Las acciones dadas a conocer detrás del llamado “caso audios” ofrecen mucho espacio para el asombro y el comentario. Llama la atención la desfachatez con que algunos profesionales del derecho ejercen -y presumen de ello- influencias indebidas en asuntos de interés público. Preocupa especialmente el modo en que magistrados del más alto tribunal solicitan y conceden favores al mundo político.
En la opacidad y discrecionalidad con que se toman decisiones relevantes parece prevalecer el espurio interés de algunos por sobre el bien común. En efecto, allí donde escasea la transparencia y las decisiones se adoptan tras bambalinas, avanza el amiguismo y la captura institucional por parte de intereses incompatibles con la ética pública.
Más allá del morbo y el escándalo generado por las revelaciones diarias que ofrece el caso audios y de las responsabilidades penales y políticas que corresponda aplicar, es tiempo de adoptar -pronto y de manera profunda- las correcciones a las fallas que este caso pone de manifiesto.
Una manera de avanzar en las necesarias reformas al sistema de nombramiento de magistrados/as de la Corte Suprema y otras altas autoridades del Estado, como el Contralor/a General y un/a Ministro/a del Tribunal Constitucional, sin necesidad de un cambio institucional significativo, es otorgar mayor relevancia a las audiencias públicas, concebidas como el mecanismo mediante el cual el Senado examina los méritos de los candidatos.
Hoy son un rito formal, vacío e irrelevante, donde la decisión parece ya tomada, sea para aprobar o rechazar. Cuanta menos relevancia tenga el examen público, mayor será la influencia del cabildeo opaco y el peligroso tráfico de influencias.
El Senado y la Corte Suprema harían bien en imponer un proceso de escrutinio público riguroso y objetivo de los méritos de quienes postulan a cargos que requieren su aprobación -no solo los judiciales- permitiendo que la ciudadanía participe en la evaluación. Como sucede en otras latitudes, sería esperable que estos organismos convoquen a personas expertas a brindar testimonio sobre la calidad profesional y el desempeño pasado de quién busca su nombramiento. La decisión de ratificar a una autoridad debería estar fundada en una trayectoria intachable, un compromiso decidido con la ética y una experiencia acorde con las necesidades actuales de la institución.
Contamos ahora con amplia evidencia sobre lo expuestos que se encuentran los nombramientos a la captura por parte del poder político y económico, por lo que es fundamental abrir estos procesos al escrutinio de miradas diversas e independientes que impidan que primen intereses particulares o, peor aún, la incapacidad del Ejecutivo de buscar candidaturas verdaderamente idóneas.
La sociedad civil ejerce un rol insustituible de control social sobre los asuntos públicos y debe ser parte de las audiencias destinadas a ratificar a una alta autoridad. La sociedad civil puede aportar nueva evidencia, diferentes perspectivas y transparencia a un proceso que hoy está limitado a la negociación de un puñado de actores.
A lo anterior convendría sumar una estricta aplicación de la Ley de Lobby desde el inicio de estos procesos para evitar que quienes postulan persigan apoyos que comprometan su independencia. Serían pasos adelante hacia una verdadera meritocracia, con mayor control social y transparencia, atributos que, a la luz de las revelaciones del llamado caso audios, parecen escasear en la actualidad.
*Tamara Agnic, presidenta, Alejandro Ferreiro, vicepresidente, Ximena Hernández, tesorera, Lorena Piñeiro, secretaria, Gonzalo Medina Schulz, Enrique Rajevic, Jorge Jaraquemada, Carolina Cuevas y Raúl Ferrada, directores.
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