Los partidos de Chile Vamos, a raíz del indulto presidencial a 12 condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social y un miembro del FPMR, decidieron retirarse de la mesa que discutía una agenda de seguridad pública impulsada por la ministra del Interior.
La reacción opositora puede explicarse por el hecho que la iniciativa presidencial dejó a la ministra Tohá literalmente “colgada de la brocha”. Es decir, dada la señal política entregada con el indulto a días del cierre del acuerdo, el Presidente dejó a su ministra sin el piso necesario para negociar y acordar una agenda en el ámbito del orden público, la lucha contra el crimen organizado y la seguridad pública.
Sin embargo, Chile Vamos parece “pasarse de rosca” de acuerdo con lo tratado en una reunión telemática de los dirigentes de los partidos integrantes de esa coalición. Sus acuerdos constituyen un desconocimiento completo de las atribuciones exclusivas del ejecutivo, insinuando llevar el poder de los parlamentarios a un nuevo nivel, que solo augura nuevos y más graves problemas políticos que alejarían al gobierno y al propio Parlamento de las preocupaciones ciudadanas.
En efecto, los dirigentes opositores junto con reiterar su salida de la mesa de negociaciones de la ministra Tohá, acordaron impulsar una serie de medidas notablemente ajenas a sus atribuciones, entre las que se destacan buscar decretar el estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte, crear la defensoría de las víctimas, dotar a los municipios de capacidades para el combate contra la delincuencia y aplicar mecanismos de no pago de impuestos territoriales a quienes tengan sus bienes raíces ocupados ilegal o violentamente.
Todas estas iniciativas y otras se discutían en el marco de la mesa de negociaciones gobierno-oposición y, de acuerdo con versiones de prensa, estaban razonablemente bien encaminadas. Otra cosa es que se pretenda, desde el Parlamento, crear estados de excepción, decidir gasto público o exceptuar pagos de impuestos. Si esto ocurriera el enfrentamiento entre poderes del estado sería inevitable, con gravísimas consecuencias para la gobernabilidad del país.
Podrá no estarse de acuerdo con las razones que tuvo el presidente Boric para indultar a personas condenadas por actos de violencia, o como lo ha hecho Carlos Peña discutir las pésimas razones invocadas para ello, pero no puede cuestionarse su atribución constitucional para hacerlo, y evidentemente este hecho apegado a las normas que rigen, no debiera ser excusa para internarse en un campo de consecuencias tan negativas como el parlamentarismo de facto.
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