La semana pasada se cerró el plazo para aportar antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en una materia de alto interés para el gobierno corporativo de las empresas chilenas. Se trata de un “expediente de recomendación normativa” (o ERN) en que el TDLC está considerando, a solicitud de una asociación de consumidores, si debe proponer cambios a la regulación de los grupos empresariales (o conglomerados) en distintos ámbitos de la economía. Se entiende por conglomerados a un grupo de empresas independientes entre sí, que pueden operar en distintas industrias, pero que están relacionadas entre sí por la propiedad accionaria mayoritaria u otro tipo de control.
Los ERNs existen desde hace dos décadas pero se usan poco pues son una medida inusual y poderosa de parte del TDLC, que puede recomendar a las autoridades del ejecutivo y legislativo, la dictación de reglamentos o leyes para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas. En este caso, esas recomendaciones podrían incluir medidas vinculadas con:
Al origen de este ERN está una solicitud de una asociación de consumidores que alega que los conglomerados, atentan contra la libre competencia y piden que el TDLC recomiende una “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada que limite el poder de mercado de los grupos empresariales significativos que tengan una estructura de propiedad piramidal o participación en Entidades Financieras Importantes y en Empresas de Tamaño Relevante en la actividad económica del sector real a la vez, con el objeto de regular de manera especial el ejercicio de las actividades económicas de dichos grupos, en prevención a que ellas se presten en condiciones competitivas”.
Ante el TDLC aportaron antecedentes varios interesados, incluyendo muchos grupos económicos, el Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otros. Luego, habrá una audiencia en que se escucharán a las partes y los interesados, para que finalmente el TDLC resuelva qué hacer, en una decisión que excepcionalmente no es apelable ante la Corte Suprema.
En su presentación, el Ministerio de Hacienda concluye que “el sistema de supervisión chileno ha demostrado un funcionamiento resiliente y adecuado respecto de los grupos empresariales y conglomerados financieros, especialmente con el robustecimiento de entidades regulatorias como la CMF, y otras instancias de coordinación entre las autoridades financieras, como el caso del CEF (“Consejo de Estabilidad Financiera”), por lo que no estima necesario que el TDLC ofrezca recomendaciones adicionales. La CMF, por su parte, señala que ya preparó un proyecto de ley que a su juicio se hace cargo de las necesidades de regulación de los conglomerados que son relevantes para su ámbito de competencia, que espera agenda legislativa, con lo que estima que no es necesario que el TDLC haga nuevas recomendaciones.
La CMF se refiere a un documento presentado en agosto del año pasado, denominado “Lineamientos para una Ley de Conglomerados Financieros en Chile”, en que sugiere la pertinencia de incluir a los conglomerados financieros como parte de las instituciones bajo su fiscalización prudencial. Se propone la eventual autorización de la CMF a entidades matrices y a la estructura de los conglomerados, una separación de conglomerados financieros con otras empresas del sector real y requisitos de solvencia y gobiernos corporativos especiales para estas entidades.
Sea por su impacto en la libre competencia o por su influencia en la estabilidad financiera y la gobernanza en nuestro mercado de capitales, los grupos económicos están bajo la lupa de las autoridades y grupos de interés.
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