Comisión mixta: los acuerdos y desacuerdos en la recta final del proceso constitucional

El comisionado Teodoro Ribera (cupo RN) propuso acotar la declaración de estado de sitio por actos terroristas, pero no convenció al oficialismo. Tampoco hubo acercamientos en la liberación del pago de contribuciones por la vivienda principal, ni en la rápida expulsión de migrantes indocumentados. La derecha anunció que accederá a la petición del oficialismo en el caso de las sanciones por mal uso de la autonomía. Este viernes seguirá la discusión, antes de que la comisión vote el sábado, en una sesión donde la derecha tiene (sin la izquierda) los 3/5 para aprobar las propuestas.

Soberanía en el pueblo versus la nación: sin acuerdo. Los 12 integrantes de la comisión mixta comenzaron este jueves la revisión de las 32 observaciones que llegaron a la instancia, con un encendido debate sobre los conceptos de pueblo y nación.

• “La soberanía reside en el pueblo”, dice la observación de la Comisión Experta a la norma del Consejo Constitucional revisada en el ex Congreso de Santiago.
• El comisionado Carlos Frontaura (cupo Republicanos) explicó por qué su bancada (que tiene 22 de 50 integrantes del Consejo) prefería la norma del Consejo, que declaraba que “la soberanía reside en el Pueblo de Chile, Nación única e indivisible”.
• “El problema central acá se refiere precisamente a la eliminación del concepto nación, que es parte de nuestra tradición chilena” desde la Constitución de 1828, dijo.
• El comisionado Domingo Lovera (cupo del Frente Amplio) planteó, en cambio, que “agregar nación única e indivisible es una forma velada de incumplir la base” constitucional aprobada por el Congreso (que dio origen al proceso) que estableció que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”.

Paridad de entrada: posibilidad de acuerdo. La comisión también revisó la observación sobre la denominada paridad de entrada. El Consejo ya aprobó la norma que estableció un mecanismo de compensación cuando los resultados de las elecciones parlamentarias tuvieran a un género que se impusiera por un 60% o más sobre otro.

• “La ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos”, consignó la enmienda enviada a la comisión mixta.
• “Son sólo 2 cambios que tiene la norma, la de la sustitución del verbo rector promoverá que había planteado el Consejo Constitucional por el de asegurará que estaba planteado en el anteproyecto y que fue refrendado en la observación de la Comisión Experta, y luego la sustitución de la expresión cargos de elección popular por la de cargos electivos, retornando la redacción original”, dijo la comisionada Catalina Lagos (cupo PS).
• “Esta norma, que representa la paridad de entrada, a mí en lo personal me agrada mucho, no así la de salida que la voté igual favorablemente”, dijo la consejera de RN Pilar Cuevas, por lo que se espera que este viernes se llegue a un acuerdo sobre el verbo rector.
• El consejero de Republicanos Luis Silva planteó sin embargo un reparo al término cargos electivos. “Pudiera interpretarse fácilmente como estar garantizando no el medio sino el resultado. Y eso obviamente que nos preocupa”, dijo.

Sanción por mal uso de la autonomía: con acuerdo. “Las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad con la ley”, dice el inciso que se propone suprimir.

• La comisionada Natalia González (cupo UDI) planteó que la observación le parecía “bastante razonable” a su sector y que podría “ser acogida total o parcialmente”.

Liberación del pago de contribuciones por la vivienda principal: sin acuerdo. “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial”, dice la propuesta que el oficialismo busca eliminar por ser materia legal y no constitucional y por afectar la recaudación de los municipios. También abrió un flanco con Chile Vamos. La presidenciable de la UDI Evelyn Matthei dijo a fines de septiembre que el borrador recordaba a un programa de gobierno.

• La consejera Pilar Cuevas se abrió a “quizás” acotar su aplicación en la norma transitoria que la acompaña, de manera que beneficie solo a personas de clase media. En Republicanos se mostraron dispuestos a explorar formas para amortiguar su efecto en los fondos municipales.
• “Esta es una propuesta de detalle, programática y maximalista”, dijo el comisionado Lovera.

