Si algo hizo bien Michelle Bachelet en su segunda administración fue planificar cuidadosamente la ejecución de su programa de gobierno. En el primer año, antes de irse de vacaciones en febrero de 2015, aprobó la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma electoral: tres reformas que le cambiaron la cara al país. De hecho, si se consideran en su conjunto, son, muy probablemente, las tres reformas más importantes desde el retorno de la democracia.
Mientras que la reforma tributaria marcó el punto de no retorno en el cambio de un modelo de desarrollo incremental a uno expansivo, la reforma electoral bajó las barreras para la entrada de una serie de nuevos partidos y narrativas al sistema político, y la reforma educacional dejó una huella imborrable sobre las oportunidades que tendrán los jóvenes de Chile por generaciones.
Claro, ahora sabemos que los efectos de las tres reformas de Bachelet fueron desastrosos para el país: marcaron el inicio de las dudas en los inversionistas extranjeros, la fragmentación exponencial que vendría poco después, y un hoyo sustancial en la calidad de educación entregada a los jóvenes del país. Pero al menos se llevaron a cabo en respuesta a la promesa emitida a las personas.
De hecho, si se observa con detalle, la idea de iniciar reformas de forma inmediata no fue solo una buena planificación: fue la única forma en que se pudo haber hecho. Pues, fue en los primeros días de vacaciones de Bachelet, ese año, cuando explotó el caso Caval, lo que terminó por hundir al gobierno de forma definitiva. Así, podría argumentarse que no se hizo nada más importante que lo que se hizo en los primeros tres años debido a eso.
Es importante recordar esto en medio del debate sobre la reforma previsional, que ya se encuentra en serios problemas tras haber sido presentada solamente bien entrado el tercer año del gobierno, lo que resulta problemático por varias razones.
Primero, porque se pensaba que, por el lugar importante que ocupó el tema del fin de las AFP en la campaña, debió haber ocupado un lugar más central, ciertamente más urgente, dentro de la agenda del Presidente Boric.
Y segundo, porque todo indica que se rechazará la propuesta que hay sobre la mesa, dejando el sistema prácticamente intacto, sin mejoras tangibles en las pensiones de los jubilados.
Así, es evidente que Boric no aprendió la lección de Bachelet. Por lo mismo, lo único que se puede concluir es que, al no haber planificado el paso de la reforma para el inicio, y haberlo dejado para el final, este tema evidentemente no era tan importante como se decía.
Claro, esto contradice lo que indica el oficialismo, pero la verdad es que las acciones suelen hablar más fuerte que las palabras, y este es ciertamente un caso en que se aplica la regla.
Si el gobierno hubiese querido realmente mejorar las pensiones de las personas, habría cerrado el trato con la oposición al comienzo de su gobierno. Pero, mareado por su rápido ascenso al poder, y probablemente apostando a que el tema se resolvería por la convención constitucional, dejó pasar el tiempo y no hizo nada.
Así, como Bachelet con el caso Caval, ahora, después del despertar de las personas en contra de la retórica rupturista, ya no queda mucho por hacer más que buscar explicaciones.
Por lo mismo, la única razón que tiene sentido para explicar que el presidente parezca abierto a acuerdos, pero en realidad no lo esté, es asumir que, a este punto, entiende que no le conviene pasar la reforma previsional, porque si lo hiciera, sería una reforma ideológicamente subóptima e inconsistente con su ambición política de largo plazo.
Si Boric toma una postura realista, asumiendo su debilidad, baja popularidad y limitaciones políticas, cerraría un acuerdo en que los seis puntos adicionales fueran a capitalización individual. Pero, si accediera a eso, no solo estaría traicionando lo que siempre ha predicado—que se debe dejar morir las instituciones que florecieron en el jardín de la constitución de 1980 (por cierto, ratificada en diferentes formas en 1989, 2005, 2022 y 2023), sino que también traicionaría a la base política que lo ha sostenido desde el comienzo.
A este punto, el gobierno gana menos pasando proyectos que consoliden a las AFP hoy, que construyendo excusas para explicar por qué no se aprobaron durante su gobierno.
En este contexto, tiene sentido ver al Presidente solicitando al país abrirse a dialogar sobre acuerdos por la mañana, y criticando a la oposición, a los empresarios y a la banca por no alinearse con él por la tarde.
Y, de cierto modo, hay que decirlo, si la lógica es correcta, el Presidente tiene razón. Si ya hay claridad sobre que el proyecto que saldría (o saldrá) del Congreso es inconsistente con el discurso de largo plazo, es un buen momento para preparar el andamiaje para desconocer responsabilidades después.
Si Boric cediera al 6% a cuentas individuales, sería una gran noticia para los cotizantes, pero un precedente difícil tanto para su sucesor, que tendría que salir a dar explicaciones de por qué se consolidó el modelo en un gobierno de izquierda, como para él mismo, si quiere eventualmente volver al poder en 2030. Francamente, sería imperdonable para su base, que, a ese punto, ya habrá resucitado de la estocada constituyente y olvidado lo informativo que fue el debate previsional sobre los efectos nocivos de las soluciones que le dan más poder al Estado.
Mantener las AFP, en ese sentido, es la gallina de los huevos de oro para el gobierno. Mientras sigan existiendo, habrá un enemigo claro al que culpar y un símbolo de lucha que aglutine las demandas sociales. Si el sistema fuera completamente estatal, el gobierno perdería el antagonismo necesario para sustentar su discurso rupturista y justificar su narrativa de cambio.
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