Si gana el Apruebo seremos el paraíso de los abogados. Por Ricardo Brodsky

¿Y si gana el apruebo? Celebrarían, con razón y la soberbia característica los militantes y líderes del frente amplio. Los comunistas, siempre más sobrios, confirmarían el diseño de política institucional (…) Los partidos del socialismo democrático insistirán en la necesidad de hacer reformas inmediatas al texto (…) Al otro lado, vendrán los viudos de la constitución del 80 con discursos catastrofistas alertando sobre el fin de la chilenidad (…) Desde los amarillos y disidentes de la centro izquierda, vendrán las grandes preguntas sobre el camino escogido y el curso por escoger.

El gobierno, parlamentarios de todas las layas, los analistas políticos y hasta las personas comunes se está poniendo en el escenario del rechazo a la propuesta constitucional de la Convención. Desde el oficialismo se exige a la derecha que se pronuncie sobre el camino a seguir, el socialismo democrático ya prepara detallados planes para la continuidad del proceso constituyente; Apruebo Dignidad, con más resistencias, se suma a las especulaciones discutiendo cómo se integraría una futura Convención o Asamblea.

Pero, ¿qué pasaría si gana el Apruebo?

Desde luego el primer resultado serían las celebraciones de los ex convencionales que verían ratificada por la ciudadanía la calidad de su labor y la comunión de su performance constitucional con los deseos mayoritarios del pueblo chileno. También celebrarían, con razón y la soberbia característica, como un nuevo triunfo en su despliegue ascendente en la política chilena los militantes y líderes del frente amplio. Los comunistas, siempre más sobrios, confirmarían el diseño de política institucional que les permitió ser protagonistas en un proceso al que original y paradojalmente no concurrieron. Los partidos del socialismo democrático insistirán -cada minuto con menos legitimidad- en la necesidad de hacer reformas inmediatas al texto aprobado por dos tercios de la convención y ratificado por un plebiscito histórico.

Al otro lado, vendrán los viudos de la constitución del 80 con discursos catastrofistas alertando sobre el fin de la chilenidad y quizás, si se puede, auscultando las posibles inversiones inmobiliarias en La Florida. Desde los partidos de la derecha buscarán afirmarse en las promesas de reformas y en la certeza que desde el congreso nacional aún vigente se podrá atemperar la nueva norma fundamental. Desde los amarillos y disidentes de la centro izquierda, vendrán las grandes preguntas sobre el camino escogido y el curso por escoger.

Pero más allá de las reacciones emocionales, lo que es cierto es que una vez publicada la Carta, comenzarán a regir las disposiciones transitorias que ordenan al gobierno y al parlamento aprobar un conjunto de leyes -de esta lista no exhaustiva- en plazos perentorios:

• Seis meses para presentar el proyecto de ley que crea el “órgano encargado de recopilar y sistematizarla información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales” para regiones y territorios.
• Al cabo de un año se deberá “adecuar la legislación electoral a esta Constitución” e “iniciar el trámite legislativo para regular la creación y actualización del Registro Electoral Indígena”. También el gobierno deberá en el mismo plazo iniciar la consulta indígena Rapa Nui para elaborar su estatuto de autonomía. Asimismo, en ese año, se “convocará a dos consultas vinculantes e independientes entre sí” en Chiloé y el interior de la región de Valparaíso. También deberá crear en ese plazo la Comisión Territorial Indígena, a cargo de la reparación y restitución de las tierras indígenas. El proyecto para crear la Agencia Nacional del Agua, los consejos de cuenca y la adecuación normativa para los derechos de agua tiene el mismo plazo. También el proyecto de ley para crear el Consejo de la Justicia debe ingresar al parlamento en ese plazo.
• Al cabo de dieciocho meses, el gobierno presentará un proyecto sobre garantías y protección integral de la niñez y otro que adecúa la legislación laboral a las normas de la Constitución.
• Al cabo de dos años deben dictarse las leyes y reglamentos para el territorio especial de Juan Fernández y “el Congreso Nacional deberá tramitar los proyectos de ley que establezcan tributos de afectación territorial” así como “las normas legales que regulen los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales”. Asimismo, en dicho plazo el gobierno ingresará un proyecto de ley sobre vivienda digna y ciudad así como el que crea la Defensoría del Pueblo.
• En plazos que van desde los doce, dieciocho y veinticuatro meses, el gobierno debe presentar los proyectos para la creación del Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados, el Sistema Nacional de Salud y los sistemas Nacional de Educación y el Sistema de Educación Pública, además del Sistema Integrado de Suelos Públicos respectivamente.
• A los tres años, se debe implementar una política para la restauración de suelos y Bosque Nativo y la ley para establecer los Tribunales Administrativos y un proyecto de ley sobre Patrimonio cultural.

Todo esto, sin considerar la necesidad de contar con Estatutos regionales y comunales y fijar normas para las distintas entidades públicas y territoriales que se crearán en los plazos señalados.

Seremos, por varios años, el paraíso de los abogados.