Dos votos le faltaron al gobierno para la ratificación en el Senado de su candidato a Fiscal Nacional, José Morales. Ahora empieza un proceso en el que -a los 4 que Boric desestimó en favor de Morales- se sumará uno de los 12 que quedaron fuera de la quina elegida por la Suprema. Así el Ejecutivo tendrá otros cinco nombres para elegir al Qué nuevo candidato que será sometido al Senado.
El procedimiento. El 22 de noviembre, en el marco de la última vocería de la Corte Suprema, la portavoz del Máximo Tribunal, Angela Vivanco, explicó el proceso a seguir en el caso de que el nombre propuesto por el Presidente Boric -en este caso José Morales- fuera rechazado en el Senado, lo que ocurrió finalmente esta tarde.
- La Cámara Alta deberá comunicarle al Ejecutivo el rechazo del candidato que se eligió desde La Moneda. El Jefe de Estado deberá oficiar a la Corte Suprema pidiendo que se inicie un nuevo proceso para completar la quina con un nuevo nombre, que reemplazará a Morales.
- En seguida, la Suprema deberá citar a un pleno extraordinario a sus integrantes, para completar la quina a la brevedad.
- Los cuatro candidatos a Fiscal Nacional que acompañaron a José Morales en la quina original propuesta al Presidente de la República se mantendrán en carrera. Estos son: Marta Herrera, Ángel Valencia, Carlos Palma y Rodrigo Ríos. Este último anunció que bajaría su candidatura, lo cual, según informaron desde el Ministerio de Justicia, nunca ocurrió oficialmente.
- La Suprema deberá sumar un quinto nombre que reemplace a Morales en la quina. El nuevo candidato que tendrá a disposición el Presidente Boric será elegido entre las otras 12 opciones que no entraron en la quina original: Nelly Salvo, Emiliano Arias, Patricia Muñoz, Karinna Fernández, Esteban Celis, Erika Maira, Juan Agustín Meléndez, Nayalet Mancilla, Iván Pavlov, Cristián Vargas, Ricardo Peña y Eugenio Campos.
- Una vez que la Suprema elija a una opción de las 12 alternativas, esta se integrará a Herrera, Valencia, Ríos y Palma para conformar la quina que será nuevamente enviada al Ejecutivo.
- De ahí, el Presidente Boric deberá elegir su segundo candidato a Fiscal Nacional -luego de Morales-, quien será ratificado o no en el Senado.
Los cuatro candidatos que siguen en carrera para ser Fiscal Nacional -a falta de que la Suprema integre un nuevo nombre- son los siguientes:
Carlos Palma. Fiscal Regional de Aysén. Tiene 46 años y contó con 7 votos de la Suprema para integrar la quina original.
- Estudió derecho en la Universidad de Talca y juró como abogado en 2000. Tiene un magister en criminología de la U. de Concepción.
- En 2001 ingresó al Ministerio Público, donde se especializó en la investigación de delitos sexuales, lavado de activos y crimen organizado. En 2011 asumió como fiscal jefe de Coronel; también fue fiscal adjunto de Concepción y Talca. Encabezó la persecución del caso por la Operación Huracán, en que carabineros acusaron una supuesta asociación ilícita con pruebas que resultaron ser falsas.
- Palma fue una de las autoridades locales invitadas en octubre de 2022 al claustro de Coyhaique realizado por la Corte Suprema, donde se abordó el tema constitucional y en el que participaron los tres poderes del Estado. Estuvieron el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Cámara Diputados y Diputadas, Raúl Soto; la ministra de Justicia, Marcela Ríos, entre otros.
- Fue el penúltimo en exponer frente a la Suprema. “El 55% de las causas del Ministerio Público, se archivan, y en la Región Metropolitana el 69% de las causas se archivan. Esto quiere decir que 7 de cada 10 casos no siguen adelante”, dijo. Agregó que la judicialización en la Región Metropolitana alcanza a un 27%, es decir, no se alcanza a 3 de cada 10 causas.
- Propuso poner la persecución penal como la razón de ser del Ministerio Público; hacer de la Fiscalía un organismo clave en el trabajo mancomunado con las otras instituciones; hacer de la fiscalía una institución inserta en la comunidad, más humana, más empática, y evolucionar a un modelo de gestión basado en la confianza, para producir retroalimentación.
