Hace un poco más de tres meses, el 28 de agosto, la Comisión Asesora que nombró el Presidente Boric -y que me tocó presidir- para realizar recomendaciones sobre una mejor forma de relacionamiento entre el Estado y las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, le hicimos entrega de un informe con 46 propuestas. La propuesta final se trataba del ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía del avance de estas recomendaciones, algo clave para fortalecer nuestras democracias y confianza en las instituciones. Mal que mal existe una percepción no menor de que en general “no pasa nada” y que “hecha la ley, hecha la trampa”.
Por lo anterior, desde Chile Transparente decidimos realizar un seguimiento y monitoreo propio de los avances del Estado -no solo del Gobierno- respecto a estas propuestas, ya que esto es clave para impulsar estas agendas de cambio y no estancarnos ni olvidar un tema que vuelve a estar en las preocupaciones principales de la ciudadanía: la corrupción.
Así, en estos tres meses podemos cifrar en un 35% de avance el total de las 46 propuestas -que según anunció el Gobierno, se implementarán a través de 60 acciones, 34 de ellas legislativas y 26 administrativas o de gestión-. Por su parte, en los compromisos de corto plazo que el mismo Gobierno adquirió -es decir, al 29 de octubre de este año- se percibe un progreso de 59% con 22 acciones dentro de 19 medidas propuestas.
Dentro de los avances a destacar se encuentra la nueva regulación para las transferencias que realice el Estado aprobada recientemente por el Congreso Nacional en el marco de la Ley de Presupuestos 2024. Se disminuye la discrecionalidad, y por lo tanto, la “dedocracia”, estableciendo el concurso como regla general -salvo excepciones calificadas, como una emergencia-, acreditación de experiencia previa, garantías previas a la transferencia de recursos públicos, rendición ante el Sistema electrónico de Contraloría General de la República, entre otras. Con reglas así, probablemente otro gallo cantaría en el caso Convenios que sigue dando de qué hablar.
Por otra parte, se han introducido propuestas de mejora a un proyecto de ley de integridad municipal -buscando mayor transparencia y rendición de cuentas sobre las corporaciones municipales, aunque con menor control del que propusimos- y en el tan rezagado proyecto de ley de Transparencia 2.0 para que aquéllas fundaciones que reciban fondos públicos tengan también deberes de transparencia activa -a pesar que nuestra recomendación también se dirigió a aquéllas que no reciben fondos del Estado, dado su rol social y público relevante-.
Las políticas públicas no se hacen de la noche a la mañana, por lo tanto, un 35% de avance no es poco. Sin embargo, es clave seguir avanzando. Aún no se cumple el compromiso gubernamental de ingresar un proyecto de ley que establezca un registro accesible de beneficiario final de las personas jurídicas, algo que el Caso Audios y el entramado de empresas y sociedades que ahí se menciona deja más claro aún su urgencia. Y, lo avanzado en la Ley de Presupuestos no es menor, pero es temporal y tiene vigencia solo para el 2024, por lo que debemos avanzar en un marco normativo permanente.
No hay que sentarse en los laureles. Chile ha decaído en los indicadores de percepción de la corrupción en los últimos 10 años y no hay semana en que un escándalo no golpee a la ciudadanía. Estas crisis deben ser oportunidades con visión de Estado para fortalecer nuestra institucionalidad y aislar a quienes están dispuestos a anteponer sus intereses propios al bien común.
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