Grave amenaza terrorista: sin acuerdo. “El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna, grave conmoción interior o grave amenaza terrorista, serán declarados por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional”, dice la norma que se propone suprimir.

• El comisionado Teodoro Ribera (cupo RN) calificó de extremadamente laxa la definición de “grave amenaza terrorista” y propuso acotar su redacción a “acto terrorista”.
• Esto no convenció al oficialismo, por 2 motivos: porque sería el Presidente y el Congreso quienes definirían este acto y no los tribunales, dijo la comisionada Verónica Undurraga (cupo PPD).
• La comisionada Lagos planteó que esta norma permitiría detener a personas en sus casas pero sería ineficaz para combatir, por ejemplo, los actos de violencia rural en el sur de Chile. “(Es) una oferta vacía que no entrega soluciones”, dijo y la comparó con la escena de la saga Star Wars en que el senador Palpatine inauguró el Imperio, antes de convertirse en tirano. “Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, dijo citando a Padmé, el personaje de Natalie Portman, la heroína.

Objeción de conciencia institucional: cambios, pero no acuerdo. La constitucionalización de la objeción de conciencia institucional marcó otra de las divisiones entre el oficialismo y la oposición.

• En Chile Vamos y Republicanos se abren a cambiar la redacción de manera de que la ley resuelva su aplicación personal o institucional, alternativa que no satisface al oficialismo. El comisionado Frontaura dijo que esta norma era necesaria para casos como el aborto y la eutanasia, donde no se podía obligar a una persona o institución a realizarla. Verónica Undurraga recalcó que su aplicación “tiene que ser excepcional”. Lovera advirtió que el espacio que se está abriendo es “gigante”.

Rápida expulsión de indocumentados: sin acuerdo. “Los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile”, dice el comienzo de la norma observada.

• En Chile Vamos advierten que hay problemas en la redacción, como no detallar que la expulsión de quienes hayan cometido delitos en el territorio será después de cumplirla en una cárcel chilena.
• En el oficialismo plantearon, sin embargo, objeciones ideológicas. “Situaciones de agresividad, de conflicto, de xenofobia contra personas migrantes que la gran mayoría de ellos son personas que son sufrientes (…). Tenemos que tener mucho cuidado de que ése no sea el efecto de la norma”, dijo la comisionada Undurraga.

Límite de la soberanía: probable acuerdo. “La Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, dice la observación.

• La comisionada Undurraga planteó que el Consejo proponía usar el verbo consagrar en vez de reconocer como límite al ejercicio de la soberanía y la expresión “atendiendo” en vez de “considerando” en el segundo inciso.
• “En este artículo no hay grandes diferencias, sino que hay diferencias muy sutiles de estilo”, dijo el comisionado Teodoro Ribera. “Estoy esperanzado”.

Agencia de integridad pública: sin acuerdo. “La ley creará un organismo colegiado y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Agencia Nacional de Integridad Pública, encargado de prevenir la corrupción, promover la probidad y coordinar la labor de las entidades estatales que aborden materias de integridad pública”, dice la propuesta observada.

• El comisionado Domingo Lovera advirtió que la institución replica atribuciones de Contraloría, el Congreso y el Tribunal Constitucional y que podría interferir en su autonomía.
• La consejera de RN Pilar Cuevas dijo que el origen de la propuesta era la idea de la “agencia anticorrupción”, y que era necesaria dado el Caso Fundaciones y otros.

Defensoría penal pública autónoma: posible acuerdo. “Habrá una defensoría penal pública de carácter autónomo”, dice la norma observada.

• “La razón por la que queremos modificar este texto es empatar o tratar simétricamente la defensoría de las víctimas con la defensoría penal pública, y entendemos que no es conveniente que la defensoría de las víctimas sea un órgano autónomo y por lo tanto pediríamos que se mantenga el estatus de la defensoría penal pública con su dependencia actual y no autonomía”, dijo el consejero Luis Silva.
• “Me parece bien que hagan el punto político de que deben ser servicios que ser equiparados y por ahí está la vía de yo diría la conversación”, respondió Lovera. Otros en el oficialismo plantearon reparos.