Rodríguez Elizondo y demanda marítima: “La plurinacionalidad chilena, con sesgo indigenista, le puede proporcionar una nueva estrategia a Evo Morales”

El experto en relaciones internacionales y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, José Rodríguez Elizondo, dice que “la diplomacia chilena no tiene el nivel de profesionalidad que exige su historia, la configuración geopolítica del país y el estatus de otras diplomacias de la región”.

–A los pocos días de asumir, Gabriel Boric instó a tener relaciones diplomáticas con Bolivia, pero el presidente boliviano Luis Arce dijo que solo eran posibles si se solucionaba la demanda marítima. ¿Se apuró el presidente chileno? 

-Es una prisa recurrente. Cada Presidente que llega trata de tener la mejor relación diplomática con sus vecinos y choca con que esa relación ni siquiera existe con Bolivia. Entonces, trata de restablecerla y empieza a repetirse una vieja historia: Primero, su homólogo boliviano le dice que, encantado, siempre que le ceda una salida soberana al Océano Pacífico. Segundo, nuestro gobernante responde que solo podría hacerlo por Arica, para no cortar nuestro territorio… pero que antes tendría que ponerse de acuerdo con su homólogo peruano. Tercero, le explica lo que cualquier diplomático boliviano sabe: Arica antes era territorio del Perú y el tratado chileno-peruano de 1929 dispone que no se puede ceder a una tercera potencia sin previo acuerdo mutuo. Cuarto, agrega el chileno  que, a partir de ese tratado, Chile y el Perú consolidaron su continuidad territorial y, por tanto, la aspiración boliviana plantea un tema trinacional. Quinto, el gobernante boliviano denuncia la insolidaridad de Chile y la relación bilateral queda peor que antes.

-¿Y por qué eso no se dice así de claro?

-Porque hablar claro no es una especialidad diplomática o porque la ambigüedad parece útil en términos de comunicación al pueblo propio. En este caso específico, el efecto ha sido deplorable, pues los pueblos de Bolivia consolidan el irredentismo que les viene de la enseñanza y algunos de sus gobernantes tratan de internacionalizar el tema dentro y fuera de la región. Evo Morales fue más allá, desconociendo el tratado de 1904 en la Constitución de 2009, judicializando su “derecho irrenunciable” a territorio y mar chileno e incluso llegando a la amenaza de “recuperación” violenta.

-¿El fallo de la Corte Internacional de Justicia no terminó entonces con el problema?

-No y era previsible. Hay conflictos que exceden las posibilidades del Derecho. Tiene que haber voluntad política, capacidad negociadora y excelencia diplomática para que los tratados de límites sean realmente “intangibles”. En ese sentido, no podemos desconocer una gran falencia propia. Hace más de 20 años, el excanciller Carlos Martínez Sotomayor la explicó diciendo que Chile solía cometer un error estratégico: “crear expectativas infundadas en Bolivia más allá de lo que le era posible hacer respecto al tema marítimo”.

–La Convención Constituyente ha definido al país como plurinacional, con autonomías territoriales. ¿Esto puede favorecer la salida al mar de Bolivia?

-En lo principal, las tesis sobre la plurinacionalidad que están aplicando nuestros convencionales  son tributarias del pensamiento del boliviano Álvaro García Linera, exvicepresidente de Morales. Derrotados judicialmente ambos, en La Haya, hay indicios de que la plurinacionalidad chilena, en trámite, con sesgo indigenista, les puede proporcionar una nueva estrategia. Por algo, Morales ha felicitado a los convencionales que aprobaron la norma, al igual que Luis Arce, el presidente boliviano incumbente. De paso, esto permitiría que Morales trate de recuperar su liderazgo nacional y proyectarlo a lo supranacional.

-Usted escribió que la plurinacionalidad chilena se enmarcaría en el proyecto de una América Latina Plurinacional, liderada por Evo Morales, bajo el logo Runasur. ¿Qué significa este proyecto y cuáles son los riesgos para Chile?

