Después de tener que lidiar con los masivos cortes de electricidad que azotaron al país, esta semana el gobierno volvió a sumergirse en el pantano de la política chica.
Dejando atrás el debate sobre concesiones, modelos de progreso y cómo enfrentar emergencias, se vio obligado a entrar en una polémica artificial y autogenerada que terminó por enredarlos en una interminable serie de discusiones sobre derechos humanos, feminismo y persecución política.
La destitución de una funcionaria, afín al gobierno, después de solo dos días en su cargo, abrió una Caja de Pandora que llevó a medio país a cuestionar si los argumentos del gobierno para justificar su despido eran suficientes.
Es un debate trivial en el sentido de que no es difícil simpatizar con la funcionaria desvinculada, ya que es evidente que hubo persecución política y que su despido fue injusto. Está claro que su remoción se debió a razones completamente ajenas a sus responsabilidades laborales.
Pero también es un debate útil, en tanto permite refrescarles la memoria a las personas de que bajo ciertas condiciones el gobierno está dispuesto a sacrificar hasta a los propios.
En su interpretación de lo que es (o debe ser) el progresismo, el feminismo y los derechos humanos, la desvinculación de Isabel Amor no es irregular. Es parte del curso natural de la política del gobierno.
Claro, puede ser debatido, ahora que queda a la vista del país lo que implica, pero haber removido a Amor luego de solo dos días, era la letra chica del programa de gobierno que no menciona el valor del esfuerzo individual y la meritocracia.
Y si ya no era obvio que el gobierno no está preocupado por contar con los mejores, sino por formar equipos justos desde la perspectiva y percepción pluralista, quizás ahora lo es.
Quizás lo único sorprendente de todo el episodio es la sorpresa de la funcionaria desvinculada, quien, habiendo contribuido a la construcción de gobierno desde el activismo político, participado en el movimiento feminista progresista, e incluso formado parte del Instituto de Derechos Humanos, parece no haber anticipado que ella podría haber sido la próxima víctima.
Conociendo mejor que nadie cómo funciona el reemplazo por utilidad en la política y lo que realmente significan “la confianza” y “la pérdida de confianza” en el contexto de una coalición política justiciera que opera en base a ambiciones y sentimientos, es sencillamente increíble.
¿Hay alguna duda de que, si no se produce un cambio político significativo, en el futuro este gobierno progresista, altamente politizado, junto con sus brazos ideológicos expresados a través del Ministerio de la Mujer y el INDH, volverán a hacer lo mismo?
Es parte de la faena.
En este caso el único error político del gobierno parece haber sido permitirle a la funcionaria llegar tan lejos en su proceso de contratación. Pero eso no necesariamente refleja un error de cálculo por parte de los estrategas, sino la irreverencia de quienes mandan, que, al final del día, les da igual la persona detrás del cargo.
En este caso, la mujer que decidieron despedir dos días después de pedirle cambiarse de ciudad para iniciar un nuevo trabajo no es más que una baja accidental.
La ministra Orellana es la gran responsable de este episodio. Y no solo de este, sino de tantos otros que también han terminado con mujeres desprotegidas o desamparadas. Pero, al final del día, no es culpa de ella, es culpa del sistema en que cree y que le permitió llegar al comité político del gobierno del Presidente Boric.
Orellana es solo una jugadora más en un sistema perverso que debutó con la llegada del Frente Amplio, y que seguirá existiendo mientras exista el márketing político.
El episodio demuestra no solo por qué el gobierno enfrenta tantas dificultades para conseguir avances concretos, sino también la verdadera naturaleza de una ideología que solo le permite a los más leales, unos pocos, obtener beneficios concretos.
Es parte de la revolución, un ciclo en el que la lealtad se convierte en la única moneda de cambio, y los que cuestionan o se desvían de la narrativa oficial son despedidos, cancelados, o ignorados.
Para el país, el costo de haber consentido será altísimo. Si nada más, el tiempo que el gobierno se ve obligado a pasar lijando rencillas internas demuestra por qué en Chile los problemas que importan no se resuelven.
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