En un país donde cada cierto tiempo se mueve la tierra y todo se cae de las estanterías y hay veces que hasta la infraestructura se derrumba, los chilenos reaccionamos con calma. Cualquier extranjero a quien por mala suerte le toca un temblor o, peor aún, un terremoto, se impresiona de nuestra capacidad para ni siquiera movernos del lugar donde estamos, salvo que la cosa de verdad sea grave. Cuando el terremoto es institucional como el que estamos viviendo con epicentro en la Corte Suprema, la intranquilidad y la inquietud sí parecen movilizarnos.
Que la Corte Suprema se pronuncie con un comunicado oficial un domingo sobre hechos publicados en la prensa y anuncie un pleno extraordinario, dan cuenta que el temblor se sintió fuerte en los pasillos del palacio de Justicia. Cuando la reunión se produce a primera hora del lunes, y no en la tarde como es habitual, sabemos que las réplicas han sido intensas.
Pero cuando se anuncia que se abrirá un cuaderno disciplinario que podría terminar en la remoción de la ministra Vivanco y además la suspenden de su cargo, sabemos que la magnitud del terremoto remeció los cimientos del histórico edificio del centro de Santiago.
No se sentía un remezón de esta magnitud desde 2001, cuando la Suprema decidió suspender y después remover a uno de sus integrantes, el ministro Luis Correa Bulo.
Resumidamente la decisión del pleno se funda entre varios hechos en la interferencia de la ministra en el último proceso de designación de fiscal nacional y conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón; en las irregularidades cometidas en la tramitación de la causa conocida como la de la muñeca bielorrusa; en la intervención en el nombramiento de ministras y ministros de corte; y en la entrega de información sobre ciertas causas al cuestionado abogado Luis Hermosilla, entre otros hechos calificados por la corte de graves.
Aunque estas razones son enumeradas en la resolución del pleno como antecedentes tenidos a la vista para decidir, parece ser la entrega de información de las causas y la posibilidad que haya fallado siguiendo un criterio distinto al legal, las que se perciben como las de mayor importancia.
A los jueces siempre se les ha supuesto dotados de atributos especiales, como si fueran dueños de una personalidad moral que los distingue de otros ciudadanos. Esperamos de los jueces cualidades que se proyectan incluso sobre su vida privada. Es como si estos atributos fuesen una condición necesaria para el correcto ejercicio de su cargo. ¿Por qué? Porque la misión del juez y la necesaria confianza que debemos tener en el sistema de justicia hacen que defectos o errores que perdonamos en otros funcionarios públicos nos parezcan inaceptables para los magistrados.
Los jueces pueden tener en sus manos resolver sobre aquello que más valoramos como, por ejemplo, nuestra libertad, propiedad, incluso sobre el cuidado de nuestros hijos y ello avala que el estándar ético y de comportamiento sea superior al que exigimos a cualquier ciudadano.
Vale notar que por algo en los tribunales los jueces siempre se encuentran en una plataforma o tarima que los eleva por sobre los otros intervinientes como fiscales, defensores y abogados en general. Desde el diseño arquitectónico de las salas de audiencia ya ponemos al juez en un lugar destacado y superior a los demás participantes de un juicio.
Ángela Vivanco ocupa el cargo de ministra de la Corte Suprema desde 2018 en uno de los llamados cupos de ministros “extraños” a la administración de justicia que integran la Suprema. En 1997 se cambió la Constitución y se dispuso que cinco de los 21 ministros que integran el pleno deberán ser abogados extraños -es decir, externos- a la administración de justicia, como una forma de llevar al máximo tribunal a destacados profesionales con experiencia y trayectoria en el ámbito profesional y académico, pero que no tuvieran una carrera judicial.
Ésta siempre se ha evaluado como una muy buena reforma que dio espacio a personas con experiencia fuera del Poder Judicial que podían aportar una visión externa a la Corte y enriquecerla. Así ha sido con nombres como el de Enrique Cury y Pedro Perry. Jean Pierre Matus, también cuestionado por sus comunicaciones con Hermosilla, fue nombrado en esa calidad. Aunque hasta ahora no se ha discutido esta institución, no cabe engañarse pensar que los jueces de carrera no están expuestos a los mismos conflictos de intereses o a tener que realizar toda clase de gestiones para ser nombrados.
En un artículo cuya lectura recomiendo el profesor Jorge F. Malem se pregunta si las malas personas pueden ser buenos jueces. Su perspectiva es precisamente el análisis de las cualidades morales, éticas y valóricas que exigimos a los magistrados en razón de su cargo. Su conclusión es que una mala persona, entendida como quien rechaza los sistemas de valores políticos que la Constitución asegura, y a la que jura o promete respetar como lo hizo la ministra Vivanco, no puede ser un buen juez o jueza en este caso.
Mientras todo esto se discute y se define, Ángela Vivanco tiene 20 días para presentar su defensa. Se ha dicho que no renunciaría para poder hacer sus descargos. Creo que no nos equivocamos si adivinamos que la ministra probablemente espera que quien tenga que resolver su destino dentro del Poder Judicial no haya intercambiado mensajes previos ni compartido opinión alguna que la pueda afectar. O que, en simple, quien tenga en sus manos su destino profesional, sea simplemente un buen juez.
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