Qué observar. De acuerdo al reportaje, “parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses”.
Declaración de Presidencia. Por la tarde, Presidencia emitió una declaración pública en que marcó al menos 2 puntos.
El caso en la agenda presidencial. Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato del FA-PC Gabriel Boric, quien aprovechó sus críticas a Piñera para arremeter entra de Sebastián Sichel y José Antonio Kast.
Presión desde la izquierda. Hasta la tarde, las críticas más duras provinieron desde el FA y la centroizquierda, como ocurrió con los presidentes del PS, Álvaro Elizalde, y del PPD, Natalia Piergentili. Ambos apuntaron a que Piñera debe una explicación, ya que el tercer pago del contrato celebrado con Délano suponía que el proyecto Dominga no fuera declarada una zona de protección ambiental y, por lo tanto, a su juicio, el Presidente no habría actuado en función del país sino de sus intereses personales.
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Un informe del Subsecretaría del Interior de fines de febrero analizó la expansión de los hechos de violencia en el sur desde 2011, es decir durante las 2 administraciones de Piñera y la segunda de Bachelet. El reporte mostró cómo 13 comunas del Biobío y La Araucanía concentraron los atentados en este período y cómo […]