Pivotes: Permisología frena US$ 6.700 millones en proyectos clave para Valparaíso

Un estudio de Pivotes y Fundación Piensa revela cómo la permisología ha obstaculizado proyectos críticos en la Región de Valparaíso, acumulando demoras que suman 2,5 años adicionales. Con una inversión conjunta de US$ 6.700 millones, estas iniciativas podrían transformar la economía regional, pero los largos procesos de evaluación ambiental y judicialización los mantienen atrapados.

Qué observar. La Región de Valparaíso enfrenta importante obstáculos burocráticos que ralentizan la ejecución de grandes proyectos señala un estudio realizado por el centro de incidencia Pivotes junto a Fundación Piensa.

•  La entidad revela que cinco proyectos estratégicos han sido gravemente afectados por los extensos procesos de permisos y evaluaciones ambientales.
• En conjunto, estos proyectos representan una inversión total de US$ 6.700 millones, equivalentes a casi el 2,1% del PIB regional, pero su implementación se ha visto retrasada por años de trámites.
• Entre los proyectos más afectados se encuentran las expansiones portuarias de Valparaíso y San Antonio, la extensión ferroviaria de EFE a La Calera, el desarrollo habitacional Maratué en Puchuncaví y los sondajes mineros en Vizcachitas, en Putaendo.

Proyectos paralizados. Los proyectos que se encuentran demorados o paralizados son cruciales para la infraestructura, el déficit habitacional y la creación de empleos en la región. Sin embargo, han sufrido demoras acumuladas de hasta 2 años y medio debido a las numerosas observaciones, la cantidad de organismos involucrados y los procesos judiciales.

• El estudio destaca que la demora promedio por solicitud de suspensión en estos proyectos alcanza los 911 días, lo que equivale a más de 2 años y medio. Las decisiones fundamentales sobre estos proyectos suelen posponerse para las etapas finales del proceso, cuando ya es muy tarde para realizar ajustes que garanticen la viabilidad de las iniciativas.
• El investigador de Pivotes, Tomás Espinosa, asegura que “lo que encontramos es que las observaciones que surgen en cada ronda de evaluación son cada vez más detalladas, lo que obliga a los titulares a solicitar extensiones de tiempo, ya que muchas de estas observaciones no permiten avanzar en las fases siguientes del proyecto. Este proceso no solo alarga los plazos, sino que aumenta la incertidumbre jurídica y desalienta la inversión”.

El impacto de la judicialización. Uno de los problemas más graves identificados en el estudio es la judicialización de los proyectos. Después de pasar por el proceso de evaluación ambiental, muchos de estos proyectos han sido impugnados en el Comité de Ministros, los tribunales ambientales e incluso la Corte Suprema.

• En promedio, el tiempo que se tarda en resolver impugnaciones en el Comité de Ministros es de 649 días, en los tribunales ambientales es de 778 días y en la Corte Suprema de 274 días.

Propuestas para mejorar el proceso. Frente a este panorama, Pivotes propone una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante la creación de un modelo de evaluación en dos etapas. Esta propuesta tiene como objetivo agilizar los plazos de tramitación y reducir los conflictos derivados de la permisología.

• La primera etapa consistiría en una evaluación preliminar, en la cual se establecerían de manera temprana los impactos ambientales clave, las comunidades afectadas y los criterios de evaluación.
• Tomás Espinosa explica que aquello permitiría definir desde el principio los términos de referencia ambientales y evitaría que surjan conflictos a medida que avanzan las etapas de evaluación.
• “Lo que proponemos es fijar reglas claras desde el inicio, lo que permitiría reducir los tiempos de tramitación y disminuir los conflictos, especialmente al tener un diálogo anticipado con las comunidades afectadas y las autoridades locales”, señala Espinosa.

Beneficios de un enfoque de dos etapas. El análisis preliminar que se llevaría a cabo en la primera etapa permitiría a las partes interesadas conocer los principales impactos, los organismos que intervendrán y las comunidades que participarán en el proceso. Esto reduciría la incertidumbre y aumentaría la previsibilidad en la evaluación, lo que a su vez aceleraría los procesos y permitiría a los proyectos avanzar más rápidamente.

• Con este nuevo modelo, se espera también que las solicitudes de información y las observaciones sean más acotadas, evitando la expansión infinita de los requerimientos que actualmente caracteriza el proceso de evaluación.
• “Las certezas tempranas permitirán realizar ajustes a los proyectos en momentos oportunos, lo cual permitirá que evaluación posterior fluya más ágilmente. Además, la selección de antemano de los organismos públicos adecuados permitirá reducir el número de solicitudes de información y garantizar que éstas sean pertinentes”, añade Espinosa.

Lo que viene. La Región de Valparaíso requiere una reforma que permita transformar el SEIA en un sistema más ágil, eficiente y predecible, señala Pivotes. Solo de esta manera se podrá garantizar un desarrollo económico y social sostenido, sin la traba constante de los procesos burocráticos que frenan las inversiones.

Puede leer más economía Pinchando aquí