pirámide es la Corte Suprema, cuya composición tiene un marcado tinte ideológico y depende del partido que controle la Casa Blanca y el Senado. Ahora hay una sólida mayoría conservadora.
  • De modo que los límites del poder presidencial dependen, en buena medida, de su compromiso con los valores democráticos y republicanos, pues en la práctica no hay herramientas robustas frente a un liderazgo transgresor que decida tensionar los límites del Estado de Derecho.
  • La única vía constitucional efectiva para sancionar a un presidente es el juicio político (impeachment), que requiere una mayoría de 2/3 en el Senado. Hubo una época en que tanto demócratas como republicanos condenaban los abusos de poder, como ocurrió con Richard Nixon. Pero en estos tiempos de fuerte polarización, ese umbral se ha vuelto virtualmente inalcanzable.
  • A esta fragilidad se suma el reciente fallo de la Corte Suprema que otorgó inmunidad casi total y perpetua a los expresidentes por todos los actos ocurridos durante el ejercicio de su cargo.  Fallo que obligó a los fiscales a desistirse de varios procesos abiertos contra Donald Trump no solo de naturaleza política, sino también civil y penal.

Ejercicio autoritario del poder. El despliegue de 4.700 efectivos militares en la ciudad de Los Ángeles, sin el consentimiento del gobernador, redadas masivas contra migrantes sin antecedentes penales, y el uso del ejército como telón de fondo para discursos de alto contenido político, plantean interrogantes sobre el poder coercitivo del Estado contra de ciudadanos que ejercen derechos garantizados por la constitución.

  • Desde la base militar de Fort Bragg, en una asamblea con cientos de soldados, el presidente ha descrito la situación en Los Ángeles como si estuviera al borde del colapso: “la ciudad está en llamas”, “el crimen se ha tomado las calles” y “las autoridades locales han perdido el control”. Sin embargo, estos diagnósticos no encuentran respaldo en los datos oficiales ni en informes independientes.
  • Más que informar, se busca la construcción de un marco emocional que justifique medidas excepcionales ante una amenaza sobredimensionada y que las autoridades policiales locales están perfectamente preparadas para resolver.
  • La base legal para un despliegue de esta naturaleza es sumamente limitada. La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de orden interno, salvo excepciones muy acotadas. Una de ellas es la Ley de Insurrección de 1807, que exige la existencia de una rebelión activa que impida la aplicación de las leyes federales.
  • Frente a esta situación, han surgido manifestaciones en diversas ciudades —Nueva York, Boston, San Diego, Portland, Denver, Chicago, movilizaciones pacíficas que reflejan la preocupación de millones de estadounidenses por lo que perciben como un ejercicio autoritario del poder presidencial.

Detenciones indiscriminadas. Este jueves un tribunal federal en Los Ángeles declaró ilegal la movilización de la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador de California. En tiempos normales nadie dudaría que la resolución judicial sería acatada. Pero estos no son tiempos normales y el Secretario de Defensa ha declinado pronunciarse.

  • La Primera Enmienda garantiza el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica. Pero esos derechos cesan cuando manifestarse implica enfrentarse con tropas del ejército.
  • Es efectivo que el tema migratorio fue clave en la campaña presidencial. Trump hizo de la expulsión de los ilegales -a quienes calificó de lunáticos, violadores y criminales- una promesa central y que fue decisiva para su triunfo electoral.
  • Sin embargo, una encuesta reciente de CNN indica que el 53% de los estadounidenses desaprueba su manejo en el tema migratorio. Lo que evidencia que no solo importa el fin —seguridad fronteriza o reforma migratoria— sino que también los métodos.
  • Todo eso ha derivado en redadas en lugares de trabajo, escuelas, iglesias, en detenciones de personas sin historial delictivo, separación de familias, deportaciones sin el debido proceso a otros países, donde los deportados no han estado nunca, incluyendo los “Gulags” de Bukele.
  • Son los abusos de poder que concitan el repudio de la mayoría de la población. A lo que hay que agregar el uso de militares para reprimir a ciudadanos norteamericanos que solidarizan con ellos.

Imagen desgastada. Estados Unidos ha construido buena parte de su influencia internacional no solo sobre su poder económico o militar, sino sobre una narrativa democrática. Durante décadas se presentó como una referencia ética: un país fundado en la libertad, los derechos individuales y el respeto por el orden constitucional.

  • Pero esa imagen hoy enfrenta un proceso de desgaste. ¿Con qué legitimidad puede Washington cuestionar la represión en Irán o Venezuela si despliega tropas contra civiles en California? ¿Cómo condenar detenciones arbitrarias en otras latitudes cuando se realizan redadas sin garantías dentro de su propio territorio?
  • Nada de esto sugiere que se haya cruzado un punto de no retorno. Pero sí plantea una alerta sobre una conducta que busca la concentración de poder, debilitamiento de los contrapesos y uso creciente de herramientas excepcionales en contextos ordinarios. Cuando las prácticas excepcionales se normalizan, cuando el poder sin frenos se naturaliza, lo que está riesgo es la esencia misma de una república.
  • Estados Unidos está en un momento de definición. Y la pregunta ya no es solo si estas decisiones son legales, sino si son compatibles con aquello que el país dice ser —y con la imagen de esperanza y libertad que alguna vez proyectó al resto del mundo como el sueño americano.

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