Lo que hay tras la caída del fiscal Cooper en el caso ProCultura

Cuatro horas después de que se conociera la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el recurso de amparo de Josefina Huneeus y comparó la diligencia del fiscal Cooper con acciones no democráticas, el fiscal nacional lo removió de la causa. Cooper, a juicio de La Moneda, tenía poco margen para continuar al mando de ProCultura.

La dura sentencia. La resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta —que este viernes acogió el recurso de amparo presentado por la siquiatra Josefina Huneeus cuestionando las interceptaciones telefónicas de las que fue objeto desde octubre y que incluyeron un diálogo con el Presidente Gabriel Boric— marcó un fuerte revés judicial para el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper en el caso ProCultura.

• La decisión de la primera sala, suscrita unánimemente, fue firmada por los ministros Virginia Soublette y Jaime Rojas y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, quienes objetaron las sucesivas autorizaciones dadas por la jueza Sissi Bertoglio-Talap para grabar entre octubre y febrero las conversaciones de la ex esposa del cofundador ProCultura Alberto Larraín.
• La interceptación a Huneeus comenzó por un aparente error, lo que dio origen a la alegación del abogado Alejandro Awad, defensor de Huneeus, de que se trató de una escucha ilegal a un testigo.
• Según sostuvo el fiscal Eduardo Yáñez en los alegatos del jueves, el equipo investigativo recibió el 30 de septiembre un correo de la abogada asesora de la fiscalía Josefa Pérez, informando de tres teléfonos de Larraín que aparecían en su informe de Dicom. Uno era en realidad de Huneeus, pero el interés generado por sus conversaciones derivó en nuevas peticiones para grabarla, esta vez, a ella.
• Yáñez aseguró que Huneeus no era un testigo, sino que estaba imputada (no formalizada, aún no hay formalizados en la causa) como eventual encubridora de su exmarido.

La caída. Este viernes por la noche, cuatro horas después de conocido el fallo de Antofagasta, Cooper fue removido del caso por el fiscal nacional Ángel Valencia, el mismo que lo había designado en junio de 2024. A través de una declaración pública, el Ministerio Público sostuvo:

• “En uso de las facultades que le confiere el artículo 19 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el Fiscal Nacional ha resuelto reasignar la investigación conocida como “Caso Procultura” a la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso. Lo previo en atención a que el primer hecho investigado en la causa antes aludida ocurrió en dicha región”.
• “Paralelamente, se ha requerido al Fiscal Regional de Coquimbo que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta que, acogiendo un Amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada”.
• En reemplazo de Cooper fue nombrado el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, que ya llevaba el caso Democracia Viva; arista madre del Caso Convenios.

Por qué importa. En La Moneda sostuvieron que Cooper tenía poco espacio para permanecer a cargo de ProCultura, tras los duros términos de la resolución de la Corte, que comparó el pinchazo con actuaciones no democráticas y dejó fuera de la carpeta el diálogo de Huneeus con Boric y el que sostuvo el 10 de octubre con su madre -la encuestadora y fundadora de Mori Marta Lagos- donde habló de una situación “trucha, trucha de verdad” en la fundación.

• Altas fuentes de Gobierno señalaron que, de no ser removido por el fiscal nacional, Cooper debería haber apelado a la Corte Suprema para “cercenar” de la carpeta aquellos párrafos del fallo que lo dejaban al borde de la legalidad.
• Todo apunta a que la jueza Sissi Bertoglio-Talap también quedará en una situación difícil, ya que fue ella quien autorizó las grabaciones.
• En La Moneda celebraron como un triunfo el golpe a Cooper y el que el Presidente haya apostado estos días por marcar distancia con el FA, al no plegarse a la tesis del “espionaje político”. En el Gobierno evaluaban que el fallo de la Corte contra el fiscal era posible y que, de no caer ahora, tenía otros flancos abiertos en la investigación.
• Para algunos, la determinación de Valencia puso un cortafuegos entre él y las determinaciones de Cooper, quien enfrenta un proceso de remoción por parte del oficialismo en el manejo del caso Sierra Bella -que involucra a la ex alcaldesa del PC Irací Hassler- y la causa derivada por supuesto tráfico de influencias en favor de un empresario chino, donde está imputada la diputada PC Karol Cariola.

Qué dijo la resolución. “No solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”, dijo la resolución.

• “No se pueden aceptar las explicaciones dadas en la vista del recurso, cuando invocándose el ‘principio de objetividad’, se pretende que el tribunal admita que los agentes policiales a cargo de ejecutar la medida intrusiva decretada tardaron casi dos semanas en ‘advertir’, ‘comprobar’ o ‘darse cuenta’, que el usuario de la línea interceptada no era el ‘imputado Larraín’ sino su excónyuge Josefina Huneeus”, dijo en referencia a cómo se originó la escucha: con una autorización para interceptar a Larraín.

Diálogo presidencial. Las transcripciones del diálogo entre Huneeus y Boric contenidas en la carpeta investigativa —tachadas en cuatro segmentos—mostraron que la siquiatra conversó el 14 de octubre con el mandatario.

• Se trató de un diálogo en que hablaron con familiaridad de Larraín, entonces investigado por eventual fraude al fisco y lavado de activos y hoy además por asociación ilícita y administración fraudulenta.
• En la causa se indaga además eventual financiamiento ilegal de la política, lo que Larraín descartó esta semana en una declaración.
• Boric dijo que había pensado nombrarlo ministro y que a partir del escándalo revisó sus celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él. “Yo hablaba con él, era cercano. No me voy a hacer el huevón con eso”, dijo el mandatario.

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— Ex-Ante (@exantecl) May 17, 2025

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