Escándalo de licencias médicas: El control de daños del Gobierno previo a la última cuenta pública de Boric

Las vocerías del gobierno previo a la cuenta pública apuntan a asentar que el ejecutivo tomó medidas antes de que Contraloría alertara que 25.078 funcionarios salieron de Chile pese a estar con licencia. El ministro Marcel fijó un plazo de 30 días para informar de los sumarios en curso, en medio de las presiones del Congreso para acelerar las medidas.

Por qué importa. Las vocerías del gobierno de los últimos días mostraron el control de daños que está llevando a cabo el ejecutivo para asentar la versión de que tomaron medidas antes de que el martes 20 la Contraloría diera a conocer que 25.078 funcionarios salieron de Chile en 2023 y 2024, pese a estar con licencia médica.

• El control de daños se ha desplegado en la antesala la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, programada para este domingo, donde La Moneda ha sido salpicada por el presunto fraude al fisco que indaga la fiscalía por el caso.
• La subsecretaria de Salud Pública Andrea Albagli detalló el lunes a la Comisión de Salud del Senado que antes de que Contraloría emitiera su informe, la cartera ya había iniciado 1.177 sumarios, denunciado a 302 funcionarios por mal uso o fraudes con licencias médicas y destituido a cinco trabajadores.
• A esto se sumó la cuantificación general informada este martes por el ministro Mario Marcel y el anuncio de proyectos de ley en la materia efectuado por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos para cambiar los parámetros para obtener licencias.
• “El Presidente de la República fue muy claro en cuanto a que los funcionarios de confianza que se encuentren en estas situaciones deben dejar sus cargos de inmediato, sin perjuicio de que se les apliquen sumarios por su conducta”, dijo Marcel este martes.
• También fijó un plazo de 30 días para informar de los sumarios en curso, en medio de las presiones desde el Congreso para acelerar las medidas, expresadas por los presidentes tanto de la Cámara como del Senado.

Esquirlas en el Gobierno. El control de daños de La Moneda ha eludido, hasta ahora, profundizar en que la contralora Dorothy Pérez dijo el lunes a la Comisión de Salud que, antes de su informe, el gobierno ya contaba con herramientas para evitar los presuntos fraudes.

• El informe dado a conocer el martes 20 por la Contraloría reveló que el caso alcanzó a 788 entidades, encabezadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). En los días siguientes se detalló que incluyó siete licencias de Presidencia, 14 ministerios, y 24 subsecretarías, salpicando además al Gobierno a partir de la caída de un amigo del Presidente -el ex funcionario de la Subtel, Raúl Domínguez- y a personeros del oficialismo, como Marcos Barraza, hombre clave de la candidatura de Jeannette Jara.
• En paralelo, la fiscalía abrió una investigación penal, la Corte Suprema inició una indagación interna y la Contraloría anunció un sumario en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
• El Compin y Fonasa dependen del Ministerio de Salud y hasta ahora sus directores,  Valeria Céspedes y Camilo Cid, permanecen en sus cargos.
• El documento, además, apunta a 16 gobiernos regionales, cientos de municipalidades y docenas de hospitales.
• El caso situación se ha tomado la agenda y ha golpeado además al Colegio Médico, cuyo vicepresidente renunció a su cargo.
• Las licencias fraudulentas, entre otros lugares, eran ofrecidas en redes sociales y grupos de WhatsApp, denunció Dorothy Pérez.

La advertencia de la contralora. “Este tipo de trabajo de cruce de base de datos es algo que ya se podría haber hecho desde los organismos que tienen labores de control”, sostuvo en referencia a la fiscalización de los viajes al extranjero que pudo realizar la Compin, Fonasa y la Suseso, que en 2014 firmó un convenio con la Policía de Investigaciones (PDI) para detectar estos casos.

Las cifras de Marcel. “Estamos hablando de 12.503 casos en la administración central (excluyendo municipalidades y gobiernos regionales), que pueden dar lugar a más de una licencia por funcionario. Eso, en términos de número de funcionarios equivale más o menos a ocho mil”, dijo.

• “Hay personas que ya no trabajan en esas instituciones, personas con sumarios abiertos por la misma causal, y una misma licencia con entrada y salida que es considerada como dos casos, entre otros”.
• “Que haya funcionarios que ya sea que salieron en virtud de una situación disciplinaria o que ya se les estaba aplicando un sumario da cuenta que hay servicios públicos que sí estaban actuando”.
• “Valorando mucho el informe de la Contraloría, hay que decir que ya había en esto un trabajo iniciado y eso ya había dado lugar a sanciones”.
• “Hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios, lo que considera a los ministerios. Los funcionarios con inicio de sumarios son 6.592, pero dado que hay 7.990 involucrados en los casos reportados por la Contraloría, esta diferencia se explica básicamente por dos factores: primero porque hay 1.102 funcionarios que ya no están en el servicio y en segundo lugar porque hay 272 que ya estaban siendo sumariados por esta causal o alguna otra”.

¿Responsabilidad de gobiernos anteriores? “Se estima que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022”, dijo Marcel. El resto, dijo, lo hizo previamente.

• Buena parte de las autoridades encargadas de los servicios, sin embargo, fueron designadas por la administración Boric y el Compin y Fonasa, sumariados por Contraloría, dependen directamente del Ministerio de Salud, como se señaló anteriormente.

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