-Runasur es un proyecto de Morales que fue denunciado, en diciembre pasado, no por mí, sino por los más prestigiosos diplomáticos del Perú. Se trata de un diseño geopolítico transnacional, que desconsidera a los Estados soberanos y que el expresidente boliviano quiso inaugurar, simbólicamente, en el Cusco. Debido a la denuncia el evento fracasó y una comisión del Congreso peruano declaró a Morales “persona non grata”. Según los diplomáticos denunciantes, el proyecto atentaba contra “nuestra independencia, soberanía y dignidad” y se proponía “desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia soberanía al Pacífico y así conformar una  nación aymara como extensión territorial boliviana”. Poco después, el presidente peruano Pedro Castillo adhirió en pantalla (CNN española) al lema boliviano “Mar para Bolivia” y esto produjo conmoción interna, pues se dedujo que estaba ofreciendo mar peruano. Su vicepresidenta Dina Boluarte debió explicar que no se trataba del mar peruano sino del chileno. Notabilísimo.

–El Diario de Bolivia advierte que La Paz tiene poca chance en los alegatos orales por el Silala, que se iniciarán a partir del 1 de abril en La Haya, donde está la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ¿Cómo se avizora esta contienda? 

-Entiendo que el gobierno boliviano dejó de negar que el Silala sea un río internacional, que es la tesis de Chile en su demanda. Se trata de un asunto eminentemente técnico y factual, más allá de lo cual no deseo especular.

–Por otra parte, usted ha abogado por la defensa de la carrera diplomática, por una cancillería profesional. ¿Qué le parecen los nombramientos que han trascendido de Bárbara Figueroa en Argentina, Depolo en Brasil o Javier Velasco en España?

-No personalizaré, pues eso siempre desvía de lo fundamental. Lo importante. aquí, es algo que he planteado académicamente en mi cátedra y en mis libros: la diplomacia chilena no tiene el nivel de profesionalidad que exige su historia, la configuración geopolítica del país y el estatus de otras diplomacias de la región. Distintos gobiernos han patrocinado leyes de modernización y/o reestructuración del servicio exterior, sin obtener el efecto buscado. Tal carencia ha reducido la negociación diplomática importante al ámbito económico-comercial y la ha subordinado al ámbito jurídico-judicial en los conflictos de poder.

-¿Es que nuestros gobiernos no se han ocupado de la política exterior?

-No, exactamente. Lo que digo es que no se han ocupado de tener en la Cancillería el mejor instrumento para manejar esa política estratégica. Una explicación del fenómeno la intentó Mario Góngora, en 1984. Entrevistado por Raquel Correa, dijo que en el siglo XIX nuestra nacionalidad “es cohesionada fundamentalmente por las guerras victoriosas y, territorialmente, alcanza límites que siente naturales”. A su juicio, ello habría forjado un país “indiferente a problemas de política exterior” que delegaba su solución “en funcionarios o en las Fuerzas Armadas”

-¿Se mantiene ese talante de indiferencia ciudadana?

-Pienso que sí. Y se justifica -en parte- por la desprolijidad de nuestros gobernantes en sus cuentas públicas, versión oral. En 2019, compulsando con mis ayudantes registros audiovisuales para la revista Realidad y Perspectivas, contabilizamos los minutos dedicados a la política exterior en los discursos de los 10 años anteriores. Pese a que entonces Chile estuvo sujeto a dos demandas ante la Corte Internacional de Justicia, esos registros mostraban un rango bajísimo de preocupación: períodos mínimos de 1 minuto y máximos de 9. El minutaje menor correspondió a la cuenta de 2015, de la presidenta Michelle Bachelet. En solo 182 palabras -equivalentes a cuatro tuits– informó sobre algunos temas de la ONU y la eventual incompetencia de la Corte de La Haya para conocer la demanda de Bolivia contra Chile. Por cierto, la percepción de resultados corresponde a esa carencia. Según Mario Barros Van Buren, historiador de nuestra diplomacia, en el exterior somos vistos como un país de talante reactivo, recurrentemente sorprendido por diplomacias extranjeras que saben emplear la prospectiva y el plazo largo.

-¿Que podemos hacer para mejorar ese diagnóstico?

-Con base en esas experiencias, sigo planteando lo mismo: debemos fijar el tema de la profesionalidad integral de nuestra diplomacia en el máximo nivel normativo -la Constitución Política-, de modo que sea insoslayable para nuestros colegisladores. Lamentablemente, todo indica que la Convención Constitucional no se ha abocado a este tema. Está en otra.