La Comisión de Expertos ha tomado un camino arriesgado, pues sin mediar un debate abierto decidió mantener el sistema presidencial. Hay consenso en varias de sus fallas y la Comisión intenta corregirlas, pero no le será fácil pues afectan fuertemente los intereses de los partidos políticos. Reducir la fragmentación será tarea titánica. No es claro quien pudiera liderar esa batalla, por lo que perderla es probable. Por otro lado, no ha habido debate alguno sobre modelos alternativos al presidencial. Esta es una falla importante del debate constitucional, que este proceso comparte con la fallida Convención.
Dos razones sostienen el sistema presidencial. Una es política. Ni la derecha ni la izquierda quieren debatir el tema. Como lo prueba la brevedad del proceso constituyente, una parte de la derecha que arrastra a la otra no quiere cambios significativos en la Constitución y siente que con el sistema presidencial, con su promesa de una autoridad fuerte, los riesgos de soluciones radicales son menores. Esto es evidentemente un error, la prueba es que ni Venezuela, ni Ecuador ni Bolivia pensaron cambiar el régimen presidencial: todos saben que, de ampararse con el cargo de Presidente, la revolución es más factible.
La izquierda, es decir, el Frente Amplio y el Partido Comunista, sienten que durante la Convención les jugó en contra estar divididos en este tema de manera que ahora han decidido ir juntos y ha prevalecido la opción que siempre tuvo el PC: mantener el presidencialismo.
Otra razón es socio-cultural y se basa en una supuesta irremontable dificultad para la ciudadanía de no elegir al Presidente. Pareciera que las chilenas y chilenos tuvieran la necesidad vital de elegir al jefe de Estado. Una objeción a esta idea surge de preguntarnos, ¿para qué elegir al Presidente? ¿Para que haga promesas que no podrá cumplir porque no tiene mayoría en el Congreso?
Una segunda objeción es que, como no hemos debatido alternativas, muchos no saben que hay parlamentarismos en los cuales el Presidente es electo. En Irlanda por ejemplo, hay un Presidente electo directamente por el pueblo y es un sistema parlamentario. El Presidente irlandés, única autoridad electa a nivel nacional, es jefe de Estado, pero no de gobierno.
¿Qué hace el Presidente? Nombra al primer ministro y aprueba el gabinete de mayoría. Puede disolver la Cámara si el jefe de gobierno se lo solicita, o puede negarse a hacerlo, convoca a las Cámaras para plantear temas de importancia nacional y debe firmar todas las leyes. Con mi colega Stefan Voigt hemos publicado en Estudios Públicos del CEP una propuesta para Chile que tiene similitudes con esta.
Una prueba de la relevancia de esta propuesta ha quedado de manifiesto en los últimos días. El Presidente Boric ha señalado que el tema de seguridad es tan grave que es un tema país, por lo que hizo un llamado a no instrumentalizarlo por cálculos electorales pequeños. No es primera vez. En su momento argumentos similares levantaron la Presidenta Bachelet y los Presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Piñera.
En el sistema presidencial ese llamado es probable que fracase porque el jefe de Estado – que tiene autoridad para llamar al orden al sistema político – también es jefe de gobierno – que tiene las dos manos metidas en el conflicto político diario. Hacer lo que pide desinteresadamente el jefe de Estado es visto por la oposición como un triunfo para el jefe de gobierno, que es la misma persona. Estos necesarios llamados a la grandeza republicana en un sistema presidencial tienen un conflicto de interés evidente que le restan eficacia.
El sistema parlamentario con Presidente electo reserva a la figura presidencial el privilegio de ser la única persona electa nacionalmente lo que le otorga una altísima autoridad moral. Esa autoridad es la que puede llamar al orden al gobierno y oposición. Por ejemplo, aun sin ser electo, y por lo tanto en condiciones de mayor debilidad, esto es lo que acaba de hacer el Presidente Herzog en Israel, lo que contribuyó a calmar la estrategia del gobierno y los ánimos políticos.
Con un grupo de colegas hemos enviado al Comité de Expertos una propuesta de articulado con la arquitectura constitucional de un sistema parlamentario de este tipo. Asimismo, hemos propuesto un calendario de transición que dura 6 años, al que se le podría incorporar un plebiscito una vez que se conociera la forma final de la propuesta.
Sabemos que los tiempos son estrechos, pero no habrá otra oportunidad en una generación al menos, para debatir seriamente una reforma de este tipo. Salvo un milagro que reduzca significativamente la fragmentación política –digamos de 22 a 5 partidos con representación parlamentaria– el sistema presidencial será más fuente de riesgos que de oportunidades.
Bueno, salvo para los aventureros que quieran hacerse de la primera magistratura.
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