La semana pasada el ministro de Energía Diego Pardow ingresó el proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, producto del descongelamiento de las tarifas. Es deseable que las ayudas a las familias más vulnerables se hagan a través de subsidios monetarios, pero su financiamiento no puede generar distorsiones injustificadas al mercado eléctrico y atentar contra la seguridad jurídica de un sector que necesita de más inversión. Quizás lo más grave de todo esto, es que la propuesta de Pardow rompe el sano principio de la no afectación tributaria, sentando un nefasto precedente de cara a otros sectores y al desarrollo futuro del país.
Vamos primero a los grandes números. El proyecto amplía la cobertura del subsidio vigente de la Ley PEC3, aumentando los actuales 1,6 millones a 4,7 millones de hogares, lo que tiene un costo total de US$1.240 millones (hasta el 2027). La (des)focalización del subsidio propuesto es una primera señal de alerta.
¿Se justifica subsidiar casi 5 millones de familias? Y, dada la universalidad del beneficio, ¿qué tan sostenible es su carácter temporal? Cualquier persona con una noción básica de economía política sabe que una vez que se instalan estos beneficios (casi) universales en la población, es muy difícil retirarlos.
Ahora, lo más preocupante del proyecto es el mecanismo de financiamiento del subsidio. Del total de US$1.240 millones, el gobierno propone financiar US$990 millones (un 80%) modificando tarifas y marcos regulatorios del sector, y solo US$330 millones a través de impuestos generales.
El primer cambio a las reglas del juego, que ya está vigentes desde la Ley PEC2 y se pretende mantener, es un cargo por servicio a los clientes, diferenciado por el nivel de consumo. La incidencia mayor de este sobrecargo recae en los 4.500 clientes libres del sistema (empresas), generando así un subsidio cruzado hacia los clientes regulados.
El segundo cambio es un aumento del 100% del impuesto a las emisiones de CO2, llevándolo a 10 US$/ton. Este tipo de impuestos -denominados pigouvianos en honor economista británico Arthur Pigou- tienen por finalidad corregir una externalidad negativa, por lo que generalmente las empresas tienen la opción de compensarlos con otras medidas que (por ejemplo, absorber emisiones de CO2). Pero en este caso, el gobierno lo está aplicando con fines recaudatorios, no permitiendo compensar. Vaya paradoja. Cuando la estrategia país es avanzar hacia la carbono-neutralidad, el gobierno tendrá el incentivo de mantener las centrales de generación más contaminantes abiertas para recibir mayores recursos.
El tercer cambio corresponde un cargo a los retiros de energía del sistema que recae íntegramente en los pequeños medios de generación distribuida (PMGD). Estos actores son generadoras de energías limpias y de menor tamaño (potencia máxima de 9MW). En simple, desde el 2004 existe una regulación especial para estos actores que les permite acogerse a un precio estabilizado que busca suavizar fluctuaciones de precios, moderando los altibajos. Esto ha permitido incrementar la competencia (hoy son más de 500), acceder a financiamiento (US$3.000 millones en inversión), generar energía más limpia y aumentar la estabilidad del sistema. Sin embargo, la propuesta del gobierno es un misil a la línea de flotación de estos proyectos, generando el símil de un royalty a sus ventas y, desconociendo así, la normativa actual que mantiene el precio estabilizado de cara al futuro (DS 88 / 2019).
Con estos cambios se afecta la certeza jurídica de un sector que se ha beneficiado de buenas políticas que han fomentado la entrada de nuevos actores, impulsado la transición energética y que han sido transversales a los gobiernos de turno. Pero lo más complejo, es el precedente que se genera de cara otros sectores económicos. El carácter “autocontenido” del proyecto, es decir, que el financiamiento para un beneficio de un sector debe provenir de este mismo, dará pie para que en el futuro sean otros los sectores intervenidos para financiar las crecientes demandas sociales.
Entonces, ¿cómo financiar un subsidio transitorio de estas características? Lo más eficiente y transparente es hacerlo con cargo al Presupuesto de la Nación, evaluando, por ejemplo, la reasignación de gasto público o eliminado exenciones tributarias injustificadas como la del diésel. Es de esperar que en la discusión parlamentaria se corrija el rumbo de este mal diseño de política pública. Para lograr esto, es necesario que el ministro encargado de la billetera fiscal salga de su silencio y tome el liderazgo en esta discusión.
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