El Estatuto Administrativo es la ley que rige a las personas que desempeñan labores en el Estado; es el Código del Trabajo de los empleados públicos. Fue publicado en septiembre de 1989 y modificado en el año 2005.
Como ninguna otra ley, su evolución ha sido impulsada por dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, pues ninguno de los gobiernos de los últimos 20 años ha propuesto reforma alguna, salvo la segunda administración del Presidente Piñera que, el último día de su gobierno, presentó una modificación que permanece hasta ahora en el limbo jurídico, pues no hay registros en las páginas del Congreso Nacional de su ingreso y/o tramitación.
En esos mismos 20 años, los funcionarios públicos del gobierno central han crecido más que la fuerza laboral, pasando de 150.000 en 2005 a 450.000 en 2022. La razón de este crecimiento es simple: sólo entran personas, pero nadie sale.
En efecto, el Estatuto Administrativo consagra la inamovilidad de los funcionarios de planta, imposibilidad de desvinculación que sucesivos dictámenes de Contraloría y fallos de las cortes extendieron, primero, a los funcionarios a “contrata” de dos o más años de antigüedad, y luego, por extensión, a los trabajadores a honorarios en tanto se le obligó al Estado a traspasarlos al régimen de contrata, traspaso que le costará al Fisco 380 millones de dólares.
Así, se ha eliminado totalmente la escasa flexibilidad que contemplaba el Estatuto Administrativo, generando además incentivos perversos a usar un tipo de contratación excepcional como forma permanente. Quien llega hoy al Estado, si logra pasar dos años desde su contratación, no obtiene un trabajo, sino, un ingreso perpetuo, salvo que el propio funcionario decida emprender, de mutuo propio, nuevos desafíos fuera del aparato estatal.
Hace algunos años, cuatro centros de estudios propusieron en su exhaustivo informe Personas en el Estado que existiese una modalidad única de contratación. A comienzos del 2021 el Ministerio de Hacienda realizó una consulta pública que recibió más de 58.000 respuestas respecto a un anteproyecto de ley de empleo público, consulta en la que casi el 90% de los encuestados (60% funcionarios públicos, 40% ciudadanos) manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con este régimen único de contratación.
El diagnóstico está claro, es transversal y compartido por expertos, por la opinión pública y por los propios funcionarios. En la solución hay también amplios consensos, pero mientras los ciudadanos seguimos viviendo el deterioro de nuestros ingresos producto de la inflación, gobierno tras gobierno vemos crecer al aparato público con funcionarios de las más diversas tendencias políticas a quienes, ni el propio Presidente de la República, puede desvincular.
Es por todo aquello que en Pivotes hemos querido una vez más insistir en esta urgencia, y justamente una de las cuatro mesas de expertos de nuestra iniciativa En Foco está dedicada a la modernización del Estado en general y al empleo público en particular. Las pensiones, el sistema de salud, la educación pública, el déficit habitacional y tantas otras políticas públicas esenciales para el bienestar de nuestra población no podrán llevarse a cabo si no se realiza la gran transformación de nuestro tiempo, que no es otra que reformar la plataforma que soporta la prestación de todos los derechos sociales que tanto anhelamos, la organización de personas sobre las que recae la responsabilidad de orientar la acción del Estado a proporcionarle a la ciudadanía una mejor calidad de vida.
Reformar el Estatuto Administrativo es la tecla que falta tocar para alcanzar el Estado de Bienestar que nos merecemos. Necesitamos urgentemente acciones y acuerdos para modernizar nuestro empleo público, y esta decisión es el primer paso para avanzar.
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