Política: No hay otro sendero. Por Noam Titelman

La política está siempre llena de sinsabores. Son raros los momentos en que de ella surge lo mejor del ser humano, pero en ese jardín de bajezas terminan asentándose las bases de nuestra convivencia y la condición de posibilidad de mejoras.

En 1986, Hernando de Soto, junto a Mario Ghibellini y Enrique Ghersi, publicaron “El otro sendero: la respuesta económica al terrorismo”. En este libro se describe el funcionamiento de la economía informal del Perú. El hecho que más destaca de esta descripción es cómo, ante un ordenamiento institucional altamente ineficaz y con falta de estructura legal, los peruanos desarrollaron una economía sumergida que no se condecía con el Estado y sus leyes. Emergía así de una clase de “emprendedores populares”.

En una especie de “milagro” económico, el mercado seguía funcionando independientemente de las fallas del Estado e, incluso, lograba generar importantes niveles de crecimiento, en medio de una política balcanizada e irrelevante.  Sin embargo, los autores creían que este ordenamiento era insuficiente y que la paz social y política del Perú requeriría importantes reformas y transformaciones sociales y regulatorias.

Mucho de la crisis actual peruana tiene que ver con que el “otro sendero” no llegó a realizar las mencionadas transformaciones. Así, el PIB per cápita del Perú en 2012 era más del doble del que había sido en 1992. Como explicaría -26 años después de publicado el libro del “otro sendero”- el politólogo Alberto Vergara: “la precariedad de la política peruana ha sido funcional al éxito del modelo económico”.

Una precariedad política que paradojalmente venía acompañada de una fuerte dosis de estabilidad en lo económico, en el que “da exactamente igual si los gobernantes son democráticos o autoritarios, exaltados o tímidos, expertos o novatos, con partido o sin partido”.

El mismo elemento, la precariedad política, que explica su crecimiento económico, está en la base de la crisis que lleva varios años azotando al país. Este camino al crecimiento, explica Vergara, ha implicado que “el sostenido enriquecimiento de la sociedad peruana les ha administrado esteroides a todos los actores menos a las estructuras políticas e institucionales que deberían mediar entre los codiciosos actores en disputa”.

Un ordenamiento institucional funcional a que un país de ingresos bajos avance a ser uno de ingresos medios se vuelve así la barrera para dar el salto hacia los ingresos altos. Esta es la noción que está en la base de la conocida “trampa de los países de ingreso medio”, como la presentan Robinson y Acemoglu en su -a estas alturas bastante repetido- libro “Por qué fracasan las naciones”.

A grandes rasgos lo que postulan estos autores es que el principal requisito para pasar desde el ingreso bajo al ingreso medio es la estabilidad. Para conseguirla, muchos países generan instituciones cooptadas por élites nacionales. La fórmula precisa de estas instituciones (más de derecha o de izquierda, más democráticas o autoritarias) es secundaria a su efecto de garantizar la suficiente estabilidad y certeza para que la economía crezca.

El problema es que para dar el salto a ser un país de ingreso alto es necesario incorporar en estas instituciones a sectores marginados, fomentando la redistribución de recursos y la competitividad frente a las elites tradicionales que ven amenazados sus espacios de renta. Muchos países quedarían atrapados en esta disputa. Esta es la llamada “trampa de los países de ingreso medio”.

Chile es hoy un país de ingresos medios. Gracias al sostenido crecimiento vivido en los últimos 30 años la cantidad de recursos y el acceso al consumo de la población ha alcanzado niveles nunca visto en nuestra historia. Pero, como todos los países que llegan a este nivel, se ve enfrentado al mismo riesgo de estancamiento.

Uno de los peligros que nos acecha es que un sector de la sociedad se niegue a ver la necesidad de invertir en nuestra política, de tomársela en serio como un asunto fundamental para el crecimiento y desarrollo de largo plazo.

Un sector de nuestra elite siempre ha mirado con cierta envidia la capacidad que tiene nuestro vecino del Norte para que su economía pueda funcionar sin importar la política. Mientras que el estallido social, y los vaivenes políticos en general, en Chile han tenido marcados y notorios efectos económicos (sobre inversión, precio de divisas, la bolsa de comercio, etc.), Perú parece inmune a estos.

Lo que los autores del “Otro sendero” veían como un ordenamiento a superar, algunos en Chile ven como un modelo a seguir. Es, por cierto, la misma pulsión que empuja a guardar en el bolsillo la discusión constitucional y olvidarse de los debates sobre el sistema político para concentrarse exclusivamente en cómo asegurar que el Estado estorbe lo menos posible al sector privado. Es la trampa de creer que, si algo funcionó en el pasado, cuando Chile era un país de ingresos bajos, necesariamente lo hará ahora.

En este sentido, es una buena señal que nuestra política haya llegado a acuerdo en la continuidad del proceso constitucional.  Como ha afirmado en una reciente columna el politólogo Carlos Meléndez, en Perú “las angustias económicas no son percibidas como responsabilidad del gobierno, sino como un lío que tiene que resolver cada individuo-empresario”. Esto explicaría que en Chile, a diferencia del Perú, el estallido social “proyectó esperanzas en una solución política”.

Al igual que este acuerdo, se necesita avanzar en muchas reformas más. No solo para mejorar la red de protección social y nuestras reglas de convivencia, sino para fortalecer nuestras capacidades productivas y aumentar nuestras posibilidades de perforar la barrera que separa a los países de ingreso medio con los de ingreso alto.

La política está siempre llena de sinsabores. Son raros los momentos en que de ella surge lo mejor del ser humano, pero en ese jardín de bajezas terminan asentándose las bases de nuestra convivencia y la condición de posibilidad de mejoras. Una cosa es segura: necesitamos política. No hay otro sendero a ese.

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