La otra vez bromeaba con un amigo y le decía que los tributaristas siempre estábamos de moda. Desde el 2010, cada gobierno de turno se ha embarcado en su propia reforma tributaria y en el actual no se quedaron atrás; es más, ya van por su segundo intento.
Sin embargo, el timing no parece del todo oportuno, en medio del escándalo “convenios” y ante un creciente cuestionamiento del manejo de los recursos públicos. Bancadas de la oposición ya advierten con dureza que no se sentarán a negociar si hay alza de impuestos. Los empresarios, el comodín del Gobierno en las últimas negociaciones, también han expresado su negativa a la reforma. En medio de esta vorágine, la salida de Jackson se hizo necesaria para aquietar las aguas, las que aún continúan turbulentas.
Por su lado, el casi siempre pragmático don Mario Marcel ha tenido que hacer concesiones. Ya no va más el Impuesto a los Super Ricos (que como hemos mencionado en columnas anteriores tiene un llamativo impacto comunicacional más una escasa recaudación) ni el Impuesto a las Utilidades Diferidas. Se incorpora un comité de economistas que determinará el real impacto que generarán las medidas pro-crecimiento. A su vez, se presentarían dos proyectos, uno con énfasis en fiscalización y cumplimiento tributario y otro con cambios al impuesto a la renta.
Divide y vencerás parece ser la consigna.
Recordemos que en este gobierno fervientemente ecologista se reciclan incluso los nombres. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocer la frase “pacto fiscal” en el fenecido proyecto de reforma anterior del que nos dimos cuenta, tras su divulgación, que de “pacto” tenía bien poco y que predominaba lo “fiscal”.
La versión 2.0 del pacto fiscal mantiene ese feroz apetito recaudatorio, ya que las propuestas buscan recaudar US$8.000 millones, esto es 2,7% PIB. Desglosado el porcentaje, 1,5% provendrá de medidas relacionados con el primer proyecto sobre cumplimiento tributario. El 1,2% restante se recaudará con cambios al sistema de impuesto a la renta, mayores impuestos a los altos patrimonio y, supuestamente, un mejor gasto público.
Es sin duda ambiciosa la propuesta recaudatoria, ligada intrínsecamente a la reforma de pensiones y con amplia difusión comunicacional por parte del Gobierno. Pero ojo con la realidad. Ya la OCDE en su informe de septiembre de 2022 avisaba a Chile que el margen para reducir la evasión del impuesto sobre la renta es difícil de evaluar. El mismo informe señala que el combate a la evasión es una atractiva manera de generar ingresos adicionales y asegurar una mayor equidad tributaria, sin embargo, según la misma OCDE el foco estaría puesto en invertir en la propia administración tributaria. Ello constituye un buen consejo que el ministerio de Hacienda debiera seguir, más que afanarse en conseguir que la Norma General Antielusión (NGA) sea aplicada en sede administrativa y no judicial como lo es actualmente. Según el mismo documento, citando un estudio del SII del 2018, la evasión de IVA en Chile alcanza 20%, esto es 2% de PIB. Esta se puede combatir eficazmente con mayor tecnología y recursos para el Servicio de Impuestos Internos, más que con cambios normativos profundos como los planteados. Ya nos decía Confucio: no utilices un cañón para matar un mosquito.
Este nuevo pacto fiscal es una propuesta con una serie de medidas que en principio suenan bastante sensatas. En efecto, nadie podría estar en desacuerdo con frases del tipo “modernización de la administración tributaria”, “combate a la evasión”, “beneficios para la clase media”, y “fortalecimientos de los incentivos”. Pero, el diablo está en los detalles, y nos falta precisamente eso: detalles, aclaraciones, normas concretas sobre las cuales discutir y opinar, y no frases vacías que suenan bien, pero tienen poco contenido o que pueden ser cualquier cosa. Sólo así veremos el diablo o el santo de la propuesta. Sólo así prosperará un real pacto fiscal.
Con las elecciones en diciembre respecto a la nueva Constitución y las elecciones municipales el año que viene – a lo que se suma la cuenta regresiva del término del gobierno de Gabriel Boric-, las prioridades serán otras. Es de esperar que se retome la senda del crecimiento y productividad en la que tanto se ha insistido, más allá del deseo de dejar como legado de “grandes transformaciones”. Tampoco hace falta ser economista para decir que, con certeza jurídica y buen clima para hacer negocios, los tan ansiados recursos llegarán. Es de esperar que el diablo no meta la cola, y se esconda en “simples” detalles.
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