La polarización política ha impedido lograr un consenso político fuerte en torno a una visión de futuro sobre el Estado y el país. Este listado es una primera propuesta, para agregar, modificar o eliminar elementos, pero la necesidad imperiosa es lograr consenso político en torno a una visión estratégica de largo plazo para el Estado.
Hacia una visión 2050 para el Estado de Chile. A partir de nuestras conclusiones, descritas en la columna anterior, sostenemos que Chile necesita imperiosamente lograr un consenso político de la mayor envergadura respecto a una visión de futuro sobre el Estado y el país.
Por la constante polarización política, esto no ha sido posible, y el país no debe seguir navegando sin brújula en un mar internacional tan turbulento, con conflictos, cambios tecnológicos y climáticos tan radicales. Por ello, nos atrevemos a plantear – a título de ejemplo – algunos elementos que podrían configurar esta imprescindible visión del Estado hacia el 2050:
Ocho logros transversales.
- Visionario, capaz de planificar a mediano y largo plazo. Esta fue una capacidad que alguna vez estuvo presente en ODEPLAN, pero que se desdibujó en el tiempo.
- Que mantiene elevados niveles de eficiencia en el gasto público, pero que aumenta su eficacia y logros, por medio de un gasto que se irá acercando paulatinamente – y casi inevitablemente – al promedio de la OCDE.
- Que desarrolla un elevado grado de flexibilidad institucional, para actuar como “Estado en red” al momento de desarrollar sus programas de gobierno.
- Que mantiene una estable Carrera de Directivos Públicos, los de mejores resultados, seleccionados y certificados por sus habilidades y competencias.
- Con funcionarios públicos en diversas modalidades de contratación, ad-hoc para los requerimientos específicos de cada institución, bien seleccionados, remunerados, incentivados y evaluados, y adecuadamente repartidos según los requerimientos de cada período.
- Cuyo desarrollo de infraestructura digital será de nivel internacional, con gobernanza adecuada y sirviendo de soporte habilitante para sus instituciones, ciudadanos y empresas.
- Que mantiene su carácter de Estado Unitario, aunque profundamente descentralizado en sus dimensiones política, fiscal, administrativa, educativa, demográfica y cultural.
- Con una gobernanza estable para proponer, gestionar y evaluar sus proyectos de reforma del Estado.
Siete logros sectoriales específicos.
- Que tiene procedimientos de clase mundial, así como los recursos humanos y la cooperación internacional necesarios para el combate al crimen organizado.
- Capaz de controlar la degradación ambiental y la desertificación del país, un ejemplo internacional en su manejo del recurso hídrico.
- Que cuida y protege a su niñez y a sus adultos mayores como primera prioridad, y aspira a ser un ejemplo internacional en la materia.
- Que trabaja activamente y desarrolla políticas públicas para continuar disminuyendo la desigualdad expresada por el Índice de Gini, desde el valor actual de 43, al promedio OCDE de 32.
- Cuyos resultados de calidad y de equidad educativa – en la medición PISA – serán similares al promedio OCDE.
- Que desarrolla una salud preventiva y curativa con estándares internacionales en materia financiera, organizacional, tecnológica y de gestión.
- Que promueve, atrae y facilita la inversión privada y el emprendimiento, en una cooperación activa y constructiva entre el Estado y el mercado.
Reiteramos que este listado es una primera propuesta, para agregar, modificar o eliminar elementos, pero la necesidad imperiosa es lograr consenso político en torno a una visión estratégica de largo plazo para el Estado.
Nueve reformas, ojalá antes del cambio de gobierno:
- Avanzar en la Reingeniería de Procesos para las Empresas, disminuyendo normas y la “permisología”, a un nivel superior al planteado en los actuales proyectos de ley.
- Afianzar los recursos y plazos para implementar la Ley de Transformación Digital, reforzando las capacidades para operar plataformas críticas como Clave Única, Gestor Documental y Firma Electrónica. Crear una Agencia que asuma las funciones de rectoría digital.
- Fortalecer la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda para que opere como una oficina de gestión de proyectos (PMO), mejorando el seguimiento y control de todas las reformas.
- Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, para evaluar ex post las reformas del Estado. Sugerimos además que la Agencia tenga la potestad de emitir Informes de Factibilidad de Implementación para proyectos de ley importantes. (C)[2]
- Cadena de Valor de la Gobernanza de la Modernización, un proceso cíclico de gestión de reformas desde la propuesta de hoja de ruta hasta la evaluación de desempeño y retroalimentación.
- Ley que permita al Presidente electo ajustar la institucionalidad al inicio de su gobierno, facilitando así la coordinación entre diferentes servicios en los temas prioritarios de su programa. (C)
- Expandir la cobertura de la ADP, incluyendo más instituciones y cargos; establecer una Carrera Directiva estable para aquellos de excelencia; y mitigar aún más la todavía elevada rotación de cargos.
- Prioridad a la descentralización, con énfasis en transferir competencias y recursos a los Gobiernos Regionales y Municipios.
- Evaluación externa de la DIPRES para mejorar su eficacia, basándose en estándares OCDE.
Nueve propuestas para el mediano y largo plazo
- Dotar de institucionalidad sólida a las reformas a través de una Subsecretaría para la Modernización del Estado, que coordine todas las labores. La gestión de las reformas requiere un nivel político más elevado que hoy.
- Fortalecer aún más el soporte político para las reformas, ubicando esta Subsecretaría en un ministerio donde se maximice su influencia política.
- Establecer en paralelo una Subsecretaría de Prospectiva y Planificación Nacional que defina estrategias a largo plazo y asegure que la modernización y la inversión del Estado esté alineada con los objetivos de desarrollo.
- Establecer una Dirección de Servicios Compartidos Transaccionales, para operar las plataformas tecnológicas transversales, separando así las funciones de rectoría digital de las operativas, y permitiendo un régimen contractual acorde a las necesidades del mercado laboral en este ámbito. Como ejemplo bordeando el absurdo, hoy los 345 municipios y muchos Servicios licitan los mismos softwares administrativos y de recursos humanos.
- Implementar la figura de dos subsecretarios en Ministerios de alta complejidad como el MOP, MINSAL, MINVU o MINEDUC, uno para la gestión interna con el rol de Jefe del Servicio y seleccionado por ADP, y otro para los tradicionales roles políticos, mejorando así la administración de sus Servicios.
- Presupuestos plurianuales para las reformas, asegurando así la continuidad en la financiación de los nuevos proyectos.
- Reforma estructural de la Contraloría, cambiando su conducción desde un modelo individual a un Consejo con competencias y orientaciones profesionales diversificadas. (C)
- Crear consenso – entre gremios, partidos políticos y otros actores – para reformar el Estatuto Administrativo y diversificar las figuras contractuales en el sector público. (C)
- Ley marco de rango constitucional, que contemple muchas de las instancias aquí mencionadas, dando estabilidad al Consejo Asesor Permanente, a la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, y a las estructuras de gobernanza arriba propuestas.
Cabe destacar que estas propuestas de largo plazo implican la creación de algunas Direcciones, Subsecretarías, o incluso Ministerios, lo cual pudiera estimarse como un exceso de gasto. Por el contrario, creemos que por un lado se podrían racionalizar otros Ministerios y además, esto sólo implicaría algunas decenas de funcionarios de alto nivel, lo cual palidece frente a los 925 mil funcionarios actuales y las 671 diferentes reparticiones públicas. Los beneficios para el futuro de Chile y su Estado sobrepasarían con creces a los costos.
Por último, señalamos nuestro convencimiento de que tanto las visiones estratégicas de futuro -si se consensuan políticamente- como las reformas de corto y largo plazo aquí postuladas, permitirían dar un significativo salto adelante no solo para el Estado, sino para Chile, aspirando a ser un país con parámetros equivalentes al promedio OCDE en sus prácticas gubernamentales y más importante aún, en sus logros económicos y sociales. En nuestra opinión es en esa dirección que debemos navegar consistentemente y minimizando sobresaltos en la medida de lo posible.
[1] “Estudio de la Modernización del Estado en Chile desde el año 1990 hasta la actualidad” (2024), Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, con la colaboración de Andrea Peroni, Pablo Paredes y Ricardo Contreras, y con el apoyo de otros quince expertos en temas específicos. Fue solicitado por el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y licitado por la Subsecretaría de Hacienda.
[2] Las cuatro propuestas marcadas con (C) provienen del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, y las recogemos integralmente.
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