Y ahora, ¿qué? Por Bernardo Larraín

Los integrantes del Consejo harían bien en cambiar rápido del modo campaña al modo constitucional, y acometer un esfuerzo inicial de reconexión de la ciudadanía con los temas que son realmente del ámbito de una Carta Magna, con un enfoque didáctico para explicar por qué sí tienen un rol fundamental en habilitar las soluciones a los problemas de la gente.

Una vez más, un ejemplar día electoral. 13 millones de ciudadanos fueron a las urnas a elegir los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Éstos, con un gran piso de legitimidad, tendrán la responsabilidad de llevar a buen puerto este segundo intento constitucional y enfrentar dos riesgos relevantes: la desconexión de la ciudadanía y la polarización de contenidos.

La desconexión de la ciudadanía reconoce dos fuentes. La estridencia de la Convención Constitucional anterior y el contenido refundacional que propuso hizo buena parte de la pega. Luego la violencia, la inmigración desbordada, la inflación y la debilidad en el empleo, cuyas consecuencias sufren tantos chilenas y chilenos, han hecho parecer la discusión constitucional como lejana y abstracta.

Y el riesgo que esta desconexión devenga en rabia, no es menor. Porque las promesas que muchos candidatos hicieron en campaña chocarán con los temas que son realmente competencia del ámbito constitucional: los contornos del estado social de derecho, el sistema político-electoral, la estructura del Estado y el marco general para el uso de nuestras riquezas naturales, entre otros.

La polarización de contenidos, por su parte, se anticipa en diversos ejes. Entre los contenidos propios de una Constitución y aquellos del ámbito de las políticas públicas; o entre un Estado Social de Derecho entendido como una garantía de piso mínimo común coherente con una provisión mixta de derechos sociales, y uno donde el Estado no sólo tiene un rol articulador y regulador, sino que de prestador preferente. Las 12 bases constitucionales no son suficientemente precisas cómo para contener esta polarización.

Los integrantes del Consejo harían bien en cambiar rápido del modo campaña al modo constitucional, y acometer un esfuerzo inicial de reconexión de la ciudadanía con los temas que son realmente del ámbito de una Carta Magna, con un enfoque didáctico para explicar por qué sí tienen un rol fundamental en habilitar las soluciones a los problemas de la gente. La Comisión de Expertos y el Comité de Admisibilidad, respetando la autoridad del Consejo, deberán seguir integrando la técnica, trascendiendo la contingencia y velando por el cumplimiento de las bases constitucionales. Finalmente, desde la sociedad civil organizada debemos acompañar –desafiando y enriqueciendo- este segundo intento constitucional para colaborar a que se reconecte con la ciudadanía y llegue a buen puerto.

Y estos roles deben desplegarse al menos en los siguientes ámbitos esenciales:

Un rediseño del sistema político electoral es imperativo para que nuestra democracia retome la capacidad para acordar reformas que enfrenten los problemas de la gente. Será necesario desafiar esa narrativa que argumenta que los problemas de nuestra democracia se deberían a las personas que hasta ahora la han conducido y no a los diseños institucionales que la enmarcan ni a los cambios sociales que la desafían. Quienes así argumentan soslayan que en todos los países del mundo las democracias están desafiadas a evolucionar en sus instituciones para adaptarse a un nuevo contexto social -crispado, volátil y participativo- para evitar el riesgo de transformarse en autocracias, es decir, sistemas políticos donde un grupo de personas asumen el poder con débiles contrapesos institucionales, o en democracias directas totalmente disfuncionales.

Un rediseño de la estructura de nuestro Estado es fundamental para que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos ofreciéndole servicios oportunos y de calidad.  En este caso será necesario desafiar planteamientos troyanos como aquellos en que, detrás de necesarias propuestas de descentralización, se esconden maneras de aumentar la captura por parte de la política de la mayor cantidad de espacios del Estado posibles. Y también será menester enfrentar esa inclinación de ser generalistas y vagos en la manera como la Constitución mandata una modernización del Estado, para propiciar en cambio que el nuevo texto separe con nitidez y precisión el ámbito de la administración pública -que debe ser profesional, técnico y meritocrático- del ámbito del gobierno y sus funcionarios de confianza, que debe tener contornos constitucionales muchos más estrechos y exigentes.

Un estado social de derecho que compatibilice la garantía de una base común de derechos sociales con una participación diversa –Estado, sociedad civil y emprendimiento– en las prestaciones que dan vida a los derechos sociales. En este caso será necesario desafiar tanto a quienes quieren darle al Estado un rol preferente en las prestaciones de derechos sociales, marginalizando constitucionalmente el rol de la sociedad civil y del emprendimiento, como a quienes pretenden instalar como único precepto constitucional la libertad de elección de los ciudadanos marginalizando el rol del Estado como garante de esa base común de derechos sociales. También será necesario desafiar a quienes pretenden dejar escrito en piedra el cómo se diseña y evoluciona esa base común de derechos sociales, para judicializar su cumplimiento y desplazar el irremplazable rol del gobierno y el Congreso para ir progresivamente adecuándola según el desarrollo del país.

Un marco general que habilite el uso sostenible de nuestras riquezas naturales para un mayor desarrollo económico y social.  En esto hay que hacerle frente a un minimalismo constitucional que sólo consagre lo obvio: que hay bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos y que deben pertenecer a la Nación toda, y que corresponde a la ley determinar cuáles pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Bajo esta concepción serán mayorías simples las que determinarán que bienes son concesibles y cuales no, lo que permite, por ejemplo, mantener esa discriminación absurda consagrada el año 1979 que, sólo hace no concesible al litio junto a otros dos minerales, basado en una argumentación de Guerra Fría que hoy es anacrónica. En coherencia con la libertad de emprendimiento y un principio de no discriminación, la Constitución debiera establecer como regla general que esos bienes son concesibles a empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones y que la ley podrá establecer limitaciones para resguardar su rol ecológico y social, bajo un principio constitucional de desarrollo sostenible.

Finalmente, debemos asumir un aprendizaje más: no podemos dejar que el proceso constitucional monopolice toda la energía de la política. En paralelo debemos enfrentar con decisión, a través de políticas públicas y escalando iniciativas privadas, los desafíos que marcan el Chile de hoy: delincuencia, inmigración, el terremoto educacional, la paralización de la economía y del empleo formal, la disfuncionalidad del Estado, entre tantos otros. Lo que viene es caminar y mascar chicle, con mucha responsabilidad y rigor para que esta vez no se defrauden las expectativas ciudadanas.

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