Prefiero partir por algo. Por Cristián Valdivieso

La Constitución vigente está desahuciada y superada en los hechos. Será la ciudadanía la que en pocas semanas decida si quiere la actual propuesta o bien partir un nuevo proceso. Ahora bien, sin un compromiso explícito de enmiendas, el apruebo la tendrá muy difícil puesto que, como dice el texto, la soberanía reside en el pueblo.

No soy abogado, menos constitucionalista, pero desde que comenzó el trabajo de la Convención tenía grandes expectativas en una nueva configuración del sistema político. A partir de los estudios de opinión, me he convencido que el presidencialismo tiene cada vez menos capacidad de sostenerse a lo largo del tiempo en la valoración ciudadana, por lo que a corto andar los gobiernos de turno quedan a la deriva, sin capacidad de plasmar sus programas ni de negociar nuevas alianzas que los viabilicen.

Constreñidos a coaliciones crecientemente díscolas y a la vieja lógica de izquierdas y derechas, desde 2010 todas las administraciones han gobernado con más desaprobación que aprobación promedio, encontrando grandes dificultades para llevar adelante sus reformas.

Es un problema estructural en el contexto de una sociedad líquida y desafectada de los clivajes políticos históricos que ha devenido en periodos de “luna de miel” presidente-ciudadanía cada vez más acotadas, al punto que el periodo de gracia del actual mandatario duró sólo el interregno entre su elección y su asunción como jefe de estado.

En fin, al parecer, mi esperanza en un sistema parlamentario está lejos de nuestra historia constitucional y no será viable ni de aprobarse el texto propuesto por la Convención, ni en el caso que se repitiera el proceso con la victoria del rechazo. Descartada mi expectativa original (¿qué es la vida adulta sino un eterno proceso de modulación de expectativas?), y tras leer y escuchar a expertos constitucionalistas, me he encontrado con posiciones aprobistas y rechacistas entre ellos, convenciéndome que estamos frente a un dilema esencialmente interpretativo.

En lo personal, me resulta muy difícil imaginar que de ganar el rechazo volvamos a tener un proceso de cambio constitucional ampliamente participativo, democrático e hijo de un momento constituyente que convocó a una mayoría ciudadana a bregar por el cambio. Una deliberación paritaria, con escaños reservados para pueblos indígenas, caracterizada por una alta participación de independientes y la inclusión de grupos históricamente marginados de la discusión política. Una Convención que logró dejar plasmada en su texto la huella digital de vastos sectores de la sociedad que no podrán desentenderse del mandato emanado de una nueva carta fundamental timbrada por ellos.

Junto al estado social y democrático de derechos, la anterior es la línea base de mi inclinación a aprobar para reformar. Si bien hay muchas y legítimas razones para rechazar, más me angustia seguir a la espera de un nuevo pacto social que, entre otras cosas, permita restaurar el Estado de derecho perdido. Me temo que dilatar la discusión irá justo en el sentido contrario, acrecentando la polarización y elevando los ya altos niveles de anomia y desapego a las normas que reflejan los estudios sociales.

Una predisposición al apruebo con un apellido en serio y no eufemístico. Es que más allá de mis expectativas de ajustes al texto, sin un compromiso amplio desde el mundo del apruebo por reformarlo, veo muy difícil que este termine interpretando y convocando a la mayoría de la ciudadanía.

Por ejemplo, es fundamental enfatizar y garantizar que la propuesta de provisión progresiva de derechos sociales será responsabilidad del Estado, pero asegurando una participación sustantiva de privados. La sociedad chilena demanda más Estado, pero no es estatista y valora profundamente la libertad de elección.

Por otra parte, sin perder el énfasis ecológico del texto, hay que destrabar aquellas normas que atentan contra el desarrollo económico, sin el cual ningún derecho podrá ser ni garantizado ni progresivo, afectando de paso la generación de empleos para la población. Es también de alta sensibilidad ciudadana que el texto propuesto sea capaz de resguardar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la delincuencia en general, más aún cuando la seguridad es la principal preocupación de la población en el presente.

Asimismo, en lo legislativo corresponde acotar el riesgo del populismo parlamentario con iniciativa de gasto. En lo judicial, devolverle su carácter de tercer poder, evitar al máximo su politización y asegurar la igualdad ante la ley frente a la inquietud que provoca la posibilidad de una justicia paralela. En ese sentido, es necesario esclarecer mejor el alcance de los nuevos derechos asignados a los PPOO y de las autonomías territoriales. Todo lo anterior son aspectos claves que permitirán hacer del texto y su listado de enmiendas, una oferta más alineada con las subjetividades sociales dominantes

La Constitución vigente está desahuciada y superada en los hechos. Será la ciudadanía la que en pocas semanas decida si quiere la actual propuesta o bien partir un nuevo proceso. Ahora bien, sin un compromiso explícito de enmiendas, el apruebo la tendrá muy difícil puesto que, como dice el texto, la soberanía reside en el pueblo.