La mayoría de los políticos y opinólogos, de todo el espectro ideológico, están muy preocupados del desinterés de la ciudadanía en el nuevo proceso constituyente. Temen una baja concurrencia a las urnas a pesar del voto obligatorio y de que habrá gente que optará por correr el riesgo de pagar una multa antes de ir a sufragar. Hay otros que piensan que la gente, aunque bastante desmotivada, concurrirá pero que expresarán su desencanto mediante el voto en blanco o nulo.
Hoy el proceso constituyente no huele a peligro y esa es una de las razones por la que la ciudadanía se muestra distante. Es un signo de madurez y no de repudio. La gente sabe que los desvaríos de la convención no se repetirán, que el relato de la izquierda dura sobre el chile lúgubre de los treinta años perdidos está totalmente desprestigiado y ha sido repudiado hasta por sectores del gobierno.
No es el mecanismo ni son los candidatos los culpables de la indiferencia ciudadana; es la idea misma de que una nueva constitución sería fundamental para resolver los grandes problemas del país la que ha perdido fuerza.
La revalorización que ha tenido lugar del vilipendiado pasado reciente trajo como consecuencia impensada que un segmento significativo de la población sienta que el país puede seguir progresando como lo ha venido haciendo hasta ahora, con o sin una nueva constitución.
Es un hecho de la causa que, comparado con la pasión del anterior proceso el actual concita menos entusiasmo que la elección de la directiva de Blanco y Negro, como lo evidencian todas las encuestas.
Muchos votantes de izquierda están decepcionados del mecanismo diseñado por los partidos que se reservaron para sí el protagonismo a expensas de la participación ciudadana, cerrándole la puerta a los independientes y creando organismos designados por el Congreso para limitar la soberanía de los futuros consejeros constitucionales.
Desde que Michel Bachelet en su segundo gobierno declaró formalmente la ilegitimidad de “la constitución de Pinochet” (ignorando las numerosas modificaciones) se inició una ofensiva político-ideológica muy exitosa, para persuadir a la población que la causa basal de las desigualdades y carencias sociales era la constitución. Y que en consecuencia cambiarla resultaba indispensable. El estallido social terminó por convencer a la ciudadanía que se pronunció abrumadoramente a favor de la asamblea con plenos poderes que, controlada por la izquierda intentó refundar el país.
Lo demás es historia y hoy la mayoría de los chilenos tienen otra visión de las cosas y ya no ven en una nueva constitución la panacea que resolverá sus problemas; en cierto modo hemos recuperado un sentido de la realidad que parecía perdido porque una nueva constitución nunca estuvo, entre las prioridades de la población.
Lo que no significa que la gente esté en contra de redactar una constitución que dé cuenta de los profundos cambios socio culturales que han ocurrido en Chile y el mundo durante los últimos 45 años.
El mecanismo actual refleja, precisamente ese nuevo enfoque. No es el fruto de una “cocina política” indecente sino de una negociación en la que participaron y firmaron todas las fuerzas, incluso aquellos que fueron derrotados en el plebiscitó de salida, salvo Republicanos.
Es una consecuencia directa de la voluntad popular expresada en el rechazo porque la ciudadanía no quería repetir el experimento revolucionario de la convención, que de haber sido aprobado ponía en peligro nuestra democracia representativa; y por eso había tanta pasión e interés ya que el futuro de la democracia y de nuestro estilo de vida estaban en juego.
Nada de lo dicho nos debe llevar a la conclusión de que ir a votar no es importante y que da exactamente lo mismo quien gane. Pese a los expertos, los bordes y los árbitros la correlación de fuerzas entre los 50 consejeros constitucionales es relevante.
Hay que partir de la base que dar vuelta la hoja en el tema constitucional será “terapéutico” para la república; que pondrá fin a un largo período en que la constitución ha sido usada como excusa para no hacer esto o lo otro y evadir responsabilidades. Es decir, nos interesa que el proceso culmine con un texto que sea aprobado por la mayoría en el plebiscito.
En este contexto de apatía e indiferencia es altamente posible que Republicanos, que se ha manifestado siempre en contra de cambiar la constitución, obtenga un muy buen resultado posicionándose como el partido más votado, superando en votos y consejeros a Chile Vamos.
El triunfo del “partido del NO” sería un verdadero terremoto en la derecha que alteraría toda la dinámica del proceso constitucional poniendo en duda la viabilidad de lograr acuerdos. Según algunos sondeos el partido republicano podría elegir hasta 19 consejeros.
Hasta ahora parecía que lo natural y obvio era que, entre la izquierda democrática y la centro derecha tradicional producirían los acuerdos que permitirían aprobar un texto.
Sin embargo, si se materializa el triunfo republicano la capacidad de maniobra de Chile Vamos se achica significativamente. Muchos consejeros de la derecha, especialmente de la UDI se verían tentados a unirse con los republicanos con los cuales se sienten muy cercanos; y negociar sin republicanos puede aumentar su hemorragia electoral.
Sería una paradoja que el gran detractor de una nueva constitución, José Antonio Kast termine siendo el principal protagonista del proceso. A él la nueva constitución no le interesa. Su objetivo es desplazar a la derecha “blanda” y fortalecer su inevitable candidatura presidencial. Cualquier apertura para negociar con la izquierda sería vista por sus huestes como una traición. Solo resta esperar que los sondeos se equivoquen, que el “sorpasso” no se produzca y que entre el centro derecha y la izquierda democrática se puedan lograr las mayorías que permitan aprobar la nueva constitución.
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