Qué observar. Dos semanas después de que estallara el caso de la fundación de Democracia Viva y que rápidamente se expandió a otras 50 instituciones investigadas por haber recibido aportes estatales, el Presidente Gabriel Boric encomendó el 3 de julio a una comisión de cinco expertos presentar un informe con propuestas para regular las transferencias del Estado a organismos privados sin fines de lucro.
Aquí, la presidenta de la comisión la abogada María Jaraquemada, detalla a Ex-Ante el trabajo de la comisión y las principales medidas propuestas:
Las conclusiones . “Una de las conclusiones generales es que hoy existe mucha dispersión de normas y procedimientos en las transferencias y mucha excepción a las reglas generales. Eso permitía en algunos casos que hubiera discrecionalidad y falta de control”, dice.
El GAM, el MIM, Integra y corporaciones municipales. “Vimos que hay distintos tipos de estas instituciones, algunas son completamente privadas y en otras participa el Estado: nombra al directorio y las financia. Por ejemplo las corporaciones municipales, Integra, el Gam, el Mim, y muchas otras que en el fondo no son tan privadas”.
Regulación de entidades religiosas. “Las entidades religiosas si bien no estaban dentro del foco de nuestro trabajo, porque son corporaciones de derecho público, se consideran parte de la sociedad civil, según la clasificación que hace la Universidad de Johns Hopkins, que ha trabajado internacionalmente las temáticas de la sociedad civil. Los organismos religiosos han estado bajo el foco de entidades internacionales por posible lavado de activos y debilidades por falta de transparencia. Dijimos que se debe encargar un estudio sobre cómo se puede mejorar, respetando la libertad de culto, la transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones que muchas veces reciben beneficios tributarios.
Prohibición de traspasos a “pololos”. “Hemos visto que las inhabilidades o incompatibilidades en las transferencias están referidas a vínculos legales: cónyuges o convivientes civiles, pero eso no respeta el espíritu de la ley que al final lo que quiere hacer es que haya incompatibilidades con relaciones afectivas o familiares. Entonces proponemos que se extienda la incompatibilidad de contratación con el Estado o de transferencias a aquellos que tengas relaciones afectivas o familiares como hijos en común. Esto no es un término inventado por nosotros sino que está en la ley de violencia intrafamiliar que sanciona la violencia en el pololeo. El espíritu que es prevenir cualquier tipo de conflicto de interés”
Concursos públicos, experiencia y boletas de garantía. “Recomendamos una ley general de transferencias. Una norma común que establezca mínimos a todas transferencia del estado”
“Mientras esta Ley se tramite, recomendamos que las instrucciones del Ministerio de Hacienda contenga estos criterios”.
Registros de beneficiarios finales. “Proponemos que haya menos registros, pero mejores”, señala María Jaraquemada.
Cómo se armó el informe:
“En seis semanas hicimos 30 reuniones, al principio duraban 3 horas y las últimas jornadas fueron sesiones de 8 a 10 horas. Recibimos en audiencias a autoridades como el contralor, el presidente del SII, el director de la UAF, el presidente del CDE, la asociación de gobernadores, el gobernador Claudio Orrego, Carolina Leitao por la Asociación de municipios la, la Charity Commission de Reino Unido y varias organizaciones sin fines de lucro, abrimos un canal donde 38 organizaciones nos enviaron propuestas”.
“Los 5 integrantes teníamos una expertise diversa y bastante complementaria. Ignacio Irrazaval es director del Centro de Políticas Publicas, los que han hecho los pocos estudios que hay en Chile sobre el perfil de la sociedad civil, cuántas organizaciones existen, a qué se dedican, el presupuesto que manejan, cuánto financiamiento público reciben”.
“Jeanette Von Wolfersdorff (economista, fundadora del Observatorio Fiscal) se ha metido muchísimo en el tema presupuestario de transparencia fiscal y en el registro de beneficiarios finales”.
“Ramiro Mendoza como ex contralor general de la República es experto en control y regulación administrativa”.
“Francisco Agüero (abogado, director del Centro de Regulación y Competencia de la U. de Chile) ha participado en el tema de subvención escolar”.
“Y mi expertise ( María Jaraquemada es directora ejecutiva de Chile Transparente y antes se desempeñó en el Consejo para la Transparencia) tiene que ver con transparencia e integridad”.
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