“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas” fue la categórica reacción del Contralor ante la negativa del jefe del segundo piso de comparecer ante la comisión investigadora del caso Convenios. Su ausencia se basaba en el argumento de que no sería funcionario público y, por ende, eso lo eximia de la obligación de rendir cuentas ante otro poder del Estado.
La premisa del Ejecutivo para intentar liberar a Miguel Crispi de comparecer ante los diputados era a todas luces inverosímil. Y es que cuando se hace referencia al “jefe del segundo piso”, no se trata sólo de un empleado en una oficina en el ala poniente de La Moneda. Se trata del influyente líder del equipo de consejeros más directo del propio Presidente de la República. Ni más ni menos.
Entonces, ¿cómo se explicaría que un cargo de este calibre no califique como un funcionario responsable administrativamente de sus actos? Más allá de las consideraciones políticas de este caso en particular, el meollo del asunto es que esta importante función se sustenta en una frágil institucionalidad que brinda apoyo y asesoría al jefe del poder ejecutivo desde mediados de los 90´.
Esta estructura, también conocida como el Centro de Gobierno, tiene entre sus tareas primordiales la de articular y dar coherencia a la gestión política y programática del gobierno. Además, se encarga de coordinar las diferentes agencias gubernamentales para promover la eficiencia en la toma de decisiones. Actualmente, este organismo se podría definir como informal, ya que se basa en un conjunto de prácticas sin un marco jurídico sólido, que ha venido desplazando a una de las instituciones centrales de nuestra democracia presidencial: el gabinete de ministros.
En los últimos años hemos sido testigos de los cambios y rotaciones del Centro de Gobierno. Actualmente está conformado, de forma no oficial, por la Presidencia -donde destaca el equipo del Segundo Piso-, Segpres, Segegob, Interior y Hacienda, además de otras carteras que entran y salen, en lo que se conoce como el Comité Político. Hoy, los afortunados son los ministerios de la Mujer y del Trabajo y Previsión Social. Mañana, serán los que determine el gobierno de turno. Así de elásticos son estos entramados de poder.
Para ser justos esta flexibilidad en la conformación del Centro de Gobierno no es algo excepcional en el ámbito comparado. Pero eso no quita sus preocupantes debilidades que, en Chile, se han traducido en una ausencia de memoria institucional y escasos aprendizajes e innovaciones en gestión pública (CEP 2017). Al inicio de cada administración “se parte de nuevo”, con todos los costos que ello implica en términos de eficacia y eficiencia. Basta recordar la creación del Segundo Piso durante el gobierno de Ricardo Lagos, que duplicó algunas de las funciones que ya se realizaban, debilitando la estructura institucional.
Las características del cargo de jefe del Segundo Piso, tal como hemos constatado en las recientes tensiones entre La Moneda y la Cámara de Diputados, no es más que un síntoma del creciente deterioro del Centro de Gobierno. La ausencia de una institucionalidad formal ha llevado a la sorprendente situación en la que una figura con un papel crucial en el Estado opere bajo un tipo de contrato diseñado para apoyos temporales.
Más allá de constatarlo, lo ocurrido nos brinda la oportunidad de avanzar en la modernización del Centro de Gobierno. Esto no implica que el Ejecutivo no deba contar con un espacio que le permita nombrar personas de su confianza ni tener cierta flexibilidad para adaptar la estructura institucional a sus necesidades y preferencias. Sin embargo, es fundamental que todo esto se enmarque en una orgánica con roles bien definidos, partiendo con la creación de un cargo de coordinación dentro del gabinete que sirva de enlace entre el presidente y sus ministros. Asimismo, se requiere contar con funcionarios de carrera elegidos a través de un sistema basado en el mérito, que proporcione la necesaria continuidad administrativa y un apoyo efectivo a la Presidencia, independientemente de las afiliaciones políticas.
Estructuras claras y estables son el mejor antídoto contra la creciente pérdida de legitimidad de las instituciones. Poner esfuerzo en ello debería ser una prioridad para los legisladores. Sólo reforzando los cimientos que sostienen al Estado se podrá dar respuesta a las demandas ciudadanas. Optar por una simple estucada de cualquiera de sus pisos sería el peor de los atajos.
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