Diciembre 11, 2021

Reforma a la salud: ¿El Transantiago de Boric? Por Jorge Schaulsohn

Ex-Ante
Crédito: Agencia Uno.

Gabriel Boric está a punto de cometer el mismo error de Michel Bachelet con su reforma a la educación, que en vez de concentrarse en los colegios municipales, que es donde está el problema de la mala calidad de la educación, se obsesionó con terminar con el lucro en los particulares subvencionados que funcionaban bien.

Dentro de las reformas estructurales de mayor impacto que propone el candidato de Apruebo Dignidad está la del Sistema Universal de Salud, creando el Fondo Universal de Salud (FUS) que recaudará y administrará las cotizaciones equivalentes al 7% del sueldo de todos los trabajadores chilenos.

En otras palabras, los afiliados a una Isapre no podrán en el futuro disponer del 7% de su cotización de salud para financiar un plan en una Isapre debiendo entregársela al FUS, es decir al sistema público de salud hoy, Fonasa.

Las ISAPRE tal y como las conocemos hasta hoy desaparecerán. Como dice el programa del candidato Boric “terminaremos con el negocio de las ISAPRE, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios”.

En resumen, la abrumadora mayoría de las personas que actualmente están afiliadas a una Isapre serán obligadas, contra su voluntad, a atenderse en el sistema público pues al no disponer libremente de su 7% de cotización de salud no podrán pagar un seguro complementario en que se transformarán las Isapre; pasando a engrosar las interminables listas de espera endémicas en el sistema público, lo que supondrá un deterioro significativo de su calidad de vida.

Los afectados por este cambio no serán los “súper ricos” sino que las clases medias. Los afiliados a Isapre son alrededor de dos millones ochocientas mil personas, cuyo promedio de renta imponible es de 540 mil pesos y el costo de los planes representan un promedio de 10.3% de los ingresos aproximadamente. El 57% de los afiliados pertenecen a la Región Metropolitana.

Como se aprecia, el gasto adicional de los afiliados es del orden de un 3% del sueldo imponible, por lo que será totalmente imposible que, sin disponer del 7% obligatorio, puedan financiarse un seguro complementario.

Este cambio tendrá un impacto devastador para las clínicas privadas, ya que el 80% de las hospitalizaciones son financiadas por las Isapre. Hoy Chile cuenta con una infraestructura privada de clínicas de primer nivel mundial y tecnología de punta, que fue clave para lidiar exitosamente con la pandemia, que no se podrá financiar en el futuro. La “industria de la salud privada”, término que irrita a un sector de la izquierda, representa una parte importante del PIB, creando miles de empleos de buena calidad y prestando un servicio fundamental a la comunidad se verá socavada.

Todos sabemos que el que puede tiene  una Isapre y no  Fonasa; las ventajas para el usuario en comparación con la red pública son evidentes, partiendo  porque no hay listas de espera.  ¿Cuál es la lógica de querer traspasar a millones de personas a un sistema público colapsado?

Hay unanimidad entre los chilenos de que hay que mejorar el sistema público, sobre todo terminar con las listas de espera, lo que requiere mejor gestión y mayores recursos. Para ello no se necesita eliminar las Isapre, que funcionan bien y se pueden y deben regular mejor. Tampoco es necesario recurrir al 7% para mejorar la salud pública pues ello puede hacerse con cargo a los impuestos generales. De hecho, hoy el 60% del presupuesto de Fonasa proviene de ellos y no del 7% de cotización. El fin de las Isapre y del del derecho a elegir  para la extrema izquierda es un tema ideológico que nada tiene que ver con el bien estar de las personas,

Gabriel Boric está a punto de cometer el mismo error de Michel Bachelet con su reforma a la educación, que en vez de concentrarse en los colegios municipales, que es donde está el problema de la mala calidad de la educación, se obsesionó con terminar con el lucro en los particulares subvencionados que funcionaban bien; gastando miles de millones de la reforma tributaria en temas no vinculados a la calidad, la que sigue siendo mala hasta el día de hoy.

La historia de “los patines” se repite y contrariamente a lo que afirma Gabriel se nivela hacia abajo obligando a toda la población a atenderse en un sistema público que no está preparado para eso, lo que habla de un moderación ficticia y oportunista del candidato que sigue cien por ciento fiel al espíritu refundacional del proyecto de Apruebo Dignidad.

Además, la implementación del plan enfrentará serios obstáculos legales pues hay contratos entre privados de plazo indefinido suscritos entre los usuarios y su Isapre que no se pueden dejar sin efecto; y el derecho a elegir entre un sistema privado o público está garantizado en la Constitución, que estará vigente por lo menos hasta 2022.

Lo lógico sería dedicar todos los esfuerzos a mejorar Fonasa, tarea que demorará años, antes de destruir el sistema de Isapre y la industria de la salud privada que funcionan bien, de modo que se le pueda ofrecer a los usuarios una alternativa competitiva y de calidad que sea  mejor y no peor que las ISAPRES.

Aun cuando el plan no se pueda implementar en el mediano plazo, el solo anuncio de que las ISAPRES tienen sus días contados generará una crisis financiera en la industria que afectará la economía en su conjunto; y lo más probable una fuerte reacción negativa de los afiliados que se sentirán amenazados con la perspectiva de perder su plan de salud.

Por eso digo que esta reforma, así como está planteada, puede terminar siendo el Transantiago de una eventual  presidencia de Gabriel Boric.

 

 

 

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