¿Tiene destino la negociación constitucional? Por Sergio Muñoz Riveros

Es improbable que la elección de otra convención sea vista con simpatía por los ciudadanos. Muchos no entenderán por qué se repite la historia y tendrán la impresión de que es algo que solo les interesa a los políticos.

No es claro qué resultará de la negociación de los partidos en torno a la cuestión constitucional. El viernes 4 de noviembre, los presidentes del Senado y la Cámara informaron que se había producido un acuerdo para formar un “comité técnico de admisibilidad”, que estará integrado por 14 juristas especializados en estudios constitucionales, y cuyos nombres serán propuestos por la Cámara y deberán ser aprobados por el Senado. Este órgano velará por el cumplimiento de los 12 puntos acordados por los partidos como “bases constitucionales”. La mayor parte de esos puntos se encuentran, con ligeras variaciones, en el texto de la Constitución vigente.

Las novedades son la definición de Chile como un “Estado social y democrático de derechos”, y una formulación que rebate directamente la noción de plurinacionalidad: “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. En los hechos, el comité de juristas funcionará como una especie de “contraloría constitucional”, que supervigilará que una nueva convención no se aparte del marco que establecieron los partidos.

No está definido si dicho comité podrá actuar de oficio o no en caso de vulneración de alguno de los 12 puntos, si los parlamentarios podrán recurrir a él si lo estiman pertinente, o si una fracción de los propios convencionales podrá hacerlo.

Aunque los negociadores sostienen que el requisito para el nombramiento de los juristas será su excelencia profesional o académica, es mejor no creer que se va a establecer una conexión con un imaginario mundo de la ciencia pura. Los juristas serán nombrados por los partidos representados en el Congreso, que no dejarán de considerar también su perfil ideológico o político.

Sería un error creer que este órgano permitirá resolver “técnicamente” asuntos sobre los cuales los principios jurídicos no pueden concebirse al margen de los criterios propiamente políticos sobre la organización de una democracia moderna.
No hay ninguna señal de que los negociadores vayan a ponerse de acuerdo sobre las características de una nueva convención, o sea, cuántos integrantes tendrá, con qué sistema electoral serán elegidos, si habrá escaños indígenas, etc.

Lo más importante será, por supuesto, determinar cuáles serán las atribuciones de la convención y si, al término de su labor, el Congreso adoptará las decisiones finales sobre el texto, antes de someterlo a plebiscito. No se sabe si el Ejecutivo quedará al margen de todo, o podrá ejercer su poder de veto.

Este proceso no es la continuidad del primero. Está sujeto a la aprobación de una nueva reforma constitucional por parte del Congreso. La pregunta obvia es ¿por qué el Congreso no usa sus facultades y prepara una propuesta de nueva Constitución o propone reformas específicas a la que está vigente? Si la preocupación es que los puntos acordados se cumplan, en el Congreso estarán quienes pueden responder directamente por su firma. Eso no se contradice con el apoyo de los expertos. Sería valioso salir de este enredo haciendo funcionar las instituciones.

Es improbable que la elección de otra convención sea vista con simpatía por los ciudadanos. Muchos no entenderán por qué se repite la historia, y tendrán la impresión de que es algo que solo les interesa a los políticos. Incluso, no debe descartarse que tome cuerpo una campaña en contra de su realización, fundada en los datos sobre los cuantiosos recursos gastados por el Estado en la primera convención.

Todos los partidos tienen dudas respecto del estado en que se encuentran para enfrentar una elección cercana. En marzo, por ejemplo. Los más preocupados son, naturalmente, los oficialistas. La agitación constitucional ya no rinde como antes del 4 de septiembre, y no hay espacio para ilusionarse con una revancha. Quizás a eso se refería Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (que integra Apruebo Dignidad) cuando afirmó: “Creemos, como FRVS, que este momento constituyente ya no existe, que se perdió la energía o la necesidad de responder con una nueva Constitución como en 2019”.

Si hubiera una elección de convencionales, ¿qué partidos podrían resultar beneficiados? Difícilmente, el PC y el Frente Amplio. Y sería ilusorio también que el PS y el PPD esperaran buena cosecha. El contexto de dificultades de La Moneda no les ayudaría en ningún caso. Los que podrían tener mejores expectativas son los partidos que apoyaron el Rechazo, como ya lo muestran las encuestas que favorecen a Republicanos, al PDG y Amarillos. ¿Cómo les iría a los partidos de Chile Vamos? Dependería de la percepción de los ciudadanos sobre cuánta conciencia tienen esos partidos de las reales urgencias, y ciertamente de cómo salgan parados de una negociación que es confusa para la mayoría. Quizás, la cuestión constitucional no deja ver el bosque. Ojalá que los partidos no pierdan de vista el interés nacional, que es lo que puede ocurrir si se empeñan en sacar pequeñas ventajas a cualquier precio.

Hay que ayudar al país a recuperarse del largo período de convulsiones y confusiones que le han causado tanto daño. La estabilidad y la gobernabilidad son decisivas.