“Me voy a referir por única vez, por ahora, a los hechos de que da cuenta Ciper el día de ayer.
He sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo.
Además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas. Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo.
Aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita.
Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho.
Colaboraré con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión.
No es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado”.
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