Tras más de una década de exposición mediática, muchos ya habían dictado su propia sentencia antes de que se presentaran las pruebas. El caso vuelve a poner al centro del debate el deterioro de la confianza pública en la justicia y las razones de la dificultad de la ciudadanía en distinguir entre la verdad jurídica y la verdad emocional.
Verdad jurídica versus verdad emocional. El veredicto absolutorio que dictó el Tribunal Oral Penal a favor de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira en el caso SQM cayó como un balde de agua fría para buena parte de la opinión pública.
- Su recepción, marcada por el escepticismo, deja al descubierto el choque entre la “verdad judicial” y la convicción irreversible de muchos ciudadanos que, tras más de una década de exposición mediática, ya habían dictado su propia sentencia.
- La contundencia del fallo solo podrá evaluarse con precisión cuando se conozca su texto íntegro. No obstante, la fiscalía aún podría recurrir de nulidad, lo que parece probable si se considera la dureza con que los jueces cuestionaron su desempeño.
- Más allá del resultado procesal, el caso vuelve a situar en el centro del debate el deterioro de la confianza pública en la justicia y la dificultad de distinguir entre verdad jurídica y la verdad emocional que se instala en la agenda mediática
- Para el ex fiscal Carlos Gajardo, el veredicto absolutorio en SQM es el punto final de una historia de impunidad que empezó 10 años atrás en la propia Fiscalía y en el SII, orquestada transversalmente por los políticos, que demostraría lo difícil que es que la ley se aplique por igual para todos.
- Cuando estalló el caso, el país quedó conmocionado. Por primera vez se destapaban los mecanismos y redes de financiamiento ilegal de la política con nombres y apellidos. Exministros, parlamentarios, asesores y empresarios, involucrados en un sistema que desnudaba la connivencia entre el poder económico y político.
“Tribunales morales”: Los noticieros abrieron con titulares de “corrupción transversal”, los programas de debate se convirtieron en tribunales morales.
- En redes sociales, la furia fue instantánea: todos parecían culpables antes incluso de que se presentaran las pruebas. Se instaló una suerte de “presunción de culpabilidad”, la política entera era un negocio turbio, un sistema podrido que merecía ser barrido. Se pedían las penas del infierno.
- Enríquez-Ominami y Longueira se transformaron en símbolos opuestos de una misma crisis: el primero, representante de la izquierda. El segundo, ícono de la derecha popular y doctrinaria. Dos figuras de mundos distintos, unidas por un mismo estigma.
- Ambos vieron sus carreras destruidas antes de ser juzgados, en un escenario donde la demanda social de castigo era más poderosa que la presunción de inocencia.
- Once años después llega el fallo absolutorio, en el que el tribunal formula durísimos reproches a la fiscalía incluyendo la falta de pruebas; la responsabiliza directamente en la prolongación excesiva de la investigación y del juicio, acusándola de haber afectado gravemente los derechos de la defensa y las garantías a un debido proceso, de solicitar cautelares abusivas que hicieron que los imputados hubiesen estado con su libertad restringida por un plazo superior al de la pena contemplada para los presuntos delitos cometidos.
- También hay un cuestionamiento de los jueces a lo que estimaron una persecución penal selectiva del Ministerio Público y del SII, que no procedió de la misma forma con otros implicados, insinuando que hubo ensañamiento
Desconfianza. Se suponía que este fallo contribuiría a restaurar, en parte la confianza en la justicia. Pero está sucediendo lo contrario, porque se cuestiona la imparcialidad y competencia de la fiscalía y la sociedad que los condenó a priori hace más de una década no está dispuesta a creer en su inocencia.
- Detrás de esa incredulidad hay un fenómeno más profundo: el descrédito cultural y mediático de la justicia, alimentado por años de farándula judicial, filtraciones selectivas y cobertura sensacionalista y el impacto tremendo de casos emblemáticos como el del abogado Hermosilla.
- La opinión pública se acostumbró a “consumir” los casos como series policiales, con héroes y villanos definidos de antemano. Así, cuando la justicia contradice el guion, el veredicto es cuestionado y repudiado.
- Se desconfía de fiscales y jueces, reafirmando la propia indignación. Y como nadie quiere admitir que se equivocó, el fallo se percibe no como un acto de reparación, sino como una maniobra de impunidad
- Si la sociedad no cree en los jueces cuando absuelven, ni en los fiscales cuando acusan, ni en los medios cuando informan, ¿en qué cree realmente? En la emoción, en la rabia, en la intuición de que “algo turbio tiene haber”.
- Es el triunfo del juicio “moral” sobre el juicio jurídico. Por eso, aunque Ominami y Longueira resulten inocentes ante la ley, seguirán siendo culpables para muchos, porque el linchamiento mediático tiene la cualidad de ser muy difícil de revertir.
- Esto ocurre cuando, por razones políticas o mediáticas, se sobredimensiona un caso y se instala en la opinión pública la expectativa de un castigo ejemplar, casi redentor.
- La ciudadanía, bombardeada por versiones parciales y titulares grandilocuentes, termina convencida de que enfrenta un delito mayúsculo y de que la justicia tiene la obligación de “dar el golpe”.
- Sin embargo, a medida que el proceso avanza y los hechos se revelan menos graves de lo que se afirmó, o simplemente no constituyen delito, la frustración aumenta y deviene en indignación contra los jueces y las instituciones.
- Esta brecha entre las expectativas y la realidad es una de las principales fuentes del descrédito del sistema de justicia, que está entre las instituciones peores evaluadas. Porque cuando dejamos de creer en ella la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales; el respeto irrestricto al principio de igualdad ante la ley.
Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.
Publicaciones relacionadas
