A medida que el gobierno de Gabriel Boric se acerca a su fin, una atmósfera de euforia y sonrisas triunfales se extiende entre ministros y aliados, que celebran logros en redes sociales y discursos de cierre, insistiendo en que dejan un Chile mejor.
El tema central de la narrativa no es solo instalar la idea de que avanzaron en políticas clave, sino que además consiguieron “normalizar” el país tras los coletazos que dejó el estallido social de 2019. Mientras la ministra Camila Vallejo afirma que su gobierno deja “un país normalizado” y “en crecimiento”, personeros cercanos como Noam Titelman recuerdan que “hay problemas, pero esto es cualquier cosa menos un país ‘cayendo a pedazos’”.
Pero ¿realmente las cosas están mejorando? Es cierto que existe cierto nivel de optimismo, pero, ¿se debe a la obra ejecutada por el gobierno de Boric, o es simplemente una expresión de que finalmente comienzan a quedar atrás los peores años que el país ha visto en democracia?
Los resultados de la prueba PAES 2025, presentados esta semana, ofrecen una oportunidad concreta para contrastar el nivel de avance que hoy se está celebrando. Sin embargo, a pesar de toda la cobertura de matinales y del énfasis presidencial en los alumnos con mayores puntajes nacionales, la verdad es que la brecha entre colegios privados y públicos se sigue profundizando.
Con solo un liceo público -el Augusto D’Halmar- en el top 100, el 99% de los colegios con el promedio de puntajes más altos en el país fueron particulares pagados. Un duro recordatorio de lo malo que resultó el modelo de educación impuesto por el Frente Amplio y el PC en el segundo gobierno de Bachelet, reforma cuyos efectos siguen expandiéndose y de la cual aún no se han visto las peores consecuencias.
La presentación de los resultados de la encuesta Casen 2024, también dada a conocer esta semana, como otro insumo para el balance oficial, muestra que la pobreza disminuyó de 20,5% a 17,3%. Pero una lectura más fina revela una foto significativamente más preocupante: si bien la trayectoria general sigue a la baja, como ha sido la tendencia desde los años ochenta, el comportamiento del decil más pobre sugiere que la reducción de la pobreza está fuertemente empujada por transferencias estatales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), y no por mejoras estructurales en crecimiento, empleo o productividad.
Pero hay un punto aún más incómodo: incluso bajo la nueva metodología presentada por el gobierno, los datos siguen sugiriendo que las principales responsables de la caída histórica de la pobreza en Chile fueron las políticas de mercado implementadas por la Concertación. La pregunta contrafactual es inevitable: de haber mantenido ese rumbo, y no haber saltado hacia la ruta propuesta por la izquierda actual, ¿cuánto más de los 3,2 puntos de reducción en pobreza se podría haber logrado sin haber perseguido una agenda política ideológicamente ambiciosa y económicamente costosa?
Más allá de los logros presentados por el gobierno esta semana, lo que ha terminado fijando la tónica de la narrativa autocomplaciente en el mediano plazo -y que parece proyectarse como el legado del Presidente Boric- son los indicadores económicos auspiciosos que comienzan a aparecer y que el Ejecutivo ya se está adjudicando como propios.
El problema, sin embargo, es que difícilmente alguno de ellos puede atribuirse directamente a la acción del Ejecutivo sin recurrir a algún tipo de gimnasia estadística o razonamiento forzado. De hecho, según el consenso técnico, el repunte del crecimiento está asociado a la demanda global, a su vez impulsada por la transición tecnológica y energética, y no al resultado de reformas internas sustantivas.
Algo similar ocurre con la inflación, que cerró 2025 en 3,5%. Una cifra razonable en términos técnicos, pero que responde mucho más al contexto internacional y al accionar de la política monetaria que a decisiones estructurales del gobierno. Y, sobre todo, es un dato que no puede leerse -y menos celebrarse- en el vacío.
La inflación de 2022, 2023 y 2024 fue extraordinariamente alta, golpeó con fuerza a los hogares, erosionó salarios, ahorros y expectativas, y se llevó por delante quién sabe cuántos proyectos de vida. Ese episodio no fue un accidente externo: tuvo su origen directo en malas políticas públicas impulsadas cuando el actual oficialismo era oposición, particularmente los retiros de fondos de pensiones.
Lo mismo va para el plano político y social, donde el Ejecutivo insiste en haber “normalizado” el país tras años de tensión. Pero fueron sus propios sectores los que empujaron dos procesos constitucionales: primero desde la calle y luego desde La Moneda, extendiendo la incertidumbre y profundizando la división en el país. Nuevamente, la pregunta es inevitable: ¿dónde estaría hoy Chile y qué se estaría celebrando si no hubiese triunfado la retórica rupturista del Frente Amplio y el PC en 2019?
En seguridad, el gobierno tampoco escatima en celebrar sus logros. Y si bien es cierto que los homicidios han disminuido, la comparación omite deliberadamente los niveles históricamente altos de violencia alcanzados en 2022 y 2023. Por lo mismo, la caída debe leerse con cautela y en contexto: es relativamente fácil mostrar descensos después de haber empujado los indicadores a un máximo histórico, especialmente cuando el punto de partida sigue siendo muy superior al que el país conocía antes.
Y si en migración los flujos parecen comenzar a regularse, también resulta difícil atribuir esa tendencia a la acción del gobierno. Todo indica que el cambio responde más bien a factores externos y políticos, como el deterioro definitivo del régimen venezolano y las señales e incentivos asociados al próximo gobierno de Kast, más que a una política migratoria consistente.
En definitiva, no hay evidencia de grandes logros, ni de que la “normalización” hubiese sido necesaria en ausencia de las decisiones adoptadas por el gobierno actual. Así, las celebraciones aparecen forzadas y políticamente motivadas, y resultan particularmente llamativas por su tono autocomplaciente, viniendo de un gobierno que logró instalarse en el poder precisamente por criticar todo lo que se había hecho antes de ellos.
La luz al final del túnel no proviene del balance que hoy se intenta instalar, sino del cambio de rumbo que se avecina. Las cosas comienzan a mejorar justo cuando el gobierno empieza a despedirse. No es este gobierno el que dejará al país mejor de lo que estaba; son los mercados y los inversionistas los que reaccionan positivamente ante la llegada del recambio, ajustando expectativas que llevaban años contenidas.
Por eso resulta, como mínimo, ridículo celebrar como un logro histórico que el país esté “normalizado” o que no se esté “cayendo a pedazos”. Que Chile no colapse, y que vuelva lentamente a parámetros básicos de funcionamiento institucional y macroeconómico, no es una hazaña, es el piso mínimo exigible a cualquier administración. Convertir la mera ausencia de desastre en motivo de orgullo dice más del daño previo que del éxito presente.
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