Quién es la Fiscal peruana que denunció al Presidente Castillo (y que estudió en una universidad chilena)

Patricia Benavides Vargas provocó un verdadero terremoto político en Perú al realizar una inédita denuncia constitucional contra el Presidente Pedro Castillo. En su formación académica figura un Post-Título en Asesoría Jurídica de la Empresa en la Universidad del Desarrollo de Chile.

¿Qué pasó esta semana en Perú? Horas después de que se realizaran allanamientos a oficinas y casas de seis parlamentarios y a la vivienda de la hermana del Presidente Pedro Castillo en el barrio limeño de San Juan de Lurigancho, la fiscal de la nación peruana Patricia Benavides, en una aparición televisiva rodeada de los otros fiscales, señaló que “hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”. Además, acusó una “feroz obstrucción a la justicia”.

De esta forma, Benavides presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, algo inédito en la historia peruana. Si bien la Carta Magna del país señala que el Presidente solo puede ser acusado bajo argumentos como disolver el Congreso en forma indebida, impedir la celebración de elecciones o traición a la patria, la fiscalía señala que esta denuncia busca determinar si las personas que tienen inmunidad, como el jefe de Estado, cometieron o no delito en el ejercicio de sus funciones.

Según el diario limeño La República, en los 376 folios de la denuncia constitucional que presentó Benavides contra Castillo, se consignaron las declaraciones de 6 colaboradores eficaces, 2 testigos protegidos y 29 testigos cuyas manifestaciones fueron requeridas por el Ministerio Público.

La fiscalía ya tiene abiertas seis investigaciones preliminares relacionadas con Castillo en un año y tres meses de gobierno. Así, por ejemplo, ha acusado al mandatario y su ahora prófugo exministro de transportes, Juan Silva Villegas, de favorecer a algunos empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de coimas. Geiner Alvarado, quien ocupó la misma cartera entre agosto y septiembre pasados, también es investigado por corrupción.
En estas investigaciones también está involucrada Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, por la gestión de unas obras de saneamiento, y dos sobrinos prófugos del Presidente por irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de un puente.

En este entramado investigado por la fiscalía tiene un rol central el grupo denominado “Los Niños”. Se trata de seis congresistas del partido de centro Acción Popular (uno de los más tradicionales de la historia política peruana) a los que la fiscalía acusa de ser parte de la organización criminal y que en el Congreso guardan lealtad con el Presidente.

¿Quién es la fiscal Liz Patricia Benavides? Nació en la provincia andina de Huancavelica, tiene 53 años y es abogada titulada en la Universidad de Lima, una de las entidades educacionales privadas más prestigiosas del país.
Según aparece en su página oficial del Estado peruano, obtuvo un Post-Grado en Garantías, Reforma y Defensa de la Constitución en la Universidad de Castilla-La Mancha de España.

Además, de acuerdo con esa misma información oficial, cuenta con un Post-Título en Asesoría Jurídica de la Empresa en la Universidad del Desarrollo de Chile. Un programa de 5 asignaturas y un semestre de duración.

Con 27 años de trabajo en el ministerio público, Benavides trabajó con los últimos cinco fiscales de la nación peruanos en la oficina que estaba a cargo de las denuncias a los magistrados. Alcanzó el primer puesto en la lista de méritos del proceso de selección de fiscales supremos titulares.

El pasado 14 de junio asumió como fiscal suprema y el 1 de julio fue elegida -por unanimidad entre los fiscales supremos- como fiscal de la nación, donde tiene como labor encabezar acciones civiles y penales contra altos funcionarios en caso de delito y formular cargos contra funcionarios públicos cuando existe presunto enriquecimiento ilícito.

Hace solo una semana publicó una columna de opinión en el diario peruano El Comercio titulada “La Corrupción y el poder”, donde señala precisamente que “una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia es la corrupción en el poder, no solo por el impacto negativo que genera el desvío de ingentes cantidades de recursos para el beneficio particular de algunos pocos, sino también porque defrauda la confianza ciudadana en el régimen democrático” y que en su país “se viene produciendo una suerte de normalización de la corrupción”.

La respuesta de Pedro Castillo y su entorno. Tras la denuncia constitucional presentada por Benavides, Castillo dijo que estaba dispuesto a que su “sangre corra por la calle en beneficio del pueblo”. Después señaló que “no hay ningún fundamento real” en la denuncia y que las “acusaciones son orquestadas”. Dijo que va a probar que es inocente y en su país se está observando “una nueva modalidad de golpe de estado”.

Paralelamente, dos abogados cercanos al mandatario, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, acusaron de prevaricación a Benavides porque, según ellos, está violando la Constitución con su denuncia.

Una semana antes, ellos mismos habían presentado una denuncia por encubrimiento de personal contra la fiscal de la nación, acusándola de retirar a una fiscal suprema de un caso por el cual se investiga a su hermana, Emma Benavides, por cohecho pasivo y asociación para delinquir.

La ministra de Cultura Betssy Chávez denunció a Benavides ante el Congreso por ser parte de “un plan sistemático para desestabilizar al Gobierno”. De acuerdo con el documento presentado por la ministra “la denuncia constitucional presentada a modo de requerimiento fiscal para que se acuse al presidente de la República, Pedro Castillo, consigna expresamente delitos no contemplados dentro del artículo 117 de nuestra Constitución Política, que proscribe o no permite que el dignatario sea acusado más allá de cuatro supuestos explícitos”, lo cual, según ella, le da “una connotación puramente política a su actuación fiscal”.

Los pasos que vienen. La denuncia de la fiscal Benavides debe ser estudiada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Según la presidenta de esa instancia, Lady Camones, desde el pasado viernes 14 de octubre cuentan con 10 días hábiles para evaluarla.

Si la acusación es admitida por la subcomisión, Castillo será convocado al Congreso a presentar sus argumentos de defensa en presencia de la fiscalía y los testigos que sean requeridos. Tras ello, la subcomisión del Congreso emite un informe a favor o no de la acusación.

Si dicho informe es favorable a la denuncia, deberá ser sometido a votación en el pleno del Congreso. Para que avance, según informa el diario limeño El Comercio, tendría que obtener 66 votos. Es decir, la mayoría simple del Congreso, a diferencia de los dos tercios que se necesitan cuando el proceso de “vacancia” surge desde el Parlamento.
De resultar aprobado, la fiscal podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema. De acuerdo con los expertos, todo el proceso debiera durar entre 3 y 4 meses.

El actual escenario del Presidente. Durante este año, el Congreso unicameral peruano ha intentado en dos oportunidades destituir a Castillo para lo cual necesita los dos tercios de los votos. Es decir, 87 de 130 parlamentarios. En ninguno de los dos casos prosperó la votación. Pedro Castillo asumió el 28 de julio de 2021 y su mandato termina dentro de 3 años y 9 meses. Es decir, el 28 de julio de 2026.

Desde que asumió Pedro Pablo Kuczynski en 2016, el ejecutivo ha tenido un permanente enfrentamiento con un legislativo muy desprestigiado de cara a la ciudadanía y caracterizado por el exceso de movimientos políticos (actualmente hay 14 grupos parlamentarios) y la fragilidad de las alianzas. De esta forma, Perú ha visto pasar a nada menos que 5 Presidentes en los últimos 6 años.

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 65% de los peruanos desaprueba la gestión de Castillo contra un 25% que la aprueba, mientras que un 60% apoya las investigaciones de la fiscalía por corrupción. El respaldo al Congreso es aún peor: el 84% desaprueba sus labores y solo el 11% las respalda.