La última semana ha marcado, finalmente, un giro positivo en el actuar del gobierno en lo relativo a relaciones económicas internacionales.
Por una parte, luego de la reciente visita de una delegación de la Unión Europea a Santiago, se aproxima la conclusión política de la modernización del Acuerdo de Asociación con este bloque, el más completo tratado de todos los que conforman la red de la que goza Chile -la mayor del mundo-, y cuyas negociaciones técnicas se habían cerrado bajo el gobierno anterior. Su conclusión refleja la extraordinaria reputación internacional construida por nuestro país a lo largo de treinta años, pues la Unión Europea ha dicho que este acuerdo es el mejor jamás ofrecido a un país no europeo.
Por otra, a dos semanas de la aprobación del CPTPP, el gobierno dio marcha atrás en la estrategia de cartas laterales que empujaba el subsecretario del ramo, y confirmó que antes de fin de año el tratado será ratificado por el Ejecutivo, con prescindencia del resultado que puedan tener esas gestiones.
El subsecretario, recordemos, había insistido en que dichas cartas era la manera de que Chile “se subiera” a un debate sobre mecanismos de solución de controversias, un tema demasiado académico para la ciudadanía y la prensa en general como para dar réditos al gobierno, y demasiado menor para calmar la frustración de Chile sin TLCs, grupo cercano al Presidente. Hay que destacar que documentos de la SUBREI de años previos muestran que otras administraciones ya eran parte del debate en cuestión y examinaban medidas para el desarrollo del área, como la propuesta europea de la creación de una corte permanente para tratar disputas Estado-inversionista.
En este giro, hay dos pronunciamientos que vale la pena subrayar.
Uno, del Presidente Boric, quien un poco atrasado de noticias, reconoció finalmente que el CPTPP “es el tercer acuerdo comercial con más relevancia en el mundo, en términos de la economía de los países que son parte”, y que los reparos que existían al respecto “han variado” a partir de la salida de Estados Unidos, hecho que (¡hace cinco años!) alivió “aspectos que eran más críticos para nosotros”. En su encuentro con la SOFOFA, el Presidente dijo que la ratificación ocurrirá prontamente.
Otro, el de la Canciller, quien reveló que a su juicio “no creía que estas cartas lograran mucho”. El punto sugiere que el subsecretario, en el intento de alterar tardíamente un tratado que funciona exitosamente hace cuatro años, habría tenido el apoyo de La Moneda pero no el de la ministra. Aunque la opinión pública no ha conocido las famosas cartas ni lo que ellas podrían haber ofrecido a cambio de la alteración buscada, el compromiso de una ratificación a todo evento minimiza su valor.
Considerando especialmente que según el FMI Chile será la única economía de América Latina y el Caribe en anotar una contracción del PIB el próximo año (de 1,3%), el que estos dos acuerdos pasen a aplicarse prontamente debería apuntalar la reactivación económica que Hacienda persigue.
No obstante, existe un factor que puede dificultar la inversión extranjera que tanto necesitamos.
Según sondeos de opinión, la percepción de temor ante la delincuencia ha llegado a su nivel más alto en los últimos 22 años. La lucha contra la delincuencia es considerada como el deber prioritario del gobierno y los inversionistas, nacionales y extranjeros, sin duda piensan parecido. Están preocupados por la seguridad de sus empleados e instalaciones, el impacto del crimen en la logística, en proveedores y consumidores, y los desafíos que plantea la ciberseguridad.
Estudios empíricos documentan el impacto negativo de la delincuencia en las variables económicas, como el PIB per cápita, las horas trabajadas y la productividad laboral. Respecto de la inversión extranjera directa, estudios técnicos hechos en distintas latitudes dan cuenta del impacto de la criminalidad: en aquellas zonas con mayores cifras de homicidios, robos y otros tipos de delitos violentos, los flujos se ven afectados de manera estadísticamente significativa.
El due diligence de potenciales inversionistas extranjeros deberá entonces considerar el ambiente de inseguridad de Chile de un modo que antes no se requería. Y aquellos ya presentes en el país, si bien es posible que no suspendan operaciones, deberán incrementar la proporción de su presupuesto operativo destinado a seguridad, considerando incluso la reubicación de instalaciones.
Nuestros tratados sin duda son valiosos. Enriquecen relaciones bilaterales, fijan estándares comunes, potencian el intercambio, estimulan ciertos sectores productivos, y proporcionan seguridades en caso que hayan conflictos. Pero la razón más crucial por la cual los inversionistas son atraídos no son estos acuerdos, sino el hecho que el país receptor de inversión es uno de autoridades razonables, de gente que cumple su palabra, y donde la policía y justicia locales operan para solucionar problemas. El mayor activo de un país es el Estado de Derecho. Y la delincuencia y la impunidad están socavando, frente a nuestros ojos, esta cultura de respeto a la ley.
En el diseño de la estrategia para combatir el problema número uno del país, La Moneda debe considerar que la inseguridad afecta los esfuerzos hechos para la reactivación económica, incluyendo los beneficios que podríamos obtener de tratados que tanto ha costado concluir.
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