Es de interés del gobierno (al parecer) que el año 2023 esté marcado por la aprobación de una nueva constitución que lleve la firma del presidente Gabriel Boric. Es una oportunidad para quedar instalado en la historia por un hecho que la inmensa mayoría del país valoraría como la consecución de un nuevo y moderno pacto social.
Lo anterior podría dar salida a una inquietud presidencial que se expuso sin rubor en el acto de homenaje al presidente Aylwin hace algunos días: que Boric y su grupo de líderes estudiantiles hoy en el poder también sean reconocidos por el país en el futuro, como lo son los presidentes cuyas estatuas adornan el entorno del palacio de La Moneda.
Para ello el Presidente ha venido tomando conciencia de la necesidad de flexibilizar sus convicciones y hacer un giro discursivo que lo acerque a los aires que hoy están dominando en la sociedad chilena, lo que se ha venido manifestando reiteradamente en diversas ocasiones y que ha sido recibido con reconocimiento y aliento por distintos sectores no gubernamentales, pero con sospecha y hasta encono por sus partidarios más aguerridos.
Conspiran contra el deseo presidencial de un reconocimiento mayoritario no sólo un discurso extraño al sentido común sino también la muy deficiente gestión de sus equipos ministeriales.
Tras el plebiscito del 4 de septiembre, Boric comprendió que debía modificar el eje político de su gobierno, con resultados que la mayoría juzga positivos. Sin embargo, fuera del comité político de ministras y ministros, la situación deja mucho que desear y estando en las postrimerías del primer año, haría bien en evaluar la ejecución presupuestaria de los ministerios sectoriales, así como la opinión de las partes relacionadas -los llamados stakeholders- con cada cartera.
Conspira también contra estos deseos presidenciales una celebración partisana de los 50 años del golpe de estado de 1973. El amenazante 2023 con recesión e inflación, sin obras públicas ni privadas visibles, con crisis de seguridad, con la educación escolar en graves aprietos, con la migración descontrolada y múltiples conflictos en ciernes, no parece ser el momento adecuado para reivindicaciones que terminen afectando aún más la división o el fraccionamiento entre los chilenos.
La tentación reivindicativa acecha por todas partes a sectores de la izquierda que prefieren culpar a otros antes que ver los propios errores, actitud que es común en quienes conciben la política como un enfrentamiento permanente destinado a cancelar al adversario y en donde los mitos juegan un papel central en la construcción de la propia identidad. Nuestro 11 de septiembre tiene todos los elementos necesarios para una desenvolver y propagar una lectura maniquea de la historia, que deje a unos en el lado de la bondad y a otros en el lado del error.
Por el contrario, el fracaso del proyecto de la Unidad Popular y de la democracia en general que representa el 11 de septiembre de 1973, más que un lugar para reivindicar superioridades políticas o morales, debiera aprovecharse como una oportunidad de reflexión, de autocrítica y de afirmación de los valores democráticos y humanistas que podrían unir a los chilenos y ser la fuente de un nuevo pacto fundante.
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