Es deber esencial del Estado resguardar la seguridad nacional, dice la Constitución en su artículo 1. Los fines para los cuales nos organizamos socialmente no pueden cumplirse sin seguridad. Este supuesto básico, que la ciudadanía tiene muy claro (así lo muestran las encuestas), parece no ser comprendido en La Moneda. De otro modo no se entiende lo que está ocurriendo.
Lo primero concierne a Bolivia. La Aduana boliviana informó esta semana que Chile ha accedido a que la frontera con Bolivia pase de operar 10 horas al día a hacerlo 24 horas, los 365 días del año.
Bolivia festeja este horario ilimitado para acceder a Arica e Iquique como un avance estratégico, histórico para su comercio internacional; y la prensa reporta que Chile estudia incluso abrir un nuevo paso fronterizo, para que Bolivia exporte litio por Iquique (hito 60).
¿Cómo se explica esto en Chile? No se explica. No hay anuncio oficial. Nada que atenúe la preocupación de que esta apertura total redunde en aumento del crimen en nuestro país, ya muy golpeado por la inseguridad y la migración irregular, especialmente en el norte.
¿Qué puede justificar ampliar facilidades a un vecino cuyas instituciones corruptas son incapaces de controlar la delincuencia, el narcotráfico y el contrabando? El Tratado de 1904, donde Chile garantiza el libre tránsito por sus puertos, no obliga a que pasos fronterizos y puertos trabajen 24 horas.
Todo esto es aún más inexplicable a la luz del acuerdo de defensa Bolivia-Irán, de julio pasado. Irán provee a Bolivia drones y tecnología de punta (que podrían ayudar al crimen transnacional en su flujo a los países vecinos); y al mismo tiempo, usa a Bolivia como base para actividades de inteligencia vinculadas al narcotráfico y terrorismo.
Este acuerdo, entonces, amerita que todos quienes colindan con Bolivia replanteen su Defensa. Argentina reclamó fuertemente, y hoy planea más acciones al respecto.
¿Reacción del gobierno de Chile? Cero. ¿Cuenta el gobierno de Chile con algún análisis geopolítico global? Abrir aún mas nuestras fronteras a Bolivia es abrírselas a Irán, al crimen organizado, al terrorismo, y es irresponsable en vista de la crisis de seguridad a nivel local.
A la total inacción frente a esta amenaza proveniente de un país vecino y al rompimiento del equilibrio regional en términos de defensa, se une el maltrato a los aliados. No hablamos de meros impasses protocolares.
Hace medio año que Chile no tiene embajador en Reino Unido, la plaza europea más importante para el país desde el punto de vista de defensa, inversiones, finanzas y formación de capital humano avanzado.
Al gobierno de Boric le ha parecido que nombrar titulares en plazas como Guyana y Grecia es mucho más urgente que reparar el daño en esta relación bilateral clave; un daño severo, y no causado por la diseñadora de muebles que culpaba de sus desatinos al Rey Carlos.
El audio filtrado de la reunión de equipo de la canciller Urrejola reveló algo mucho más grave: Chile se ha comprometido a no permitir que buques ingleses recalen en puertos chilenos en sus idas o venidas a las Falklands/Malvinas.
En otras palabras: hemos puesto en riesgo la alianza de 200 años que tenemos con el proveedor principal de nuestra Armada. No sorprende que el gobierno británico, entonces, acuse recibo del insulto continuo de Chile. Y por esto los diplomáticos de carrera que -sin embajador- llevan los temas, ya no tienen acceso a nadie.
En este grave panorama de seguridad nacional y defensa, el tercer elemento es la decisión de marginar a las empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), que organiza la Fuerza Aérea chilena.
Ante la guerra Israel-Hamas, situación dinámica de longitud incierta y terribles consecuencias, todos los países manejan, naturalmente, un abanico de vías de ayuda humanitaria y posibles formas de protesta. Pero el Presidente Boric opta una medida que daña de manera grave la defensa nacional, mientras los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores guardan sepulcral silencio.
Para entender la gravedad de la situación hay que mirar la relación de larga data de Chile con el Estado de Israel, donde el componente de defensa es aspecto clave. Y hay que diferenciar al Estado de Israel del Gobierno de Netanyahu, que actualmente libra una guerra donde se han cometido graves crímenes. Y lo que el frio panorama arroja es una dependencia nacional innegable.
Las empresas israelíes, líderes globales en defensa, seguridad y ciberseguridad, mantienen relación estrecha con las Fuerzas Armadas chilenas. Israel ha sido, por décadas, proveedor clave de la Fuerza Aérea, el Ejercito, la Armada, Carabineros y la PDI.
Buena parte de nuestro arsenal es israelí: hablamos de misiles, tanques, fusiles, lanchas, sistemas antiaéreos, aviones de vigilancia aérea y marítima, metralletas, municiones, radares, carros antidisturbios, tecnología de comunicaciones encriptadas y sistemas de captación de comunicaciones enemigas para uso estratégico.
La licitación internacional hecha en 2021 para los satélites chilenos (útiles en defensa, ciencia, minería, recursos hídricos, energía y más) fue adjudicada a Israel, líder mundial en inteligencia espacial. Un contrato a 5 años por US$ 120 millones.
La provisión de todo este material, del mantenimiento de equipos, y del entrenamiento para usarlos, ha sido clave en el rol disuasivo de las FFAA chilenas y un elemento de paz regional.
Quienes piensan -sin otro elemento que el sentido común- que simplemente debemos cambiar de proveedor, deberían saber que esto no es como cambiar un auto.
El servicio de una parte del armamento más sofisticado y caro dentro del arsenal de Chile lo realiza Israel y no existe alternativa, al tratarse en muchos casos de cajas negras selladas. También habría que decirles que muchas armas (como los misiles) deben mantenerse sin poder utilizarse, confiando en que el día en que necesiten usarse, todo funcionará.
Es decir, que el arsenal chileno funcione es posible gracias a un intercambio tecnológico y humano construido por décadas sobre la base de una confianza institucional mutua. Por eso no hay reemplazo de un momento a otro.
El actual gobierno de Chile aun no ha quebrado, formalmente, la relación diplomática, ni tampoco tratados, contratos o memoranda. Pero al abandonar su neutralidad histórica en el conflicto del Medio Oriente con una escalada de acciones, ha roto una relación clave que mantienen nuestras FFAA. El precio a pagar podría ser muy alto.
Sin el intercambio de experiencia y entrenamiento (que hoy organizan los agregados de Defensa de ambos países), y sin el mantenimiento que dan las empresas israelíes nuestras armas no serán operativas para defendernos. Nuestra inversión de décadas en defensa y seguridad puede darse por perdida.
Por eso, es pueril comparar la exclusión de Israel de la FIDAE con la de Rusia hace un par de años, un gesto con costo cero (Rusia no provee a Chile de nada).
Nadie discute que el Presidente de la República conduce las relaciones internacionales del país, que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil, que el pueblo chileno se conduele ante la catástrofe que implica el conflicto en Medio Oriente, y que hay que protestar por violaciones al derecho internacional. Pero ningún país puede ni debe dispararse a los pies, adoptando sanciones que comprometen de forma clave el interés nacional.
¿El gobierno midió las consecuencias antes de excluir a Israel de la FIDAE? ¿Lo hizo antes de darle la espalda al Reino Unido, nuestro principal aliado histórico? ¿Sopesó lo que implicaba abrirle las fronteras a Bolivia las 24 horas y por esa vía a Irán?
Los chilenos merecemos una buena respuesta.
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