Entre las varias críticas al megaproyecto del gobierno, hay una que sugiere que, por ser un proyecto nacido unilateralmente, sería inválido, y que las reformas importantes, de esta magnitud, para prosperar, requieren un consenso político amplio antes de avanzar. La idea es que, sin respaldo transversal en la etapa primaria, los cambios serían frágiles, ilegítimos o simplemente condenados a no funcionar. Es una idea que, en principio, suena razonable y que tiene cierto atractivo intuitivo.
Lo que la evidencia sugiere, sin embargo, es que el factor que mejor predice si una reforma funciona no es cuántos partidos la respaldan sino si el diagnóstico que la sustenta es técnicamente sólido y ampliamente validado.
Las reformas educacional y tributaria de la era Bachelet se aprobaron con los votos de la coalición gobernante más sus aliados disponibles, sin respaldo opositor relevante. Y produjeron resultados decepcionantes. Las mediciones estandarizadas de aprendizaje han caído sostenidamente y la educación pública está hoy en una posición más vulnerable que antes de la reforma.
La reforma tributaria generó incertidumbre para la inversión que se prolongó por años sin producir el dinamismo fiscal esperado. La explicación no está en el tamaño de la coalición que las aprobó, sino en que el diagnóstico que las sustentaba era técnicamente disputado desde el principio.
Los únicos episodios de verdadera transversalidad en el período reciente confirman la misma lógica desde el otro lado. El proceso constituyente y el retiro de fondos de pensiones contaron con respaldo político amplio y cruzado, pero los dos ocurrieron bajo presión de crisis y no a partir de un diagnóstico técnico compartido sobre qué necesitaba el país. Mientras que el proceso constituyente trajo años de inestabilidad política antes de terminar en un rechazo categórico en las urnas, el retiro de fondos no solo deterioró las perspectivas del sistema de pensiones, sino que contribuyó a un ciclo inflacionario que golpeó con más fuerza a los sectores de menores ingresos.
El proyecto que hoy se debate en el Congreso tiene una característica que lo distingue no solo de los grandes proyectos de Bachelet que pasaron sin un diagnóstico transversal, sino también de los episodios más recientes que sí tuvieron mayorías importantes en su apoyo legislativo: el diagnóstico sobre el problema económico del país es ampliamente compartido más allá de las coaliciones. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido explícito sobre la insostenibilidad de la trayectoria fiscal.
El FMI y la OCDE han documentado que el crecimiento potencial de Chile es insuficiente y que los niveles de inversión no se han recuperado. Economistas que no militan en la derecha convergen en ese punto. Esa mirada de problema estructural de largo plazo no existía del mismo modo en ninguno de los ejemplos de grandes reformas anteriores. En su diagnóstico, al menos, el proyecto legislativo actual parte de una lectura del problema que atraviesa líneas ideológicas de manera genuina, y esa diferencia podría ser significativa en lo que se puede esperar como resultado.
Donde el alineamiento se rompe es en el mecanismo específico para corregir el problema. Por ejemplo, el efecto de la reducción de impuestos como palanca de crecimiento es disputado entre economistas. Hay argumentos fundados sobre si el multiplicador de largo plazo es suficientemente grande para compensar el costo fiscal inicial y sobre los plazos en que ese efecto podría materializarse. Esa discusión tiene incertidumbre empírica real en ambos lados y no es simplemente obstrucción disfrazada de argumento técnico.
Pero hay una diferencia importante entre disputar el mecanismo y disputar el diagnóstico. Cuando el desacuerdo es sobre el instrumento y no sobre la lectura del problema, encontrar puntos de encuentro es más fácil, no más difícil. Se puede discutir la gradualidad de una reducción, los umbrales condicionados a inversión efectiva, la aplicación diferenciada por sector o tamaño de empresa. Ninguna de esas conversaciones requiere un acuerdo filosófico. Requiere ajuste de parámetros entre actores que ya comparten el punto de partida.
Volviendo a la idea de consenso, enmarcar el proceso en términos amplios, transversales, de unidad nacional, como los críticos sugieren, podría tener consecuencias no solo contraintuitivas sino además contraproducentes. Un senador de centroizquierda puede votar por el proyecto de ley si el diagnóstico que lo sustenta es uno que él mismo reconoce como correcto. Puede argumentar que las circunstancias lo ameritaban, que la evidencia apuntaba en esa dirección, que abstenerse también tenía costos para el país. Pero ese mismo senador difícilmente podría endosar el proyecto públicamente sin pagar un costo electoral significativo con su base.
Por lo mismo, encuadrar el proyecto como una construcción colectiva desde el comienzo sería un error, en tanto incorporaría a actores cuyo respaldo simbólico encarece el costo político del apoyo legislativo que sí es alcanzable. Un senador puede votar con el diagnóstico, pero contra el mecanismo, hasta que ese mecanismo se ajusta en su favor.
Hay además una razón de fondo para que el gobierno no diluya la paternidad del paquete más allá de lo estrictamente necesario. Si las medidas funcionan, si la inversión responde en el mediano plazo, si el crecimiento se recupera antes del próximo ciclo electoral, y las tasas de desempleo bajan, el oficialismo puede presentar el resultado como propio con credibilidad. Un proyecto enmarcado como consenso nacional distribuye el riesgo político durante la tramitación, pero también diluye el mérito si hay éxito. Para un bloque que necesita mostrar capacidad de gobierno antes de la próxima elección presidencial, esa es una transacción que no conviene hacer.
Y hay una última idea relevante en el debate sobre el consenso, la paternidad del proyecto, y su suerte legislativa. La oposición que comparte el diagnóstico, pero vota en contra no está votando contra el problema; está votando contra la solución, sabiendo que el problema existe. Esa es una posición más difícil de sostener públicamente de lo que parece, y el gobierno lo puede enfatizar con claridad.
Lo que legitima la megareforma no es cuántos partidos la respaldan, sino que el problema que intenta resolver es reconocido como real incluso por quienes van a votar en contra. Si la reforma no pasa, la pregunta que quedará flotando no es por qué el gobierno no buscó más consenso. Es por qué la oposición prefirió la parálisis a una solución imperfecta a un problema que ella misma reconoce.
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