Enero 6, 2022

Rodrigo Ubilla y encuesta Bicentenario: “Las expectativas con el próximo gobierno son impresionantemente altas”

Marcelo Soto

Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil de LyD y ex subsecretario del Interior de Piñera, comenta los resultados de la Encuesta Bicentenario de la UC. Dice que hay un giro hacia el estatismo en la población y una posición contradictoria frente a la violencia. Sobre el conflicto en La Araucanía, dice: “No debiera conversarse con la CAM en las actuales condiciones, pero mañana puede ser otra cosa”.

-Una de las conclusiones de la encuesta Bicentenario es que la gente estaría por un estado que resuelva sus problemas, más que el camino del esfuerzo personal. ¿Hay un cambio social?

-La encuesta tiene una secuencia de tiempo bastante interesante, con lo cual permite comparaciones absolutamente válidas y en ese sentido se observa una tendencia hacia una sociedad de bienestar. Desde 2018 en adelante, hay una pérdida de valor en relación al rol de la propia persona como arquitecta de su progreso. Pierde posiciones la idea del mérito y del esfuerzo. Como contracara, aumenta significativamente la responsabilidad que los encuestados le entregan al estado como actor relevante para solucionar los problemas. Habría una mayor demanda de presencia del Estado en los tres indicadores que analicé: responsabilidad del estado versus responsabilidad personal; políticas sociales focalizadas o universales, y progreso individual como esfuerzo personal o garantizado por el Estado.

-¿Qué conclusiones pueden sacarse?

-Viendo los datos saco una conclusión que es bastante compleja: la sociedad tiene una posición crítica hacia las instituciones, de gran desconfianza hacia el futuro personal y del país y una cuota de intolerancia amplia. Son tres elementos, que al estar combinados, resultan preocupantes. Primero, hay niveles de desconfianza altísimos no sólo a instituciones tradicionales como las FFAA,  Carabineros, Congreso, sino también nuevas como la Convención Constituyente. La confianza en la Convención es cercana al 15 o 16%. En segundo lugar, un fuerte pesimismo respecto a lo que viene por delante. Y por último, un profundo rasgo de intolerancia

-¿Cómo ese observa este último factor?

-Los encuestados identifican estereotipos de personas con las que tienen diferencias significativas y se les pregunta si están dispuestos a dialogar con esas personas. Un 45 % dice que no. Asimismo, el 75% dice que hay muchos migrantes en Chile. Se les pregunta  si han tenido conflictos personales con ellos, solo el 2% dice que sí. El 96% que nunca. Pero la mayoría dice que son muchos inmigrantes. Eso es un rasgo de xenofobia.

-¿Por qué sé produce este giro a una mayor demanda del Estado?

-Una hipótesis es que el discurso de la izquierda haya permeado y modificado la percepción de la gente. Si eso es así, entonces las expectativas que van a venir con el próximo gobierno de izquierda son impresionantemente altas. Porque si el 42% cree que el estado debería preocuparse por resolver los problemas, a los pocos meses del gobierno va a exigir soluciones. La pandemia también puede ser una explicación, con las políticas de ayuda del gobierno, con un rol protagónico del estado versus los privados y la integración de la salud pública privada por efecto del Covid.

-¿El gobierno tiene que manejar las expectativas?

-Exacto. El que levantó esta bandera del estado de bienestar es la izquierda y cuando sea gobierno, debiera considerar las altas expectativas asociadas a ese sector político. Hay que hacerse cargo, no hago un juicio de valor.

-Otro ítem interesante de la encuesta es sobre orden público y violencia. Baja el porcentaje que cree que es justificable que el Estado use la violencia cuando se producen saqueos, se bloquean caminos y se producen marchas no autorizadas…

-Es bien curioso, porque un 64% reconoce el problema de la violencia en el país y dice que amenaza con destruir el orden institucional. Por otro lado, baja la justificación de la violencia cuando las minorías indígenas reclaman temas ancestrales, 20% a 13%. También disminuye cuando la comunidad defiende su entorno natural y cuando trabajadores luchan por aumentos salariales. En todas esas condiciones la gente justifica menos la violencia. Pero cuando se le pregunta si justifica que el estado haga uso de la fuerza el apoyo baja de manera significativa. Hace 9 años el 58% creía que había que usar la fuerza pública en caso de saqueo, hoy baja a un 30%. Cuando se bloquean los caminos baja de 34% a 21%. Cuando se producen manifestaciones baja del 33% al 16%.  Es contradictorio.

-¿Por qué?

-Porque la encuesta dice que a pesar de que la gente cree que es legítimo usar la violencia  para distintas causas sociales, no le gusta que el estado use la fuerza pública para controlar esas situaciones de violencia. Si no me gusta que se use la violencia con objetivos políticos, ergo yo debiera tener una mayor aceptación del uso de la fuerza por parte de la autoridad pública.

-El orden público será uno de los desafíos de Boric.

-Es uno de los desafíos más grandes, sobre todo porque él matiza en segunda vuelta lo que decía el programa original en la materia. Boric tenía una posición original menos nítida respecto a su política pública en seguridad. Se cambió de refundar Carabineros a reformarlos, por ejemplo.  Pero al mismo tiempo, se discute el proyecto de indulto, que presentaron diputados de izquierda. Hay una interrogante de cómo el nuevo gobierno va a enfrentar el orden público y la seguridad. Va a ser un factor clave para la evaluación del gobierno.

-¿Qué piensa de esta idea de dialogar con la CAM?

-Considero que la CAM, a través de redes sociales, libros publicados por ellos mismos, comunicados firmados por su vocero, reivindica la violencia política y el uso de armas, para efectos de sus reivindicaciones. Tiene las características de un grupo terrorista. ¿Quién es llamado a resolver si ese acto es terrorista y la persona es terrorista? La justicia. Ese camino tiene que seguir su propio rumbo.

-Pero la pregunta no es jurídica, sino política.

-No tiene sentido negociar con la CAM. Primero, porque definen la violencia como un recurso válido de acción política. Y eso es terrorismo. Dos, ellos mismos no reconocen al nuevo gobierno de Boric como un actor relevante para resolver sus problemas, por lo cual no van a cambiar su posición frente a la futura administración. Finalmente no reconocen el esfuerzo del país por construir una nueva constitución, ni encontrar en ella un camino de salida para efecto de sus reivindicaciones políticas. En general todo proceso de paz parte por un reconocimiento de los grupos terroristas de la necesidad de buscar un acuerdo o una salida. Y ellos lo que han hecho hasta este momento es reivindicar la violencias como única opción. No debiera conversarse con la CAM en las actuales condiciones, pero mañana puede ser otra cosa.

 


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