El día jueves pasado el Gobierno ingresó a tramitación una de sus reformas emblema, la tributaria, que pretende recaudar más para poder implementar otras de sus importantes reformas como son la de salud y pensiones. El Ministro Marcel ha estado explicando su contenido y justificación y, a partir de la próxima semana y meses veremos su discusión, deliberación y negociación en el Congreso, en el que será probablemente uno de los primeros gallitos políticos relevantes del Gobierno recientemente iniciado.
Uno de los temas centrales que trae la reforma tributaria es el fortalecimiento del sistema antielusión y antievasión, algo que es necesario para contar una justicia tributaria equitativa y eficaz, pero que no es nada fácil de lograr ni hay balas de plata. Sin embargo, hay consenso en que hay ciertas medidas que pueden contribuir de una importante forma a este objetivo y otros tan loables y esenciales como combatir el financiamiento al terrorismo, el crimen organizado y narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción.
Una de estas y que hace años la sociedad civil y organizaciones internacionales como la OCDE, el BID, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera Internacional vienen promoviendo de manera decidida la creación de registros centralizados e idealmente de acceso público de los beneficiarios finales o últimos de empresas o estructuras societarias, que son aquellas personas naturales que en último término están detrás de una entidad y ejercen su control directo o indirecto, a lo cual nuestro país ha respondido lenta y tímidamente. Al parecer, hasta ahora.
Dentro de la reforma tributaria, el gobierno propone la creación de un registro centralizado y bastante completo a cargo del Servicio de Impuestos Internos y al cual pueden acceder entidades fiscalizadoras. Lamentablemente no es público del todo, salvo por la individualización de quienes sean proveedores del Estado o reciban fondos de éste, restando posibilidad de control social por parte de los medios y la sociedad civil como ocurre en otros países. Sin embargo, de aprobarse, pondría a Chile en las ligas mayores en estos estándares y liderando dentro de la región.
El objetivo de estos registros es que, como ocurre en otros países desarrollados (Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos), alguna entidad pública centralice una base de datos que habilite a entidades recaudadoras de impuestos, agencias fiscalizadoras, unidades financieras de inteligencia, instituciones financieras e incluso a la misma ciudadanía para el escrutinio y cruce de información, de modo de prevenir o detectar irregularidades como las ya señaladas.
El impacto de esto puede ser relevante tanto en una mayor y mejor recaudación de impuestos para financiar derechos sociales altamente demandados, como también para prevenir el lavado de activos de delitos como el narcotráfico o la corrupción. Asimismo, mejoraría la competencia en distintos mercados, particularmente en el público, evitando así que sean las mismas personas a través de distintas empresas (o el multirut) las que oferten para proveer un bien o servicio público.
En un mundo altamente globalizado y tecnologizado, sumarnos a la ola de esta regulación que lideran países desarrollados y con economías fuertes y competitivas, sin duda es una buena noticia y un desafío relevante. Será importante seguir el debate legislativo y procurar, que aunque con una implementación gradual, se trate de una política que cumpla con sus objetivos principales y sea realmente eficaz y no se diluya como ha ocurrido con otras propuestas anticorrupción.
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