Ciertamente una de las características esenciales de un sistema electoral transparente y democrático es que las normas que lo rigen sean conocidas de antemano, de manera que la tentación de modificarlas en función de un beneficio inmediato de tal o cual, sea frustrado de inmediato.
Los regímenes autocráticos y populistas han sido sumamente creativos para esquivar o directamente modificar las normas que impedían consagrar sus propósitos, y también prolíficos en la intervención de los sistemas electorales para asegurar a los gobernantes ventajas competitivas, a veces escandalosas. Están a la vista los casos de Evo Morales en Bolivia que exigió su “derecho humano” a la reelección cuando la Constitución y un plebiscito sobre el tema se lo impedían; están las manidas elecciones venezolanas donde se cancelan oponentes impidiéndoles presentar sus alternativas o se reproducen cédulas de votación que más parecen entradas al circo, con la fotografía del tony principal reproducida ad nausea.
Pues bien, en Chile nos creíamos libres de tales experimentos. Nos sentíamos seguros de nuestro sistema electoral, ejemplo mundial decíamos, donde las reglas son tan claras y conocidas que hasta un dictador tuvo que reconocer su derrota en un plebiscito y entregar el poder.
Festejamos que a las pocas horas de concluida la votación, los resultados se publican y jamás se discuten o se niegan, como ocurre en muchos países de nuestra región; no hay acusaciones de fraude como por ejemplo se inventó en el mismo Estados Unidos por parte del ex presidente Donald Trump.
¿Será esta hermosa tradición democrática, que otorga el derecho y la obligación al voto igualitario, secreto e informado, a todos los electores como reza la Constitución, una historia que ya forma parte del pasado?
Es esto, ni más ni menos lo que está en el debate en estos días. Lo grave de la iniciativa de los parlamentarios socialistas y frente amplistas -a lo que parece estar sumándose el gobierno- no es que le quieran quitar la multa al voto obligatorio -convirtiéndolo de hecho en voluntario- o con discursos xenófobos excluir a los extranjeros avecindados legalmente en el país, sino que intenten hacerlo entre gallos y medianoche a escasos días del cierre de las inscripciones de las candidaturas para Gobernadores, Consejeros regionales, Alcaldes y Concejales.
En otras palabras, se puede discutir, como de hecho se ha hecho varias veces, si el voto debe ser solo un derecho o también una obligación; también es razonable debatir si los extranjeros deben tener ese derecho y obligación en todas las elecciones y plebiscitos que se realicen o debe ese derecho estar limitado a elecciones locales o regionales, como ocurre en otras latitudes. Son controversias razonables en una democracia, pero se deben abordar lo más alejadas posibles de un evento electoral para que las propuestas no sean sospechosas o francamente obscuras y maliciosas.
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