Han transcurrido varias semanas desde que se anunciaron los indultos que causaron conmoción en la opinión pública, ácidas críticas de todos los sectores políticos, incluyendo al oficialismo, y que profundizaron dramáticamente el abismo entre la figura del presidente y una ciudadanía atónita con la medida.
El gobierno, a la defensiva, ha ofrecido un conjunto de versiones y declaraciones contradictorias, evitando entrar al tema de fondo del por qué de los indultos. Al final terminó responsabilizando a la ministra de Justicia Marcela Ríos, sin que exista claridad sobre cuál habría sido su falta. Aceptada su “renuncia” se transformó en el chivo expiatorio para tratar de calmar a la opinión pública y blindar al presidente.
Por su parte el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, mantuvo firme la “línea” certificando que todos los papeles están en orden, que se ha actuado conforme a derecho y que el presidente tenía todos los antecedentes.
Los indultos evidencian que hay un divorcio (un desprecio) absoluto entre lo que piensa el presidente y la mayoría de los chilenos; y lo que es más grave que a él le importa muy poco. La misma actitud de “illuminati” con que enfrentó la derrota del 4 de septiembre: “las masas” no siempre saben lo que les conviene.
A Gabriel Boric no le “entran balas”. No está en lo absoluto arrepentido de los indultos; aún más está convencido de que hizo lo correcto y dispuesto a pagar el precio de haber tomado una determinación que lo puso en curso de colisión con la abrumadora mayoría de los ciudadanos y una parte de su propia coalición.
A Boric no lo tomó por sorpresa el rechazo a sus indultos. Fue un riesgo calculado, una cuestión ideológica. Prefirió bajar en las encuestas a ser calificado de traidor y “amarillo” por incumplir una de las pocas promesas de campaña que dependen de su sola voluntad. Para él los indultados son “presos políticos” aunque le esté vedado decirlo públicamente.
Así las cosas, tampoco se puede descartar que en el futuro se produzcan nuevos indultos porque ya se cruzó el “Rubicón”; el listado de candidatos es mucho más extenso.
Una vez más el gobierno apuesta a que la “tormenta” pasará y que por ahora ¡Hay que resistir el embate!
Sus objetivos estratégicos siguen siendo los mismos pese al abrumador triunfo del rechazo. El debilitamiento del actual modelo de desarrollo con una economía abierta al mundo donde el sector privado juega un papel fundamental; lo que quedó en evidencia durante las gestiones sobre el TPP11, el rechazo a Dominga, la indiferencia frente a la crisis de las Isapre, la reforma tributaria y la previsional en la que se insiste en que el Estado reciba la totalidad de la cotización adicional del 6%, cuyo objetivo es hacerse del poder económico que significa manejar los fondos de pensiones, que hoy está radicado en los privados.
Algunos creen que Boric planea un giro hacia el centro para evitar el “naufragio” de su gobierno que estaría en “pleno proceso de mutación”, que los indultos habrían sido una especie de compensación, un guiño hacia la izquierda más dura, muy costosa en términos de opinión pública e imagen presidencial pero necesarios.
No hay que hacerse ilusiones. No veo a Boric, ni a su gobierno transformado en social demócrata.
Si así fuese Boric debería manifestarse a favor de que la izquierda compita en dos listas para consejeros constitucionales y no en una sola. Le conviene porque hay muchas personas del rechazo progresista que votarían por el socialismo democrático, pero no por una lista única que incluya a la otra izquierda lo que facilita la captura del voto de centro.
Según un estudio de Pepe Auth, en listas separadas el socialismo democrático más la DC obtendría entre 14 a 16 consejeros, superando al Frente Amplio-PC que quedaría con 8 a 10; y ello sin disminuir la representación total del sector en el consejo.
Sin embargo, el presidente está haciendo todo lo contrario. Se la está jugando por una lista única de toda la izquierda. No quiere que quede en evidencia que el socialismo democrático es mayoría frente al Apruebo Dignidad, pues ello lo obligaría a reconocer una nueva realidad forzando una reestructuración del gobierno, un giro hacia el centro con un ethos socialdemócrata, que él no desea.
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