Cúmplase. El gobierno sostiene que “es indispensable” contar con una ley que permita dar el cumplimiento al fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 2022 obliga a las Isapres a devolver los “cobros excesivos” a sus afiliados y adecuar sus planes de salud.
Proyecto de Ley. La iniciativa contempla:
Monto a pagar. Las Isapres deberán cancelar un monto de $ 1.121.615 millones, equivalente a US$ 1.415 millones por cobros calificados como “indebidos” por la Corte Suprema por la no aplicación universal de la tabla de factores de 2019.
Prorroga. La superintendencia de Salud presentó un escrito solicitando una prorroga de seis meses del plazo de cumplimiento del fallo para evitar la judicialización. Esto ya está en conocimiento de la Corte Suprema.
Beneficiados. Esta medida beneficia a aproximadamente el 30% de los contratos, unos 580 mil aproximadamente, vigentes al mes de noviembre de 2022. La devolución se realizará a través de los excedentes y prestaciones de salud. No se entregarán recursos líquidos a los afiliados.
Rebaja en las cotizaciones. La aplicación del fallo de la Corte significará una reducción de las cotizaciones en un promedio de, unos $ 50 mil mensuales desde que se apruebe el proyecto y se publique, por parte de la Superintendencia de Salud, la circular correspondiente hacia el futuro.
Plan de devolución. Las Isapre tendrán seis meses para definir un plan de devolución de las deudas generadas ante la adecuación de los planes de salud que deberán presentar a la Superintendencia. Luego un consejo asesor independiente para la Superintendencia ayudará a revisar dichos planes y solicitar ajustes cuando corresponda, para lo cual contará con un plazo máximo de seis meses. De no llegar a acuerdo habrá un mes en que una comisión de expertos que definirá la diferencia.
Retención de utilidades. Las Isapre solo podrán hacer retiro de dividendos o distribución de utilidades si han pagado la totalidad de los montos percibidos en exceso, generados por la adecuación del precio final de sus contratos de salud y previa autorización de la Superintendencia.
Bajar judicialización. El proyecto apunta a disminuir la judicialización de la salud.
Licencias médicas. Se fiscalizará de mejor forma la entrega de licencias médicas permitiendo reducir los costos generados por ellas. El gobierno destaca el avance lograda en este ámbito ya que se ha producido una baja significativa de las licencias en el último período.
Fortalecimiento Fonasa. Se crea la modalidad de cobertura complementaria para la libre elección de los usuarios de Fonasa.
Baja en la lista de espera. El gobierno estima que podría rebajarse la lista de espera con esta modalidad ya que se abre la posibilidad de los usuarios de Fonasa puedan elegir atenderse en prestadores privados.
¿Qué dicen las Isapre? Luego de dos meses en que la Asociación de Isapre saliera de la mesa de negoción y volvieran a conversar con la autoridad, el envío del proyecto de Ley ratifica que se debe cumplir un fallo de la Corte Suprema.
Discrepancias en el Gobierno. El intercambio de posturas en el comité político sobre el tema para encontrar una solución a este tema fue por “la viabilidad o no de la propuesta de las Isapre” la que se zanjó a través de un estudio en derecho que concluyó que ésta era inconstitucional.
Rol de la CMF. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein, aseguró que su entidad ha estado monitoreando el impacto de la industria de la salud en el sistema financiero local. “La CMF participa en el Consejo de Estabilidad Financiera y analiza los riesgos en el sistema. Es un Comité permanente y hemos mirado la situación de la Salud, medido su impacto directo y no vemos que haya un riesgo significativo sobre el sector financiero”, dijo ante una pregunta de Ex Ante.
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