Hasta ahora mucho se ha hablado del “pacto fiscal”, que no es más que una nueva reforma tributaria para aumentar la recaudación, en un momento macroecómico más que complicado, caracterizado por el bajo crecimiento, contracción económica y una alta inflación.
Cuando hablamos de la brecha de recaudación con respecto a los países de la OCDE, se menciona que con esta reforma se espera recaudar un 4% del PIB. Un número que a varios no les dice mucho, porque la realidad es que se puede vivir tranquilamente sin saber a cuánto dinero corresponde un 4% del PIB. Por lo demás para varios de quienes sí sabemos a cuánto dinero corresponde, nos puede parecer igualmente complicado dimensionar esa cifra.
Suponer que una reforma de estas proporciones no alterará las decisiones de inversión y ahorro de los diferentes agentes o para decirlo de manera algo más elegante que los agentes se mantendrán indiferentes frente a los cambios propuestos es, a mi parecer, algo ingenuo. Los datos de las reformas anteriores, que son muchas, dejan claro que las mismas no son neutras ya que por lo general los agentes tienden a modificar sus conductas ante cambios en las condiciones o reglas de juego.
Es decir, a veces es mejor hablar en simple para que las conclusiones sean más contundentes y claras. Se persigue un aumento de la recaudación del 20% en momentos en que se crean cada vez más empleos informales, la economía se contrae y la inflación supera por lejos la meta del Banco Central. No parece un win-win para todas las partes este 20% adicional que nos reclama el socio.
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