Controvertidas señales para los inversionistas. Por María Cristina Betancour

Chile debería emerger como un país más transparente y meritocrático, donde las soluciones no sean de suma cero, sino Pareto óptimas: esto es, donde la mejora de uno o más individuos en la sociedad no signifique deterioro para otros.

Existe consenso en que Chile necesita impulsar tanto el crecimiento corriente como el potencial, además de fomentar la inversión para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. No obstante, las señales que el país emite en torno a un verdadero compromiso con el crecimiento y la inversión no son claras, lo que dificulta la atracción de capitales. Vale la pena hacer un repaso de estas señales.

Uno de los aspectos críticos para facilitar la inversión es la simplificación de la permisología. A pesar de que el gobierno ha enviado dos proyectos de ley en esta dirección, su avance legislativo es escaso. Mientras tanto, persisten demoras significativas en la tramitación de permisos en el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales, instituciones clave para promover la inversión.

En relación al mercado del trabajo, predominan medidas que contribuyen a encarecer la contratación, cuando lo esperado sería la creación de más y mejores empleos, contribuyendo al bienestar de los chilenos. Por el contrario, la agenda laboral facilita la informalidad, que ya supera el 28% y tiene efectos nocivos en el largo plazo, en particular en materia de pensiones. Todo ello en medio de los avances en términos de inteligencia artificial (IA), que amenaza unos 84 millones de empleos durante el próximo año en América Latina y el Caribe; 114 millones en cinco años y 132 millones en diez años, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Si bien esto no implica necesariamente pérdidas de puestos de trabajo, son señal de vulnerabilidad y un gran desafío de incorporar la IA de forma que impulse la productividad, tan afectada en los últimos años. Ello también tiene implicancias en términos de grupos más expuestos a ser reemplazados por la IA, y que son los que realizan trabajos administrativos y de oficina, así como aquellos más rutinarios y que requieren menos habilidades. Y estos trabajos están ocupados mayormente por mujeres y trabajadores de ingresos medios y bajos. Esto podría agravar el descontento entre los grupos más vulnerables de la población latinoamericana.

Es igualmente crítico para el crecimiento y el empleo que se facilite la agenda energética y de litio, de manera de aprovechar las ventajas competitivas que Chile presenta frente a la transición energética global. En cuanto a la Estrategia Nacional de Litio, el gobierno ha invitado a los inversionistas a mostrar interés en desarrollar proyectos, pero los plazos no se condicen con la diligencia requerida para aprovechar la oportunidad, desalentando el amplio interés internacional.

En el ámbito energético, en el reciente Chile Day en Paris y Londres se solicita a los inversionistas aportar al financiamiento para el proyecto de ley de subsidios eléctricos, cuyo financiamiento alcanzaría a US$350 millones anuales, hasta diciembre de 2027. Sin embargo, al mismo tiempo, se está trabajando en el proyecto de ley que acaba con el CAE, donde se requiere financiamiento por US$11 mil millones.

En términos de institucionalidad, la imagen del poder judicial se ha visto seriamente afectada recientemente. El poder legislativo, en tanto, tampoco lo hace mejor con su fragmentación que no contribuye a los acuerdos políticos necesarios para las reformas estructurales, como por ejemplo las pensiones o salud (isapres). Todo es más triste aun cuando, para permitir necesarias mejoras en productividad, se necesita eliminar las barreras que impiden la correcta asignación de recursos hacia sectores y empresas más productivas que, en general, suelen ser las de mayor tamaño. Y estas trabas solo requieren cambios administrativos, esto es, convicción acerca de su necesidad.

Con todo, hay inversionistas dispuestos a invertir en nuestro país. Destacan los recientes anuncios de expansión de la faena El Abra, por parte de Freeport Mc Moran, por US$7.500 millones y el proyecto de amoniaco verde en Magallanes de HNH Energy, por US$11.000 millones. Si bien son proyectos de largo plazo, esto es, unos 8 a 10 años, y bien pueden tratarse de apuestas a la espera de mejoras en el escenario político y económico, lo cierto es que son buenas noticias.

El rechazo al proyecto refundacional de Nueva Constitución de septiembre de 2022 se logró gracias a la generosidad y el liderazgo de importantes actores de un amplio espectro político. Es de esperar que esos mismos actores, o nuevos, estén disponibles para alcanzar los acuerdos que permitan hacer que nuestro país vuelva a la senda de crecimiento tan necesaria para su desarrollo. De lograrse ese objetivo, y tras las crisis vividas en los últimos años, Chile debería emerger como un país más transparente y meritocrático, donde las soluciones no sean de suma cero, sino Pareto óptimas: esto es, donde la mejora de uno o más individuos en la sociedad no signifique deterioro para otros.

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