Ángel Valencia. Es ex miembro de la unidad de Reforma Procesal Penal. Tiene 53 años y, al igual que José Morales, obtuvo 17 votos de la Suprema para integrar la quina.
- Estudió derecho en la U. de Chile y juró como abogado en 1996. Tiene un máster en litigio oral del California Western School of Law de Estados Unidos, con especialización en litigación oral. Cursa un doctorado en la U. de Salamanca.
- Es penalista y académico. Desde 2006 se dedica al ejercicio libre de la profesión en el estudio Amenábar & Valencia y es profesor de la Universidad San Sebastián. Entre 2000 y 2002 integró la unidad coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Entre 2002 y 2006 fue fiscal adjunto del Ministerio Público en Valparaíso y la Fiscalía Metropolitana Sur.
- Defendió hasta 2016 al economista Rafel Garay, luego condenado por estafa. También representó el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos, acusado por malversación de fondos en esa institución.
- Fue el noveno en exponer frente al Máximo Tribunal. “Resulta necesario crear una fuerza antidrogas y contra el crimen organizado de carácter supra regional, que empiece a actuar a través de las facultades que entrega la ley orgánica al señor fiscal nacional”, dijo. “Las amenazas y atentados contra jueces, fiscales, autoridades municipales y del gobierno central, parlamentarios, policías, bomberos, atentan contra el sistema democrático y el estado de derecho”.
- También abordó la violencia rural, proponiendo crear un protocolo de acción eficaz con Carabineros y destacando la necesidad de mantener “una relación permanente” con las agrupaciones de víctimas de la zona. Dijo que en la macrozona norte debe realizarse un trabajo análogo.
Marta Herrera. Con 49 años fue la única mujer en integrar la quina propuesta por la Corte Suprema. Obtuvo 9 votos, lo que la convirtió en la tercera candidata con más respaldos.
- Estudió derecho en la U. de Chile y se tituló en el 2000. Llegó en 2001 al Ministerio Público. Actualmente es vocera de la Fiscalía Nacional y jefa de la unidad anticorrupción y coordinadora general de integridad del Ministerio Público. También tiene un perfil académico. Obtuvo un máster en derecho en la California Western School of Law de Estados Unidos y un postítulo en agresiones sexuales. Ha sido docente en diplomados y magísteres de las universidades Católica, de Chile, Finis Terrae, del Desarrollo, además de la Academia de Estudios Policiales de Carabineros.
- Fue la séptima en exponer. “Sin duda la principal demanda y preocupación ciudadana al día de hoy está constituida por encerronas, portonazos y otros delitos contra la propiedad”, dijo en su presentación. “Debemos enfrentarlos fortaleciendo la función de análisis criminal, trabajando sobre el fenómeno con una mirada de mercado delictual (…), esto significa que junto con desbaratar la banda dedicada a los portonazos, debo seguir persiguiendo el mercado de la receptación”.
- “Debemos despersonalizar las investigaciones y hacer carne de una vez eso de ser una sola Fiscalía”, dijo en lo que fue leído como una alusión al afán de figuración de algunos fiscales.
Rodrigo Ríos. Con 44 años fue el último seleccionado de la quina original, con 3 votos. A los días de ser convocado como candidato decidió bajarse de la quina, aludiendo “motivos personales”. Lo cierto es que la renuncia de su candidatura nunca se hizo oficial, según informaron a Ex-Ante desde el Ministerio de Justicia.
- Estudió derecho en la U. de Chile y juró en 2005. Obtuvo un magister en derecho y diplomado en reforma procesal penal en la misma universidad. Actualmente cursa un doctorado en derecho en la U. de Buenos Aires. Ha ejercido como docente en distintas universidades.
- Fue secretario del primer juzgado del crimen de Santiago, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y subdirector de la unidad de cooperación internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional. Participó también del proyecto inocente de la Defensoría Penal Pública. Es fundador de Picand & Ríos Abogados, donde ejerce actualmente.
- Fue el tercero en exponer. Destacó los ataques cibernéticos contra el aparato estatal y la inseguridad generada por los delitos contra la propiedad. “Voy a proponer la creación de una unidad nacional de combate contra el crimen organizado que tendrá su sede en la fiscalía nacional”, dijo. “Requerimos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, así como también el aprendizaje automático de datos”.
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