Conseguir un beneficio social cuantioso, como la gratuidad en la educación superior, es un objetivo anhelado por muchas familias. Pero cuando su acceso está reservado solo para el 60% más vulnerable del país, surgen incentivos para distorsionar la verdadera situación económica de los hogares. Lo que comienza como un esfuerzo por promover la equidad termina afectando la correcta asignación de los beneficios. ¿Cómo podemos entonces mejorar el sistema para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan?
El impacto de estos incentivos queda claro al revisar las cifras. En el Registro Social de Hogares (RSH) el tamaño promedio de las familias es de cerca de 2 personas, mientras que en encuestas como la CASEN es alrededor de 3. Esta diferencia, que ha ido aumentando con el tiempo, se aceleró especialmente durante la pandemia, siendo común que la persona ausente sea el padre con los ingresos más altos.
En otros casos se opta por la informalidad para evitar que los ingresos sean detectados por el sistema, aunque este comportamiento es más difícil de medir con precisión. Aun así, un indicador revelador es que cerca del 6% de los trabajadores formales afirma que su empleador cotiza por un salario menor al que realmente recibe, cifra que asciende a casi un 20% en sectores como la construcción (elaboración en base a Encuesta de Protección Social 2020).
Estos y otros aspectos ya fueron detectados por un Panel de Expertos que estudió posibles mejoras al RSH y a la calificación socioeconómica el año 2021. Estas propuestas se inscriben en la amplia y sólida trayectoria de nuestro país en el perfeccionamiento del sistema de focalización, con el objetivo de identificar de manera más justa y oportuna a quienes realmente necesitan apoyo. Desde la implementación de la Ficha CAS hace más de cuatro décadas, nuestro sistema ha evolucionado de manera continua, incorporando más y mejores datos para reflejar con mayor precisión la situación socioeconómica de los hogares.
Entre las propuestas, se sugirió la incorporación de nuevos datos administrativos y la mejora en los procesos de validación, con el fin de reducir los comportamientos oportunistas en la información autorreportada. Estos datos permitirían generar mejores alertas cuando el reporte de la persona no coincida con su nivel de vida real. Además, se propone avanzar hacia un registro único estatal sobre la composición familiar. Otros análisis resaltan la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías para aumentar la probabilidad de detectar estrategias fraudulentas.
Pero más allá de mejorar el instrumento de focalización, es crucial avanzar en la mejora de la oferta pública y en los incentivos que genera. Un análisis reciente revela que el 38% de los 26 programas sociales más relevantes, en términos de presupuesto y cobertura, desincentivan a las personas a optar por empleos formales para evitar que sus ingresos sean registrados por las fuentes oficiales
Uno de los factores principales detrás de esta situación es la existencia de cambios abruptos en la entrega de beneficios que generan incertidumbre y pueden desincentivar el esfuerzo de las familias. Actualmente, dos hogares con condiciones muy similares pueden ser tratados de manera completamente distinta por la política social: uno dentro del 60% más vulnerable y el otro justo por encima de ese umbral, lo que los excluye de programas clave como el acceso a jardines infantiles, alimentación escolar, gratuidad universitaria o subsidios para la compra de vivienda.
Junto con lo anterior, la oferta social que justamente tiene el objetivo de fomentar el empleo formal no ha logrado los resultados esperados, lo que hace urgente un rediseño que coordine mejor estos programas, los amplíe y aumente sus montos.
En este contexto, la desaparición del Ingreso Mínimo Garantizado es una mala noticia, ya que buscaba justamente complementar los ingresos formales con transferencias directas. La idea era ampliarlo y mejorarlo, avanzando hacia un esquema de subsidios al empleo más eficaz, similar a un impuesto negativo al ingreso, que incentive el empleo formal.
Enfrentar estos desafíos requiere no solo ajustes técnicos, sino también una voluntad política decidida. La solución no está en eliminar la focalización, ya que los recursos son limitados y extender el acceso a todos aumentaría la demanda creando listas de espera para su acceso, afectando principalmente a los más vulnerables.
El verdadero desafío es avanzar hacia una oferta social que incentive la formalización del empleo, asegurando que los beneficios disminuyan gradualmente a medida que mejora la condición socioeconómica de los hogares. En paralelo hay que perfeccionar nuestro sistema de focalización mediante la combinación de datos precisos y procesos de validación efectivos. Estos elementos son esenciales para mejorar la equidad en nuestras políticas sociales y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
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— Ex-Ante (@exantecl) October 15, 2024
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El problema es cuando se instalan por inercia. Sin preguntarse qué comportamiento están empujando. Porque cuando los incentivos están mal diseñados, no dejan de ayudar: empiezan a dañar.
