-Hay una violencia al parecer sin control en La Araucanía. ¿Qué está pasando, qué responsabilidad tiene el gobierno?
-Convengamos que este es un tema de larga data, que ha acompañado a todos los gobiernos de la transición, algunos con mayor o menor éxito. Segundo, creo que coexisten dos fenómenos complejos desde el punto de la seguridad: uno es la reivindicación mapuche, que tiene que ver con una historia larguísima y que tiene mucha legitimidad en la sociedad chilena, un amplio respaldo.
Esto coexiste con expresiones violentas de esta reivindicación, pero también con expresiones delincuenciales que allí existen: robo de madera, narcotráfico, etc. La primera tarea de cualquier gobierno es tener la capacidad de poder dilucidad entre estos distintos componentes, porque claramente requieren tratamientos distintos.
-Durante la campaña, Boric prometió diálogo. ¿Por qué no ha resultado hasta ahora?
-A mí me parece que es un buen planteamiento el que hace el gobierno cuando dice que la solución debe ser integral. El problema es que esta estrategia requiere de un tiempo de maduración, de construcción, de diálogo con los actores involucrados, de etapas, con resultados parciales, etc. Y la violencia que aparece todos los días requiere decisiones urgentes. Entonces hay un tema de ritmos que no permiten combinar una estrategia a largo plazo con otra cotidiana.
-Pero hay herramientas legales que podría utilizar.
-El gobierno está inevitablemente condenado a tomar decisiones que no son consistentes con lo que se decía durante largos períodos, pero que hoy día la demanda ciudadana y los actores políticos es de tal envergadura, que me temo que es inevitable, que se traduce en el estado de excepción puro y simple.
-Es decir, ¿el presidente Boric debería promover el estado de excepción con todas su letras, sin atenuantes?
-El estado de emergencia es inevitable. Es demasiada la presión. Estoy de acuerdo con el gobierno de que no es la solución del problema, pero sin lugar a dudas ayuda a enfrentar de mejor manera la violencia cotidiana con la que uno amanece todos los días. Uno es prisionero de sus palabras, pero no queda otra alternativa que resignar aquello que dijiste y hacerse cargo de la realidad tal cual es. Y hay una demanda no solo allá, en La Araucanía, en el país, sino que al interior del propio gobierno, que sugiere tomar una decisión más contundente al respecto.
-¿Por qué crees que se ha resistido a tomar esta medida?
-Yo creo que hay un tema de eficacia: no está del todo comprobada la eficiencia de la medida. Segundo: hay un resguardo a las personas, incluidas las propias FFAA. Un desenlace complejo en La Araucanía que genere un enfrentamiento directo con varias muertes de civiles y uniformados, sin lugar a dudas es un problema para cualquier gobierno. Además, la opinión pública cambia en 48 horas: lo que hoy algunos aplauden, mañana lo podrían rechazar. Hay un tema de mínima prudencia.
En tercer lugar hay opiniones distintas al interior del gobierno. Algunos ven esto con mayores dudas, porque la historia no se olvida: las violaciones de los Derecho Humanos marcan a muchos. Y algunos ven, por el contrario, que es inevitable tomar decisiones de esta envergadura. Más que un tema ideológico, tiene varios factores; es un poco de todo esto.
-El gobierno prefiere hablar de crimen organizado en vez de terrorismo, ¿te parece correcto?
-Esa es una discusión bastante artificial, porque en gobiernos pasados tampoco se habló de terrorismo y se aplicó la ley antiterrorista; en otros gobiernos se habló de terrorismo y no se aplicó la ley antiterrorista. Tenemos ejemplos para todos lados.
-¿Por qué artificial?
-Porque ningún gobierno está en condiciones de renunciar a utilizar las atribuciones, prerrogativas y armas que le otorga el ordenamiento jurídico. Uno puede tener una severa crítica, yo tengo una crítica a la ley antiterrorista, desde el punto de vista que no cautela adecuadamente los derechos individuales. Pero, no obstante, es una herramienta que otorga el ordenamiento jurídico, junto a otras. Y el gobierno debiera usarlas todas.
-¿Fue un error no querellarse contra Llaitul?
-Fue un error. La explicación que se da, que es por razones estratégicas, es atendible. Sin embargo, no me parece correcto que una persona cometa un acto de la envergadura de incitar a la violencia públicamente, y no le pase nada. Genera controversias, no hay una respuesta única. Y es tarea del gobierno ponderar estas herramientas y aplicarlas.
-¿Cómo evalúas el papel de la ministra del Interior, como jefa de gabinete?
-Más que evaluar el comportamiento de una u otra personero este es un tema del gobierno, de su gabinete completo. La jefatura de gabinete tiene un rol que cumplir: que es ordenar a los ministros. Y se ha visto desorden.
Hay un segundo problema, también de orden, que es la existencia de dos coaliciones, que no tienen la misma opinión en muchos temas. Y aquí el gobierno no puede ser un árbitro permanente. Los gobiernos no son para arbitrar, son para gestionar y allí creo que hay un problema de gobierno en su conjunto, no solo de un personero.
-En La Araucanía han aumentado mucho las tomas de terrenos. Mientras tanto el gobierno plantea la restitución de tierras.
-Las cosas son así. Cuando anuncias el término de la CAE la gente deja de pagar. Lo mismo pasa acá. Por eso son cosas muy complejas de manejo muy fino. Tal vez eso ha faltado.
-El texto constitucional también plantea la restitución de tierras. ¿Cómo ves el borrador final?
-Yo tengo una impresión general positiva del borrador. La conducta de varios convencionales no ayudó a prestigiar el producto. Pero es un buen producto: con una mirada generosa, veo que los temores se fueron disipando y quedó algo bastante más razonable que la radicalidad original.
La posibilidad del apruebo han resurgido, sobre todo porque vamos a discutir del texto y no del comportamiento de tal o cual convencional. Eso le va a hacer muy bien: que la convención termine su tarea.
-¿La propuesta de dos tercios para modificarla la hace muy restrictiva?
-Estas cuestiones que han surgido a última hora me preocupan. Que los senadores duren 4 en vez de 8 no es tan importante. Pero sí me preocupa lo de los dos tercios: esta idea de algunos de instalar un cerrojo, el mismo cerrojo que intentó instalar Guzmán. Yo fui alumno en la UC y él era profesor ayudante en ese tiempo y recuerdo exactamente su idea del cerrojo. La constitución tenía que ser suficientemente fuerte como para impedir que fuese modificada.
Que hoy se esté usando el mismo argumento por parte de convencionales que hasta hace un tiempo atrás eran los detractores más furibundos del concepto de los dos tercios, me parece de una desconsideración y de una hipocresía notable.
Los cerrojos son antidemocráticos. Y lo peor es que rubricaría una imagen inadecuada de la Convención, el que culminase con una decisión tan antidemocrática como el cerrojo de los dos tercios.
Es evidente que a la constitución va a haber que hacerle mejorías, rectificaciones, y eso se puede hacer desde el apruebo, no desde el rechazo.
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