La Contraloría realizó 7 auditorías entre 2018 y 2023: Seis de ellas al SII y una a la Comisión del Mercado Financiero. En el caso del SII, el ente contralor detectó que no se acreditó el pago de horas extras por $620.323.696. En 7 sumarios del servicio se determinó responsabilidad administrativa por “no girar oportunamente impuestos”, pero “no se persiguió responsabilidades pecuniarias ni lo informó al CDE, pese a la existencia de daño patrimonial por $1.020.635.469”, entre otras cosas.
Qué observar. La contralora (s) Dorothy Pérez asistió este lunes a la Comisión Especial Investigadora sobre posibles irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el llamado caso Audios.
- En la instancia, la autoridad entregó detalles de 7 fiscalizaciones realizadas a los organismos, seis al SII y una a la CMF:
1. Investigación 914/2019: Se trató de de una auditoría y examen de cuentas por pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente del SII entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.
- En este caso se observaron pagos de horas extras no acreditadas a personal de fiscalización por $174.034.085, otras parcialmente acreditadas por lo que quedó otro saldo sin acreditar de $139.825.013.
- También se objetaron horas extras por labores “sin sustento de ejecución en los registros de asistencia” por $251.858.351, mientras que otras se acreditaron “sólo de manera parcial”, por lo que quedó por acreditar $54.606.243.
- Así, en total, no se acreditó el pago de $620.323.696 por conceptos de horas extras.
- La contralora (s) añadió que se detectó “inexistencia de procedimientos efectivos que acrediten la realización de horas extras”, además de “inconsistencias entre la información sobre horas extras realizadas por el personal y las informadas a la jefatura” y que “264 funcionarios fiscalizadores no registraron la marcación de salida en el período auditado, pero se les autorizó la ejecución y pago de horas extraordinarias, sin que se pueda validar en el sistema la jornada adicional realizada”.
- “El SII ha estado haciendo un trabajo bien detallado tratando de recuperar entre sus funcionarios que fueron mal pagados, o en su lugar que se acredite que esas horas extras sí fueron ejecutadas. A veces en el control horario ellos no registraron su salida al horario extendido, pero hay correos electrónicos o hay otros tipos de trabajo en otro tipo de plataformas, en otro tipo de sistemas, que consta que sí estaban trabajando. Ese levantamiento es más de detalle y sí lo han estado haciendo”, añadió Pérez.
2. Investigación 227/2020279: La finalidad era examinar giros de impuestos bajo 3 criterios: Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), de Revisión de Actividad de Fiscalización (RAF); o en un reclamo ante los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA).
- Los principales resultados de esta investigación fueron que el SII utiliza diversos sistemas para mantener un registro, seguimiento y control la ejecución de las auditorías, pero “no cuentan con un campo o llave única que permita asociarlos”.
- En esa auditoría, que comprendió los años 2015 a 2018, se estableció que en 24 casos de RAV y de RAF no se presentaba “el giro asociado al RUT de contribuyente, dejándose de emitir órdenes de ingresos por $324.212.430”.
- “Una auditoría tributaria del 2018 detectó una diferencia de impuesto por $240.268.970, pero no tenía orden de ingreso por RUT del contribuyente. El SII reconoció un error en el monto a girar, pero no aportó antecedentes que lo avalaran”.
- Y añadió lo siguiente: “En 7 sumarios, el SII determinó responsabilidades administrativas y aplicó sanciones a funcionarios por no girar oportunamente impuestos, pero no persiguió responsabilidades pecuniarias ni lo informó al CDE, pese a la existencia de daño patrimonial por $1.020.635.469, prescribiendo la responsabilidad civil”.
- Sobre este punto, posteriormente explicitó que el SII no persiguió la responsabilidad patrimonial para recuperar los dineros públicos mal pagados y que al momento de realizar la investigación por parte de la Contraloría, “gran parte” de los casos estaban prescritos por tratarse de hechos ocurridos entre 2015 y 2018.
3. Investigación 279/2023: Se trató de una auditoría de sistemas sobre funcionamientos y la capacidad de usuarios concurrentes de la plataforma Operación Renta 2023 (que comprende de junio de 2022 a mayo de 2023).
- La Contraloría detectó 120 casos con inconsistencia de datos con la planilla electrónica enviada y en 96 registros el plazo de resolución excedió el establecido en el procedimiento interno del SII, “vulnerándose la norma técnica” relativa al Decreto 83 de 2004 de la Segpres.
- Además, el servicio “no inició aplicación de multa por $19.019.310, por retardo de la empresa que certificó componentes de sistemas para Operación Renta 2023 y no aportó evidencia de que tales retrasos fueran por su causa, como lo sostuvo”.
4. Investigación 550/2023: El objetivo era verificar las condiciones bancarias de las cuentas corrientes de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2022.
- En este caso se detectó, “según los libros de bancos de 2 cuentas corrientes del Banco Estado, presentan saldos negativos, por $28.532.423 y $278.473, lo que discrepan de saldo “0” presente en sus conciliaciones bancarias a esa data”.
5. Investigación 541/2023: La finalidad era verificar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. En este caso, no hubo observaciones.
6. Investigación 512/2020: Se trató de una auditoría al proceso de entrega del Bono Clase Media durante la pandemia. En este caso, según la presentación de la Contraloría, el “el SII usó 9 Mapas Conceptuales distintos, durante el mes de postulación al bono, sin aplicar una reevaluación a los casos aprobados con criterios distintos. Así, dependiendo del día de postulación, existieron parámetros distintos para el cálculo y asignación del beneficio”.
- “El SII no mantuvo un registro de postulantes que no cumplieron originalmente y el fundamento del criterio o requisito específico incumplido para su rechazo, pese a las múltiples adecuaciones de los criterios utilizados para determinar el cumplimiento de los requisitos. No reevaluó la totalidad de postulaciones inicialmente recibidas y rechazadas”.
- Así las cosas, según la auditoría del ente contralor, 521.434 personas recibieron el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos legales por los que se pagaron un total de $249.891.008.000 .
- A eso se suma que 124 personas aparecen como beneficiadas con el bono pese a que se encontraban fallecidas al momento de la postulación (suma total de $57.805.000).
- 111 personas beneficiarias les correspondía el pago de un monto mayor al recibido y a 304 personas se les pagó más de lo correcto, por un total de $61.200.000.
- Después, al ser consultada, Pérez explico que se debe considerar que “estábamos en una situación crítica de pandemia. Se fueron ajustaron y perfeccionando los criterios para ir focalizando el beneficio a quienes realmente correspondía. Sin embargo se detectaron estos pagos improcedentes. El SII y la Tesorería han estado avanzando desde esa época recuperando, compensando y descontando a los contribuyentes dineros que hubiesen recibido por pagos irregular del bono clase media. En el resto, los saldos, el CDE ha estado tomando estas acciones”.
7. Investigación 495/2023: Se trató de una auditoría y examen de cuentas a las adquisiciones de la CMF desde durante todo el 2022. Ahí se detectó que 8 desembolsos, por un total de $32.063.307, estaban sin la documentación de respaldo que los acreditara y se subutilizaron 249 licencias de autentificación, adquiridas por la CMF que no han sido asignadas a ningún funcionario de la entidad.
- También se comprobó que 83 de 103 dispositivos respecto al servicio de arriendo de plataformas tecnológicas por $1.420.261.025, no son utilizados por la entidad.
Para leer más noticias de Ex-Ante ingrese acá.
Publicaciones relacionadas
