Este mes se cumplen diez años de la Ley de Inclusión Escolar que prometía mejorar calidad, equidad y reducir la segregación eliminando lucro, financiamiento compartido y selección académica. Sin embargo, no cumplió su objetivo central: mejorar los aprendizajes.
Existe consenso internacional en que la mejor forma de comparar los sistemas educativos es mediante una moneda universal: los aprendizajes medidos a través de pruebas estandarizadas como PISA y SIMCE. Pero en la última década, las reformas priorizaron cambios estructurales y de financiamiento, dejando en segundo plano el desempeño estudiantil. Hoy Chile enfrenta un preocupante estancamiento.
En Matemáticas, los resultados SIMCE bajaron de 252 a 245 puntos en sexto básico y de 262 a 259 en segundo medio (2015-2024). En Lectura PISA, los puntajes cayeron de 459 a 448 (2015-2022), quedando 28 puntos bajo el promedio OCDE. Urge que las políticas educativas vuelvan a enfocarse en mejorar efectivamente los aprendizajes.
La Ley también restringió la oferta educativa. La burocracia y falta de incentivos redujeron el número de colegios particulares subvencionados de 6.065 a 5.440 entre 2014 y 2024. El estado tampoco creó nuevas escuelas; al contrario, se disminuyeron 345 establecimientos (Mineduc, 2024). Supuestamente, la oferta de cupos hoy supera la demanda. Pero ahí no está el problema, sino en la calidad de los colegios donde están obligados a estudiar los niños.
En este difícil escenario, los colegios gestionados por privados de la sociedad civil han logrado sostener una educación de calidad en contextos vulnerables, a pesar de las trabas y los menores ingresos derivados de la eliminación del copago. Sin embargo, la Ley de Inclusión limita su expansión: no se pueden abrir nuevos colegios si existe oferta pública, incluso cuando esta es de baja calidad. Esto condena a miles de niños a estudiar en establecimientos con bajos resultados educativos y, muchas veces, con altos niveles de suspensión de clases. Solo este año, en los colegios públicos de Magallanes, más de 12 mil niños comenzaron el año escolar recién en abril debido a una protesta gremial.
Sumado a esto, en nuestros recorridos como Escuelas Abiertas desde Atacama a Punta Arenas, hemos constatado la creciente insatisfacción de miles de familias con el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Además de no haber reducido la segregación, (Kutscher et al., 2023), este sistema no considera las particularidades de cada niño y obliga a aceptar vacantes en colegios con bajo desempeño y paralizaciones constantes.
La Ley de Inclusión no solo limitó oportunidades: desincentivó la excelencia, empobreció la oferta educativa y no mejoró los aprendizajes.
Es hora de corregir el rumbo. Proponemos reformas urgentes que devuelvan libertades a las familias: permitir la creación de nuevos colegios particulares subvencionados eliminando trabas y creando incentivos; consagrar la educación como un servicio esencial para asegurar la continuidad escolar; y flexibilizar el SAE para devolver justicia al proceso de admisión. Pero, sobre todo, es momento de poner a los niños nuevamente en el centro de las decisiones. Cada política, cada reforma y cada norma debe responder a una sola pregunta: ¿esto mejora realmente las oportunidades y aprendizajes de nuestros niños? Esa debe ser la brújula de la educación chilena para los próximos diez años.
¿Existe la derecha liberal? La noche en que Hernán Larraín Matte presentó su nuevo libro en el MUT.
https://t.co/7BmqT54TXc— Ex-Ante (@exantecl) May 17, 2025
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